¡Madre Tierra clama en Crucitas!

  

 

Ambientalistas protestan en la frontera de Peñas Blancas. CORTESIA FUNDACION DEL RIO/EL CRONISTA DIGITAL

“El agua es la cosa más necesaria para la vida, pero es fácil corromperla, por ello necesita que la ley venga en su auxilio.

 La ley que yo propongo es: aquél que corrompe el agua ajena, agua de manantial, de lluvia o la desvíe de su cauce, además de la reparación del daño, tendrá que limpiar la fuente o depósito conforme a las reglas prescritas por los intérpretes, según las exigencias de los casos y las personas”.

Platón, las leyes, libro XVIII, 100 años a.c.

TATIANA ROTHSCHUH

La impredecible vida de 33 trabajadores mineros que desde el 5 de agosto pasado se encuentran soterrados en un yacimiento minero de San José, en Chile, Sur América, y sus circunstancias, como bien dirían nuestros abuelas es un mensaje de Dios para la voracidad del gran capital, cuyo hecho no se desmarca de la lucha mundial contra la explotación minera, que ya sea artesanal o a cielo abierto ha dejado huecos en los pulmones de los obreros y en los de nuestra Madre Tierra.

Mientras se espera que el desenlace de ese cruel episodio minero en Chile sea alentador para el futuro de sus familias y esa nación andina, movimientos sociales y ambientalistas de Costa Rica, libran una tenaz lucha por abortar el proyecto minero Crucitas, que en octubre de 1993 fue otorgado por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía, Minas y Telecomunicaciones, Minaet, de ese país, el cual se ubica en el Distrito de Cutris, Cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, a 4.5 kilómetros del nicaragüense río San Juan.

Ante el inminente daño a los recursos hídricos y el ecosistema, precisamente a la Cuenca 69 que comparten Nicaragua y Costa Rica y que es parte del Corredor Biológico San Juan-La Selva y del Corredor Biológico Mesoamericano, se ha forjado una alianza binacional.

CONCESIÓN POR DIEZ AÑOS

 

Antonio Ruiz, director ejecutivo de la organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río, refirió que la concesión de explotación para Crucitas fue otorgada por un período de 10 años, en 305.9 hectáreas, a Industrias Infinito S.A., que es subsidiaria de la transnacional canadiense Vanessa Ventures Ltd. ahora conocida como Infinito Gold S.A.

 Precisó que el proyecto minero pretende extraer material de regolita, piedra y roca dura del subsuelo en un área de 55 hectáreas, con una profundidad de aproximadamente 60 metros. Lo anterior significa 33 millones de metros cúbicos de material para obtener cerca de 800,000 onzas de oro.

Ruiz explicó que a partir de la concesión, lideres costarricenses no han cesado en su lucha porque el proyecto sea derogado, pero la situación se agravó cuando en octubre del 2008, el presidente de ese entonces, Oscar Arias, emitió una Declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto minero Crucitas, a través del Decreto Ejecutivo Nº 34801-MINAET, permitiéndole a la empresa Industrias Infinito, el desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección de quebradas y ríos donde se realizaría la tala de árboles que incluían especies en veda como el Almendro Amarillo (Dypteryx panamensis).

Según la Declaratoria Arias, el proyecto Crucitas traerá beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno central, entre los que señala una operación cercana a 11 años (incluye construcción, operación y cierre técnico); la inversión inicial para construir la Mina Crucitas anda por los 65 millones de dólares y se estima que se dará empleo directo a 253 personas e indirectamente a 1,265.

Precisa que el código de minería costarricense establece que las empresas mineras deberán pagar el 2% de su utilidad bruta a la comunidad; por lo que la municipalidad de San Carlos y la comunidad del área de influencia a Crucitas recibiría anualmente un aproximado de 1,441,000 dólares durante ocho años y el proyecto Crucitas pagará impuestos al gobierno central, para un total por la vida de la mina de un poco más de 70 millones de dólares.

Indica que para la construcción y desarrollo del Proyecto se requiere la poda de árboles de un poco más de 191 hectáreas de bosque y reconoce que dentro de las especies forestales de la zona, se presentan algunas vedadas.

Ante lo cual, lucha de líderes de Unión Norte por la Vida, UNO-VIDA, del Frente Norte de oposición a la minería de oro a cielo abierto, en Costa Rica y sus aliados en Nicaragua: Fundación del Río, el Centro Humboldt, los Hijos del Río, y el Proyecto Socioecológico Prosoco, se libra en diferentes campos desde que se otorgó la concesión.

El 16 de abril del pasado año, la Sala IV Constitucional tica dio luz verde al proyecto minero, negando un recurso de amparo solicitada por ecologistas, que alegó inconstitucionalidad del decreto Arias.

No obstante, en su lucha jurídica, los ambientalistas lograron que el Tribunal Contencioso Administrativo dictara medidas cautelares que obligan a Industrias Infinito a mantener paralizadas las operaciones mientras se resuelva el proceso judicial.

Precisamente en esta área fronteriza con Crucitas, sobre el río San Juan, líderes de Fundación del Río en un plantón contra la explotación minera a cielo abierto. CORTESIA FRENTE NORTE CR/ EL CRONISTA DIGITAL

PAPA CALIENTE EN MANOS DEL TRIBUNAL

Ante la constante presión y demanda de los ambientalistas, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, al asumir el poder el 8 de mayo de este año, declaró una moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro, pero no derogó el decreto Arias, por lo que se ha mantenido la lucha con protestas, caminatas, conciertos y pronunciamientos, entre otros. La mandataria ha mantenido su posición de dejar la papa caliente en manos del tribunal.

En el marco de esa lucha, una comisión integrada por expertos en la materia de la Universidad de Costa Rica, elaboró el Informe Especial: Minería Química a Cielo Abierto: El Caso de Las Crucitas.

De acuerdo a los analistas, Costa Rica no ha sido un país de tradición minera, como sí lo han sido Chile, Bolivia, México o Perú. Precisan que en ese país del Sur solo han operado tres minas de oro a cielo abierto donde los impactos ambientales que han provocado han sido profundos, incluso décadas después se sigue esperando la recuperación de estas zonas afectadas.

DEMANDA Y CONDENA INTERNACIONAL

El doctor Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, en su análisis sobre las implicaciones jurídicas internacionales de Crucitas, advierte una posible demanda ante un tribunal internacional de Nicaragua contra la nación vecina, de ejecutarse el proyecto.

A su juicio, “significaría una probable condena internacional, acompañada de una millonaria indemnización por daños ambientales al río San Juan. La coyuntura además se prestaría para que algunos magistrados de La Haya usen ese caso para mandar una señal inequívoca al mundo después de la decisión en el caso Argentina vs. Uruguay, (empresas de papel que contaminan el río de la Plata, aún pendiente de resolución)”.

El especialista alertó que también se sumarían “los pronósticos cada vez más agobiantes sobre el calentamiento global, la crisis mundial del agua, la vulnerabilidad de los bosques tropicales, la pérdida de la biodiversidad, aunada a la elección en diciembre pasado a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de un renombrado jurista sumamente identificado con la causa ambiental como el brasileño Antonio Cancado Trindade, son elementos que debería sopesar debidamente Costa Rica si decide exponerse de esta manera ante la comunidad internacional y al derecho que la rige”.

El catedrático señala que el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas “se sitúa en un punto fronterizo caracterizado por altas precipitaciones y en directa relación hidrográfica con la cuenca internacional del río San Juan. Estas características propias de la ubicación no han sido analizadas en los estudios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Setena, o de la misma empresa Infinito Gold, exponiendo así peligrosamente a Costa Rica como Estado a una demanda internacional. A escala nacional, el Senara nunca fue solicitado por ninguna instancia para realizar un estudio sobre aguas subterráneas en esa zona”.

El jurista refiere que según el Principio 2 de la Declaración de Río de 1992, los Estados tienen “la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que están fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.

El analista insiste en la proximidad geográfica de Crucitas con el San Juan, que es aún acentuada desde el punto de vista hidrológico, debido los altos índices de precipitaciones en esa precisa zona donde Nicaragua ejerce su “dominio y sumo imperio” de manera exclusiva.

Sobre el costo-beneficio/económico ambiental de la minería metálica, el geógrafo doctor Rafael Arce Mesén, concluye que “desde la perspectiva ambiental, el valor de la vida y, de una cualidad concomitante, la diversidad de la vida constituye dos variables ambientales y sociales de valor inestimable desde el punto de vista económico. Ese valor está por encima de toda calificación económica, aunque algunos intenten ponerle un precio”.

¿CUÁL ES EL APORTE DEL ORO A LA HUMANIDAD?

“No hay que llamarse a engaño, no existe ningún tipo de justificación moral o ética detrás de tan irracional tipo de actividad extractiva, como algunos pretenden justificar “en bien de la humanidad”, pues históricamente se ha demostrado que el uso del oro como bien suntuario o signo de poderío, rebasa con mucho el uso de éste para producción de bienes industriales de valor para la colectividad humana. Por lo tanto, no es sostenible el argumento de que hay que darle viabilidad ambiental a un tipo de minería tan destructiva bajo el pretexto de que sin oro no hay progreso”.

El oro se cotiza a 920 dólares la onza y de acuerdo a un estudio del Tribunal Latinoamericano del Agua, TLA, se usa el 80% para joyería, el 10.4% para industria y 8.4% para reservas mundiales. En países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, esa producción no representa un fuerte ingreso para la economía, pues ambas reciben menos del 5% del Producto Interno Bruto, y en Honduras sólo un 1.5%.

El análisis de los especialistas indica que en el proceso minero para la extracción del oro, se requiere el uso de sustancias tóxicas muy peligrosas y que son altamente contaminantes, como el cianuro. Este compuesto químico permite arrastrar los metales preciosos al lixiviarse por medio de la molienda. Otras sustancias químicas consumidas en la actividad minera son los combustibles, solventes y lubricantes.

Salvador Montenegro Guillén, CIRA-UNAN.

NICARAGUA NO DEBE OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL

En un simposio sobre minería a cielo abierto y sus efectos sobre los recursos hídricos de Centroamérica, realizado el 17 de julio del pasado año en Montelimar, y auspiciado por Global Water Parthership, GWP en Nicaragua, el Centro para la Investigación de Recursos Acuáticos, CIRA, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, a cargo del geólogo Salvador Montenegro, presentó el “Estudio de Impacto Ambiental que no se hizo” sobre el proyecto minero en la Cuenca del San Juan, elaborado por la especialista en el tema Thelma Salvatierra, y concluye que: “los factores ambientales afectados negativamente por las acciones del proyecto son la salud humana, la fauna, la flora, el suelo, la geología, geomorfología, la hidrología y el paisaje”.

Indica que de los 38 impactos identificados, solamente tres son positivos para el entorno social, donde la mayoría han sido valorados como de alta intensidad y extensos. Varios son irreversibles y muchos de ellos requieren largos plazos para su recuperación.

Señala que “la mayoría de los impactos al medio natural se valoran como severos y críticos”, por lo que “tomando en consideración las anteriores apreciaciones se concluye que el impacto global del proyecto es más negativo que positivo, lo que hace que el mismo sea clasificado como una inversión social y ambientalmente inviable, al cual No se permitirá el otorgamiento de la licencia ambiental para este proyecto y otros de igual magnitud”.

TLA POR LA OBLIGATORIEDAD MORAL AMBIENTAL

El Tribunal Latinoamericano del Agua, TLA, a través de su presidente Javier Bogantes, define como ética exigente “la obligatoriedad de una moral ambiental de la que depende la protección de la vida y el planeta”.

Alrededor de los problemas derivados del cianuro que utilizan las transnacionales, dice que “la mayoría son menos tóxicos que el CN libre, pero son tóxicos para la vida acuática en cantidades de entre 20 a 640 ?g/litro. Stanton y otros (1986) establecen que el cianuro oralmente digerido es fatal para los humanos en dosis que oscilen entre 50 y 200 miligramos, algo así como el tamaño de un grano de arroz”.

La Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, en un estudio sobre las Violaciones al derecho internacional y posibles impactos ambientales presentado en agosto del 2008, sostiene que los Tratados y Convenios internacionales, de los cuales Costa Rica es parte, exigen que no contamine el territorio de otros países.

Entre los que establecen la obligación del Estado de Costa Rica de controlar que las actividades bajo su jurisdicción no contaminen el territorio de otros, señala el Tratado Cañas-Jerez de 1858; la Convención sobre el Derecho de Usos No Navegables de Cursos de Agua Internacionales de 1997; el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de 1996; la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992 y la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972.

También el derecho consuetudinario internacional, que ha establecido la costumbre de no contaminar el territorio de otros países, es vinculante para Costa Rica.

 

Según Industrias Infinito, así se localiza geográficamente y se expandiría el proyecto Crucitas. T.ROTHSCHUH/EL CRONISTA DIGITAL

A SALVAGUARDAR LA DIVERSIDAD DEL PLANETA

La grita de los ambientalistas, movimientos sociales y el episcopado costarricense, ha desatado pronunciamientos de condenas entre organizaciones de Costa Rica y Nicaragua y en otros países latinoamericanos.

El Parlamento Europeo emitió en mayo pasado una resolución respecto a la prohibición general de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea.

En sus considerandos señala que en el 2010, Año Internacional de la Biodiversidad, las Naciones Unidas han invitado a todo el mundo a tomar medidas concretas para salvaguardar la biodiversidad del planeta…”el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería de oro, clasificado como uno de los principales contaminantes del agua” y con un potencial para “tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y en el medio ambiente y por ende en la biodiversidad biológica”.

Asimismo, la declaración recuerda que en Europa durante los últimos 25 años “se han registrado 30 accidentes importantes relacionados al vertido de cianuro”, incluyendo el vertido de más de 100,000 litros de agua contaminada con cianuro en el sistema fluvial Tisza-Danubio, considerado uno de los más graves desastres ambientales en Europa Central, y que no existe garantía real de que ese tipo de desastres no vuelva a ocurrir.

La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por su sigla en inglés) impuso este año nuevos límites a las prácticas de minería de extracción de cimas de montañas.

La EPA dijo que ya no permitirá que las compañías de carbón rellenen los valles vecinos con los escombros de picos montañosos destrozados.

Lisa Jackson, administradora de la EPA, citó pruebas que demuestran que los denominados “rellenos de valles” contaminan las corrientes de agua de las montañas.

Amanda Starbuck, de la organización Rainforest Action Network (Red de Acción por las Selvas Tropicales, en español), declaró: “La EPA confirmó lo que nos dice la ciencia, que la extracción de cimas de montañas perjudica los recursos acuáticos y la salud pública en formas reales y mensurables, y esa es la razón por la que estas nuevas pautas deberían aplicarse a los permisos que ya existen, no sólo a los nuevos”.

CHINCHILLA DEBE ANULAR CONCESIÒN

Edgardo Araya, abogado ambientalista tico, dice que no hay que ceder ante la lucha hasta que se anule el proyecto minero porque es nocivo para el medio ambiente y la vida humana. El líder denunció las triquiñuelas de la transnacional minera Infinito para que la Sala VI Constitucional fallara un recurso de amparo a su favor, precisamente al actuar como juez y parte para defender el estudio de viabilidad ambiental.

Elidier Vargas, voluntario de la Asociación de Ornitólogos Costarricenses, lamentó que la población conservacionista se haya visto obligada a protestar y manifestarse por “voluntad de gobernantes pasados, aunque se hable de los millones de dólares que generará la actividad minera, se pueden explotar otros cultivos agrícolas más productivos y amigables con la naturaleza que generaría buenos ingresos, se protegería la biodiversidad biológica y se promovería el potencial turístico”, apuntó.

El profesor Salvador Montenegro Guillén, director del CIRA-UNAN-Managua, consideró que la moratoria minera declarada por la presidenta costarricense “es insuficiente, debe anularse la concesión minera por lesiva al ambiente y daños a otro país. Nicaragua no puede negociar su futuro ni simplemente esperar acciones de buena voluntad del Gobierno tico, ya que éste está obligado a impedir el desarrollo de la mina Crucitas por los tratados que ha suscrito”.

El especialista en geología explicó que a solicitud del Marena, el CIRA mantiene un constante monitoreo de las aguas sobre el río San Juan, precisamente en el área posible de afectación del proyecto minero Crucitas, para contar con una línea base que describe las condiciones naturales que prevalecen en el lugar que luego podrían cambiar o ser modificadas en el futuro.

Refirió que “la evidencia posterior de sustancias que no fueron encontradas en la línea base, sirve para ayudar a establecer responsabilidades de tipo legal; por ejemplo, si durante el monitoreo que debe realizarse al menos una vez cada semestre en los próximos años se encuentran residuos de mercurio o cianuro, esto claramente constituirá evidencia de los indeseables efectos de la actividad minera local, ya que sería la única fuente de origen de tales desechos, si es que no aparecen tales sustancias en la línea base inicial”.

INFINITO DICE RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE

La concesión se mantenía en clandestinidad, pero fue a través de su publicación en La Gaceta costarricense del 30 de enero del 2002, que salió a luz, según Marco Tulio Araya, encargado de comunicación del Frente Norte de Oposición a la Minería en Costa Rica.

En comunicado publicado en Internet por el presidente de Venture, John Morgan, aseguró haber contratado a una compañía para que realizara los trabajos de exploración en la zona y la posterior explotación de la actividad minera en La Conchudita, creó un estado de alerta.

De acuerdo a la publicación, las concesiones de la exploración de La Conchudita son parte de 19,200 hectáreas otorgadas por el gobierno de Costa Rica a Vannessa, a través de Industrias Infinito, para la exploración y la explotación minera “a cielo abierto” en la porción norte-central de Costa Rica. La Conchudita se ubica exactamente en el borde del río San Juan, según se aprecia en un mapa de localización publicado en la página electrónica de la empresa Vannessa Venture.

Sobre el rechazo que ha generado en Costa Rica la concesión minera, Industrias Infinito, a través de su vocero José Andrés Soto, sostiene que “la protección del medio ambiente es una aspiración compartida por todos los costarricenses, quienes con justo derecho reclaman que cualquier empresa que opere en el territorio de Costa Rica lo haga con respeto a esa aspiración que la Constitución consagra como derecho”.

Señala que “por ello se justifica plenamente que en caso de duda razonable sobre el impacto ambiental de determinadas actividades, realicen todas las investigaciones necesarias para despejar esas dudas, impedir el desarrollo de dicha actividad si corresponde o imponerle controles adecuados para garantizar la protección del medio ambiente”.

Considera que “después de examinar los argumentos jurídicos y la evidencia científica que se le presentó, declaró sin lugar-en todo lo sustantivo-los 20 recursos de amparo interpuestos contra el proyecto Crucitas, lo que confirma su viabilidad técnica, legal y ambiental del proyecto”.

Asume que “en todo momento Industrias Infinito ha demostrado el más absoluto respeto al ordenamiento jurídico costarricense y las resoluciones de sus tribunales y confía en que las demás partes involucradas en este proceso muestren igual respeto por ese ordenamiento jurídico y por las resoluciones de nuestros tribunales”.

RESISTENCIA ANTIMINERA EN RÍO SAN JUAN

Según la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, en Río San Juan existen solicitudes de exploración y explotación de mina en un área de 386,570 hectáreas localizadas en Morrito, El Almendro, San Miguelito, San Carlos y El Castillo.

Desde lo que se considera en Nicaragua el boom de la minería en 1990, durante los gobiernos municipales liberales y sandinistas ha habido una férrea resistencia antiminera y los jefes de la comuna, junto a sus concejos municipales han emitido ordenanzas y pronunciamientos cerrando filas para no permitir la destrucción de los recursos hídricos y el ecosistema, dado que Río San Juan está apostando a ser un atractivo destino turístico.

De acuerdo a Antonio Ruiz, la minería no es amigable con la naturaleza y por lo tanto no encaja con el turismo que pretenden potenciar. Señaló entre sus atractivos la Reserva Biológica Indio-Maíz; el Monumento Histórico Fortaleza de la Inmaculada; Refugio de vida silvestre Río San Juan; Refugio de vida Silvestre Los Guatuzos y Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname, los cuales constituyen “La Biosfera del Sureste de Nicaragua”.

GOBIERNO HA HECHO FUERTES INVERSIONES

En ese sentido, reconoció que el gobierno del presidente Daniel Ortega realiza fuertes inversiones en infraestructura turística a través del proyecto Ruta del Agua que financia el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con 14 millones 720 dólares y recientemente anunció un plan integral de desarrollo fronterizo para integrar a la vida socioeconómica y cultural a las comunidades limítrofes con Costa Rica. La carretera Acoyapa-San Carlos- Las Tablillas, aeropuerto en San Juan de Nicaragua y San Carlos, puestos migratorios, muelles y el mejoramiento del agua potable, son parte de las obras que coadyuvarán al desarrollo de la zona.

En Nicaragua, al momento se explotan yacimientos mineros en León, Chinandega y La Libertad, Chontales. Los pueblos de San Isidro y San Ramón, en Matagalpa; Siuna, Rosita y Bonanza, conocidas como el Triángulo Minero en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, donde las transnacionales se llevaron el oro, hablan por sí solos de la pobreza y los daños ambientales irreparables.

¡El mundo se está muriendo, el hombre lo está matando! es el gemido que emite el cantautor costarricense Marco Rodríguez para despertar conciencias.

LO ASUMEN COMO “SOBERANÍA”

Sobre el proyecto minero Crucitas, Nicaragua a través de la Cancillería exigió a Costa Rica que se cumplan las normas internacionales aplicables a los cursos de aguas y el respeto a su soberanía en el río San Juan, ante lo cual el titular del Minaet, Roberto Dobles Mora, dijo en la asamblea legislativa costarricense el 24 de octubre del pasado año: “en Crucitas somos soberanos”.

En comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, emitido el pasado 5 de junio de 2008, precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente, consideró “improcedente” la solicitud nicaragüense.

En el marco de esa lucha binacional, generó sorpresa entre los ambientalistas que calificaron como “un espaldarazo a la minería”, el hecho de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inaugurara en mayo pasado en su tierra natal, la remodelación de la mina La Libertad, ahora propiedad de la empresa canadiense B2Gold Corp., anunciando una inversión de 70 millones de dólares.

Ortega se hizo acompañar del cardenal Miguel Obando y Bravo, también originario de La Libertad, donde la explotación minera a cielo abierto dejó la ciudad casi convertida en un desierto y con evidentes daños a los recursos hídricos y a la actividad agropecuaria. El religioso esta vez bendijo el proyecto minero, pero tiempo atrás, cuando iniciaron operaciones, se resistía para lamentar más tarde no poder recorrer los bosques en la mula que era el medio en que se transportaba en su juventud.

La acción del mandatario nicaragüense desató una cadena de comentarios negativos en espacios de Internet, precisamente porque el 13 de octubre del 2009, dijo en San Carlos que las reservas naturales y su potencial valen más que cualquier mina de oro e instó a protegerlas y conservarlas.

Quien en todo momento se ha pronunciado es la ministra del Ambiente y Recursos Naturales, Juanita Argeñal, quien expresó que “al entrar en operaciones el impacto ambiental para Nicaragua sería grande, debido a la sedimentación, pues todas las aguas servidas irían a caer a la cuenca del río San Juan”.

 A su juicio, no pueden operar porque no cuentan con el permiso ambiental de Nicaragua, y advirtió que incurrirían en un delito ambiental.

Según estudios técnicos hechos por el Marena al entrar este proyecto en operaciones resultarían afectados alrededor de 32 municipios del país ubicados en la ribera del Lago de Nicaragua y el Río San Juan, dichas afectaciones consisten en una fuerte sedimentación, afectación de la calidad del agua y del ecosistema fluvial por contaminación de residuos químicos como el cianuro y otras sustancias usadas en el proceso productivo, daños severos a la biodiversidad de las especies, afectación a la calidad paisajística y perjuicios graves al potencial turístico.

 

Juanita Argeñal, ministra del Marena en Nicaragua.

 

 La Cuenca del Río San Juan.

 La Cuenca 69 abarca el Sureste de Nicaragua y el Noreste de Costa Rica. Y comprende un área total de 38,500 km2, constituyendo la red hidrográfica más grande de Centroamérica. A Nicaragua le corresponde un área de 24,500 Km2 (64%) y a Costa Rica representa 14,000 Km2 (36%).

Cuenta con una belleza escénica de gran potencial turístico, debido a que alberga una amplia gama de biodiversidad de ecosistemas marinos, riberanos, lacustre, humedales, manglares, bosques tropicales secos y lluviosos, lagunas costeras y playas arenosas.

Cabe destacar que la única salida del Lago Cocibolca es el río San Juan, el cual tiene una longitud de aproximadamente 205 km.

Debido a su ubicación en el corredor biológico natural a lo largo de Centroamérica, se ha convertido en el vínculo entre especies de las regiones Neoártica de Norteamérica y Neotrópica de Suramérica.

Para preservar esta biodiversidad única se han identificado 51 áreas protegidas, conformando el Corredor Biológico Mesoamericano: 33 en Costa Rica y 18 en Nicaragua. Entre las áreas protegidas que figuran están: el Refugio fronterizo Caño Negro/ Los Guatusos considerado sitio RAMSAR, la Reserva Biológica Indio Maíz, el Refugio de Vida Silvestre de Río San Juan en Nicaragua y el Parque Nacional Tortuguero, en el Atlántico costarricense