Nicaragua entre más interesados en seguridad ciudadana
Cerca de dos tercios de las políticas de seguridad ciudadana adoptadas en América Latina desde 1990 se han concentrado en siete países: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, informó este jueves la ONG Instituto Igarapé con base en datos oficiales.
Esta es la principal conclusión extraída de una nueva plataforma virtual e interactiva, que recopiló cerca de 1.300 políticas de seguridad puestas en marcha en 40 países de América Latina y el Caribe desde 1990, que fue presentada en Río de Janeiro.
Esta plataforma, llamada Mapa de la Seguridad Ciudadana, es una base de datos realizada por el Instituto Igarapé brasileño en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONG InSight Crime, que presenta, de forma visual y gráfica, en qué países y en qué áreas específicas se está invirtiendo en seguridad y dónde hay “lagunas”.
“No es una sorpresa que las intervenciones de seguridad se concentren en los países grandes, ni en Centroamérica, donde hay una enorme inversión en seguridad. En cambio no hay ninguna en Argentina, Paraguay o Bolivia, y en Perú son muy limitadas”, dijo a Efe el director de investigación del Instituto Igarapé, Robert Muggah.
El Mapa (disponible en la web http://igarape.data4.mx), que se presenta como una herramienta para ayudar a académicos, responsables de seguridad y políticos, permite ver aspectos como el costo, que en su mayoría no supera los 2 millones de dólares por proyecto, la fuente de financiación y su aplicación.
En un plazo de dos a tres meses, la web incluirá un “semáforo” que, con un código de colores, facilitará la tarea de evaluar qué políticas de seguridad han funcionado y cuáles no.
Sin embargo, sólo cerca del 7 % de las políticas de seguridad en la región está acompañada de programas de evaluación con datos científicos “robustos” que permitan verificar el éxito o fracaso de las mismas, según el responsable del proyecto.
“La recopilación de buenos datos es un fenómeno bastante nuevo y no está diseminado en América Latina, aunque está mejorando en los últimos años en ciudades como Cali y Medellín (Colombia) o en las UPP (Unidades de Policía Pacificadora) de Río de Janeiro”, según comentó Muggah.
La falta de datos de evaluación de las políticas de seguridad es especialmente grave en algunos países que están entre los más violentos de América Latina, entre los que citó Honduras, El Salvador o México.
Entre otras estadísticas generales extraídas de la base de datos, se puede verificar que el 47 % de las políticas de seguridad aplicadas en América Latina es de ámbito nacional, el 32 % municipal y el restante, regionales.
Cerca de la mitad de las intervenciones de seguridad en la región estaba relacionada al combate de crímenes comunes y a proyectos relacionados con la criminalidad juvenil.