Privatización de semillas usurpa derechos campesinos
Adital
Campesinos y pequeños agricultores de América Latina y el Caribe han sufrido constantes ataques por parte de empresas del agronegocio. Según un reciente análisis realizado por la organización internacional Grain, las empresas del ramo vienen intentando privatizar semillas sacándoles a los productores tradicionales el derecho de guardar, usar, comercializar y plantar sus propios granos.
A pesar de ser blancos de leyes y políticas que benefician al sector privado, los campesinos también han protagonizado las mayores resistencias contra los monopolios en la región.
De acuerdo con el análisis, todas las leyes de semillas apuntan a la represión contra los agricultores, ya que acostumbran prohibir el uso, la venta y el intercambio de determinadas semillas en nombre de la “regulación comercial y de la protección de los productores agrícolas”.
La organización destaca que los ataques contra los campesinos se basan, actualmente, en las leyes Upov – Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza), que establece una serie de decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, reglas tributarias, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas, entre otras determinaciones, con el objetivo de fomentar un sistema para la “protección” de las variedades vegetales.
Según Grain, es el Convenio Upov 91 el responsable de intentar imponer en todo el planeta su modo de “protección” que niega el derecho de los agricultores a guardar sus semillas para plantación. La organización alerta que tal privatización afecta negativamente la investigación y el intercambio de conocimientos.
Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay integran la Upov. De éstos, sólo Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú aplican el Upov 91.
Grain considera un “absurdo” la privatización de variedades “descubiertas”, ya que toda la variedad vegetal es obra humana y afirma que las nuevas leyes permiten que las empresas o centros de investigación se apropien del trabajo ajeno como en el caso de las semillas campesinas.
“El robo es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda la variedad ‘similar’, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Las leyes Upov buscan imponer un robo con retroactividad”, dice. Ésta, inclusive, fue una de las cuestiones que eclosionó en el Paro Agrario ocurrido recientemente en Colombia.
La organización en defensa de los campesinos dijo también que las sanciones contra aquellos que no obedecen a las determinaciones de la Upov crecen cada vez más, permitiendo la confiscación de semillas consideradas “ilegales”, cultivos, plantaciones, cosechas y productos provenientes de tales semillas.
Pero, alertó que los intentos de privatización van más allá de la Upov, encontrándose también en leyes de comercialización en México y Colombia. Brasil también está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y, en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobrar dádivas, denuncia la Grain.