Nuevas esperanzas para identificar restos de migrantes

* Convenio de colaboración entre PGR de México, Equipo Argentino de Antropología Forense y un grupo de 10 organizaciones de la sociedad civil

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) de México entregó recientemente los primeros resultados forenses a Honduras de 8 nacionales que se encontraban entre los 49 migrantes asesinados en Cadereyta Nuevo León, en mayo de 2012.

Esta acción abre nuevas esperanzas y es fruto tras la firma del Convenio de Colaboración en agosto de 2013 entre la PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y un grupo de 10 organizaciones de la sociedad civil para la identificación de restos de migrantes de Centro y Sudamérica muertos en masacres notorios.

La entrega de los resultados de los dictámenes periciales a los familiares de las víctimas se hizo con la colaboración de autoridades consulares de México y Honduras, personal de la PGR, del Equipo Argentino, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso.

El Convenio de Colaboración fue firmado el 22 de agosto de 2013 por el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide); el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro); la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; La Casa del Migrante de Saltillo; El Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Voces Mesoamericanas; Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala; la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH).

“Fue muy emotivo, un gran paso pues vinieron señoras de Centroamérica y México. Ellas hablaron junto con el Procurador de Derechos Humanos, Jesús Murillo. Han manifestado que es un primer paso, pero que falta mucho más. Es conciencia de asumir participación”, destacó Ximena Gallegos, Coordinadora de Incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho”.

Este convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación, crea una comisión forense integrada por expertos forenses adscritos a la PGR e independientes que serán designados por el EAAF.

“La PGR y el Equipo Argentino se encargan de la parte científica, las organizaciones civiles aportan la información de los casos y los comités de familiares propician un enlace con las familias cuando se requiera evacuar dudas y luego se elevan a la comisión forense”, agregó Gallegos.

En el marco de dicho Convenio también se harán también los exámenes forenses de los 72 cuerpos localizados el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y de un mínimo de 193 cuerpos ubicados entre abril y mayo de 2011 en fosas clandestinas de la misma comunidad.

Dicho convenio contempla el análisis comparativo de los restos con información forense contenida en Bancos de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador, Honduras y Chiapas de los cuales el Equipo Argentino es parte, así como COFAMIDE El Salvador, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras y Voces Mesoamericanas en Chiapas. Asimismo, con información forense que se tiene o se recabe de familias en México y en Guatemala.

A pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida.

La EAAF ha logrado formar bancos de datos forenses de personas migrantes no localizadas o desaparecidas, junto con comités de familiares, organizaciones gubernamentales e instituciones de gobierno en Centroamérica y Chiapas.

Ha logrado documentar 501 casos en cuatro bancos forenses con 1.401 donantes y se han identificado poco más de 40 personas, según señala un comunicado de las organizaciones civiles firmantes.

“Como no hay comunicación fluida entre gobiernos, hay mucha gente enterrada en panteones y no se tiene un registro de su identidad. Hay muchos familiares buscando restos pero no hay una forma de que se conecten. Nos interesa articular mejor la información, que está pasando en Centroamérica y relacionarlo con las violaciones de derechos de las personas migrantes en México,” agregó Gallegos.

¿Cómo nació el Convenio?

Hace varios años, las madres de personas de Centroamérica desaparecidas en México empezaron a marchar en sus países y en México en búsqueda de sus familiares. En sus marchas, madres de El Salvador, Guatemala y Honduras se conocieron y se relacionaron con organizaciones en México. El nacimiento de la red está inspirado por las conexiones entre las víctimas y familiares desaparecidos de Centroamérica que inició con las marchas que hacen las madres desde hace varios años.

“Empiezan por Chiapas, recorren la ruta migratoria, pasan con la fotografía de su hijo en la mano y preguntando si lo han visto. Han tenido casos de éxito, 3 o 4 por cada vez que vienen. Pero hasta ahí llegaban. Sin embargo, es muy importante que esos casos sean del conocimiento del Estado Mexicano. Y las madres de estos comités no tenían forma de decirle al gobierno mexicano, hay desconocimiento de las leyes y exigirle al gobierno mexicano la búsqueda de sus familiares,”, comentó Rafael Heredia, abogado litigante de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho.

Esta iniciativa de la conformación de la comisión forense forma parte de los proyectos impulsados por la Red de Acceso a la Verdad y Justicia que acompaña a comités de familiares de migrantes desaparecidos los cuales se han venido conformando desde principios del año 2000.

La red promueve que las familias sean reconocidas como sujetos plenos de derecho y refuercen sus capacidades de incidencia en la agenda pública. Sus miembros son: Casa del Migrante en Saltillo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en México; Cofamide en Guatemala, Cofamipro y Fonamih en Honduras y la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (Nalacc por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

La iniciativa de una investigación para identificar migrantes fallecidos y buscar a los desaparecidos surgió en una audiencia sobre migrantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2012. De la audiencia, salió la recomendación de una comisión forense para la identificación de restos de estos tres eventos en Tamaulipas y Cadereyta.

“Hubo un cambio importante con la entrada del nuevo procurador (en diciembre de 2012). Desde antes ya habíamos gestionado un posicionamiento del tema. Además, hubo muchas desapariciones forzadas, y la divulgación de que había una base de datos con 25.000 personas desaparecidas en manos de Gobernación conmovió mucha a la sociedad. Es importante depurar esa lista, saber quiénes son los desaparecidos, si están las personas migrantes”, expuso Gallegos.

La Red de Acceso a la Verdad y la Justicia está llevando a cabo un proceso minucioso de depuración de casos para obtener información más completa. Se han logrado documentar 350 casos en cuatro 4 países: Guatemala, Honduras, El Salvador y México.

Dicha red y el EAAF son apoyados en este esfuerzo por la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (Cammina) integrada por Fundación Ford, Open Society Foundations y Fundación Avina.

“El apoyo de Cammina se enmarca en potenciar el trabajo regional, las alianzas, y la participación de los familiares de migrantes no localizados como los protagonistas del proceso, logrando sensibilizar y advertir en la urgencia de respuesta estatal con marcos de política pública con énfasis en acceso a la verdad y la justicia en estos casos”, expresó la Directora de Programas de Cammina, Edith Zavala.

Subrayó que la Comisión Forense, sin duda, “impacta en la incertidumbre de estas madres – abriendo una vía de búsqueda-, algunas de ellas con varios años de no tener noticias de los suyos, tocando puertas en sus países de origen y los de la región sin que nadie atienda sus casos, impotentes ante la ausencia de respuestas, con efectos emocionales que las debate entre la tristeza y la esperanza, pero con un amor tan profundo que las mantiene alzando la voz por los suyos. Este drama es una realidad de muchas familias centroamericanas y mexicanas, la materialización de justicia para ellas y ellos, de saber qué pasó con estos migrantes, la urgencia de mecanismos de búsqueda con vida de estos migrantes no localizados, el esfuerzo conjunto de estas organizaciones para apoyarles en la búsqueda de respuestas”.

Si bien la comisión técnica creada con el Convenio con la PGR es un primer gran paso para resolver los casos de desaparecidos. Heredia recalcó que aún quedan tareas pendientes importantes.

“Se tienen que crear mecanismos regionales de búsqueda de migrantes en vida, mecanismos regionales de investigación y atención a las víctimas, bases de datos nacionales y regionales de migrantes desaparecidos y restos no identificados y asegurar la aplicación de protocolos y mejores prácticas para la investigación de delitos, violaciones a derechos humanos y atención coordinada de familias en búsqueda de justicia en los países de origen, tránsito y destino. Una de las principales causas de sobre victimización de migrantes tiene origen en la falta de coordinación regional, apuntó Heredia.

Pie de Foto: Todo familiar de una persona migrante desaparecida, tiene derecho al acceso a la verdad, en saber dónde está, que se haga la búsqueda y la identificación de restos. Durante la firma del convenio entre la Procuraduría, la EAAF y las 10 organizaciones de la sociedad civil.