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Ortega impulsa reforma para frenar deforestación

despale río san juan* Nicaragua pierde entre 70 mil y 80 mil hectáreas de bosques cada año, según organismo ambientalista

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió al Congreso un proyecto para centralizar la administración y protección de los bosques, arrasados de manera “descomunal” en los últimos 20 años, informó este jueves una fuente oficial.

El Ejecutivo busca poder controlar las solicitudes de explotación forestal, supervisar a las empresas madereras y promover “el uso racional y sostenible de los bosques”, según el proyecto integrado a una ley que Ortega mandó en febrero al Congreso con el propósito de modernizar “el ordenamiento jurídico del país” de acuerdo con las nuevas realidades.

De acuerdo a la reforma, la “Presidencia asumirá la administración forestal en todo el territorio nacional”.

Se estima que Nicaragua pierde entre 70.000 y 80.000 hectáreas de bosques al año debido a la explotación irracional y la tala ilegal, a pesar de los planes de reforestación hechos por el gobierno, según la información de la organización no gubernamental Fondo Nacional de Reciclaje (Fonare), en base a datos oficiales.

“En los últimos 20 años se ha perdido el 80% de bosque, hay un deterioro descomunal”, coincidió el geólogo William Martínez, en una reciente entrevista con la AFP.

Nicaragua posee 56.000 km2 de bosques, que equivalen al 43% de su territorio, la mayoría en la región del Caribe y el departamento de Río San Juan (sur), según datos oficiales.

Líderes indígenas del Caribe norte del país denunciaron que la empresa Alba Forestal, de capital nicaragüense-venezolano, y “mafias madereras” están explotando y comercializando estos recursos, reveló el vicepresidente de la Comisión de Medioambiente del Congreso, el diputado opositor Boanerges Matus, al diario La Prensa.

Existe “un silencio sospechoso en torno a Alba Forestal y de los recursos que está explotando”, porque nadie sabe “para dónde se va la madera”, dijo Matus, al referirse a las denuncias de los indígenas.

En el proyecto, Ortega también propone asumir la competencia del Instituto de Protección y Seguridad Sanitaria del Ministerio Agropecuario, que supervisa la situación de las plagas y la calidad fitosanitaria.

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