Buscan salvar honor de ONG valencianas
El exconseller Rafael Blasco, condenado a ocho años de prisión.
* Acercar el agua potable a cerca de 180 personas de Nicaragua y ayudar a unas 40 familias (unas 203 personas) a mejorar el reparto de los cultivos, eran los supuestos objetivos de las subvenciones concedidas por la Generalitat en 2008 a la Fundación CYES para Nicaragua y que fueron utilizadas para la compra de pisos en Valencia por valor de casi un millón de euros.
Salvar el honor de las ONG, es lo que buscan miembros de esos grupos en Valencia que apoyan se investigue a fondo todo lo ocurrido en un affaire, que entre otras cosas, impidió que llegaran a Nicaragua más de un millón de euros destinados a obras de solidaridad.
“Nuestro miedo era también que se estuviese confundiendo este caso de corrupción con la realidad de la cooperación valenciana”, confiesa Carles Xavier López, presidente de la Coordinadora de ONGD Valenciana.
Después de que la Fiscalía solicitase la ratificación de la condena al exconseller, Rafael Blasco, por malversación de fondos destinados a la lucha contra la pobreza, la agrupación ha destacado la gravedad del caso: “Hay que llegar hasta el final para dejar clara la dignidad de la gente que trabaja en el desarrollo”.
Acercar el agua potable a cerca de 180 personas de Nicaragua y ayudar a unas 40 familias (unas 203 personas) a mejorar el reparto de los cultivos, eran los supuestos objetivos de las subvenciones concedidas por la Generalitat en 2008 a la Fundación CYES para Nicaragua y que fueron utilizadas para la compra de pisos en Valencia por valor de casi un millón de euros. Estos hechos se están juzgando en una de las tres piezas que componen el Caso Blasco, la única de las tres que ya cuenta con una sentencia.
“Cualquier caso de corrupción es alarmante. Pero utilizar el dinero de la lucha contra a pobreza en un país como Nicaragua para el enriquecimiento personal por una trama realizada desde el Gobierno valenciano es de lo más sangrante. A nivel ético es repugnante, es de una gravedad incuestionable”, afirma López, tras la vista del Tribunal Supremo donde la Fiscalía ha solicitado la ratificación de la pena de ocho años de cárcel al exconseller valenciano de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Desde el estallido del escándalo, han depositado buena parte de sus fuerzas en que “la ciudadanía conociese que todo esto es ajeno a nuestro mundo. Es una trama de malversación de fondos que nada tiene que ver con las ONG, sino con la corrupción del Gobierno valenciano”. En este sentido, reconoce el temor hacia la desconfianza que este caso podría generar en la sociedad.
“En un contexto de un recorte del 95% de la política de cooperación valenciana, y del claro incumplimiento de la cooperación de la Comunidad —mientras obliga a destinar el 0,7% de sus presupuestos a ayuda al desarrollo, no supera el 0,018%—, el Caso Blasco podría provocar confusión en la sociedad. La primera sentencia demuestra que es un caso que implica a un conseller vasco, a su cúpula directiva, a un empresario y a organizaciones que no tenía que ver con el mundo de la cooperación”, afirma el presidente de la agrupación de ONG valencianas.
La Coordinadora de ONGD valenciana está personada en la causa desde octubre de 2012. Necesitaban estar presentas, apuntan, para dejar clara su posición de repudia hacia este “insulto” hacia la política de desarrollo valenciana. Con este fin, pusieron en marcha un proceso de recaudación de fondos colectivo para hacer frente a los gastos judiciales. “Hemos tenido un apoyo ciudadano muy digno”, apunta Carles Xavier López.
Su personación tenía objetivos múltiples: “Aportar nuestra especialización en cooperación para que se haga justicia sin impunidad, rehabilitar la dignidad de la Cooperación al desarrollo y el trabajo de organizaciones que llevamos trabajando durante años por la justicia y la solidaridad”, describen a través de un comunicado.
Otra de sus metas primordiales era la “restitución de los fondos defraudados” para la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo. Para ello están inmersos en la campaña Caso Blasco para exigir que el dinero desviado retorne adonde debería haber llegado. El Gobierno valenciano, indica la Coordinadora, todavía no se ha comprometido a compensarlo.