CIJ pone plazos a Colombia y Nicaragua en asunto de plataforma continental
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) emitió el miércoles una comunicación en la que notifica a los gobiernos de Nicaragua y Colombia que tienen un año, entre el 28 de septiembre del 2016 y el mismo día del 2017, para presentar sus memorias sobre el diferendo limítrofe con el que Managua busca ampliar su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, a lo que opone Bogotá.
Este es un paso procedimental para la decisión que este tribunal internacional quiere tomar de fondo sobre el tema, ya que el pasado 17 de marzo se declaró competente para conocer del caso a pesar de la oposición que Colombia puso al respecto.
Esas memorias consisten en los argumentos jurídicos, políticos y económicos, sin desconocer otros aspectos, que los gobiernos en disputa consideran como necesarios para determinar el sentido del fallo final. No obstante, esa fase final del proceso aún se puede tardar varios años.
Nicaragua intenta ampliar su lecho marino en más de 200 millas náuticas, lo que se traduce en que su jurisdicción limítrofe podría llegar, si La Haya falla a su favor, hasta aguas que hoy hacen parte de la soberanía colombiana y que están cercanas a las aguas de Cartagena.
Sin embargo, esta nueva citación de la CIJ no pasaría de ser un formalismo, ya que desde el mismo día que esa instancia se declaró competente para pronunciarse de fondo sobre esta disputa limítrofe, la Casa de Nariño advirtió que no compartía la decisión y que no acudiría más ante ese tribunal.
Las razones dadas por el presidente Juan Manuel Santos se basaban, entre otros argumentos, que Colombia renunció al Pacto de Bogotá (lo que le da competencia jurídica a la CIJ sobre los Estados) desde el fallo adverso del 19 de noviembre del 2012 cuando gran parte de las aguas del mar Caribe fueron devueltas a Nicaragua.
“Colombia no seguirá compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia en este asunto. Los colombianos pueden estar seguros, muy seguros, de que todos unidos vamos a seguir defendiendo hasta el último centímetro de nuestro territorio”, afirmó Santos en su momento.
Por su parte, el Gobierno respondió a la CIJ diciendo que la decisión de no comparecer “no implica renunciar a hacer uso del derecho de defensa en el mencionado proceso, tal y como lo prevé el artículo 53 del Estatuto de la Corte”.