El fármaco ‘maldito’ vuelve a estar a la venta
José Pichel | elconfidencial.com
La historia de los avances médicos tiene un gran borrón en el caso de la talidomida. Este fármaco se comercializó como sedante en los años cincuenta y no tardó en tener un amplio uso entre las embarazadas de gran parte del mundo, ya que reducía las náuseas y los vómitos. La tragedia llegó cuando empezaron a nacer niños con malformaciones muy graves en brazos y piernas. El diagnóstico era de focomelia, un síndrome que se caracteriza por la ausencia de huesos y músculos, aunque también se descubrieron problemas de oído, vista y cardiopatías. En 1961 se demostró que el medicamento estaba relacionado con los miles de casos registrados, pero en España siguió administrándose un par de años más.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) todavía lucha por el reconocimiento de los afectados. Por eso, no deja de ser llamativo que, justo 60 años más tarde de su prohibición, el fármaco de la compañía alemana Grünenthal vuelva a comercializarse en nuestro país. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) establece que a partir del 2 de febrero la talidomida volverá a estar disponible para un uso muy concreto: pacientes con mieloma múltiple, evitando el tratamiento en población en edad fértil. ¿Cuál es la explicación científica para este llamativo regreso?
En realidad, “la talidomida nunca se ha ido”, aclara Garbiñe Lizeaga, portavoz de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), en declaraciones a Teknautas. Aunque hasta ahora no se ha comercializado de la forma habitual, ya era “un fármaco a medio camino entre la investigación y el uso rutinario”. A pesar de estar condenado al ostracismo, los estudios científicos no se detuvieron y en los años noventa se descubrió un potencial terapéutico para el mieloma múltiple. Tras lograr buenos resultados en ensayos clínicos, en 2001 la Comisión Europea lo designó como “medicamento huérfano” para este tipo de cáncer. Esa denominación se aplica a los remedios que benefician a muy pocos pacientes con enfermedades graves y que no despiertan el interés de las empresas por su escasa rentabilidad.
Por eso, en Europa “se habilitaron sistemas de acceso controlados” y los últimos 20 años ya ha estado disponible para los hospitales a través de “un estricto protocolo de gestión de riesgos, formación específica de los profesionales y consentimiento informado de los pacientes”, explica la experta. Los médicos solicitaban este tratamiento dentro de la normativa prevista para casos especiales y se autorizaba su uso de forma individual tras estudiar cada caso. Probablemente, su negro pasado ha impedido que se diera antes este paso, pero a partir de la semana que viene “ya no se importará como medicamento en investigación, sino que se comercializará oficialmente”, como un tratamiento más, con todas las garantías de eficacia, seguridad y calidad.
¿Cómo garantizar la seguridad?
La Aemps especifica que la talidomida se va a administrar a pacientes con mieloma múltiple que no han recibido un tratamiento anterior y en combinación con otros dos fármacos: prednisona y melfalán. Este tumor afecta sobre todo a personas mayores y se caracteriza porque las células del plasma se multiplican sin control en la médula ósea y forman tumores en los huesos. Por eso, lo normal es que las personas afectadas tengan más de 65 años y, en principio, la talidomida solo estaría indicada para este grupo de edad. Sin embargo, no se descarta que también se administre a otros pacientes, más jóvenes, “no aptos para recibir quimioterapia a altas dosis”.
Entonces, ¿cómo garantizar que el fármaco no volverá a afectar a embarazos? Para evitar cualquier exposición de un feto al principio activo, las autoridades sanitarias van a utilizar dos herramientas: el Plan de Prevención de Embarazos (PPE) y el Sistema de Acceso Controlado. Así, las mujeres que estén en edad fértil solo accederán a esta terapia si se comprometen a utilizar medidas anticonceptivas eficaces y se realizan pruebas de embarazo antes de someterse al tratamiento, cada cuatro semanas durante el mismo y cuatro semanas después de finalizarlo. En el caso de los varones, también se les informará de que, mientras dure la administración de talidomida, es necesario que tomen medidas si mantienen relaciones sexuales con mujeres que tengan posibilidad de quedarse embarazadas, ya que el medicamento puede excretarse a través del semen.
“El sistema de prevención de riesgos de embarazo es obligatorio, el paciente debe tener un conocimiento exhaustivo y debe comprometerse a poner los medios contraceptivos necesarios”, explica la portavoz de la SEFH. En su opinión, el sistema no deja resquicios como para que existan posibilidades de que se repita algún caso de malformación en fetos. Los pacientes seguirán siendo casos muy controlados y en su inmensa mayoría, población mayor. Además, el hecho de que reciban otros tratamientos implica advertencias similares. Por otra parte, para los médicos y los servicios de farmacia hospitalaria los cambios van a ser mínimos con respecto a lo que venían haciendo hasta ahora.
La explicación molecular
Curiosamente, antes de su indicación para el mieloma múltiple, otro uso terapéutico hizo que Grünenthal mantuviese su producción en una única fábrica en Suiza: “Si seguía disponible en el mercado incluso después de las alertas, era porque su nicho principal era el tratamiento de la lepra”, comenta Garbiñe Lizeaga. Esa utilidad fue especialmente explotada en países de Latinoamérica, que tardaron más en controlar esta enfermedad. ¿Cómo es posible que un mismo medicamento haya estado indicado para usos tan dispares como esa patología infecciosa, un cáncer o las molestias propias de un embarazo?
Lo cierto es que entender los mecanismos que provocaron las malformaciones no ha sido una tarea sencilla para los científicos. María Josefa García Barrado, profesora de Farmacología de la Universidad de Salamanca, explica que la talidomida se une a proteína denominada cereblon (CRBN) y esto “inhibe la expresión de un factor de transcripción que es esencial para el desarrollo de las extremidades”. En el fondo, la acción del fármaco es similar para lo bueno y para lo malo: en un caso, daña el desarrollo del feto; en otro, interfiere el desarrollo del tumor. “Es la cara A y la cara B de los medicamentos”, comenta la experta.
“La misma razón por la que es tóxico y hay que controlar su utilización explica por qué puede funcionar contra algunos tumores”, coincide Garbiñe Lizeaga. El proceso tiene que ver con la angiogénesis, es decir, la generación de vasos sanguíneos, que se ve frenada por la talidomida, lo que puede ser muy beneficioso frente al cáncer y muy perjudicial en otros contextos. De hecho, el avance de la investigación ha permitido el desarrollo de moléculas que son análogas (lenalidomida y pomalidomida), ya registradas y comercializadas y, por lo tanto, seguras.
El hito que revolucionó la farmacología
“El problema con este fármaco fue que no se hicieron ensayos previos”, asegura García Barrado. Aunque se habían realizado experimentos en animales, en algunas especies la talidomida no tiene efecto teratogénico, es decir, no produce malformaciones en el feto. Al no detectarse ningún problema, se comercializó saltándose un paso que hoy en día es imprescindible: las pruebas en personas, con sus distintas fases para garantizar seguridad y eficacia. Precisamente, “el gran escándalo que produjo fue el desencadenante de que surgiera una nueva especialidad, la farmacología clínica”, los ensayos clínicos que hoy en día conocemos.
“Aquello cambió el sistema de registro de medicamentos”, afirma la especialista de la SEFH. Además de afectar a las pruebas necesarias para valorar la actividad toxicológica de los medicamentos, incluso cuando demuestran ser seguros y son aprobados, “hay un periodo de seguimiento estrecho y una obligación de notificar cualquier reacción adversa”, especialmente en el caso de embarazos. La tragedia de las malformaciones hizo que la llamada farmacovigilancia sea lo que es hoy en día, un proceso que monitoriza los efectos en los pacientes.
Sin embargo, esa lectura positiva también tiene su “cara B”, pendiente de resolver en España. “Hemos tardado muchísimo en reconocer a los afectados y todavía no han recibido su compensación, es una espina que aún tenemos clavada y deberíamos solucionar”, argumenta la experta de la Universidad de Salamanca. Aunque en 2010 se reconoció a los afectados y llegó a establecerse un procedimiento de concesión de ayudas, en 2015 el Tribunal Supremo argumentó que el caso había prescrito. Las víctimas, que podrían llegar a 3.000 en este país, han seguido peleando en los tribunales.