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Honduras enredada con sus F-5

aviones F-5* Estados Unidos mantiene trabado el permiso para su restauración debido a violaciones a los contratos de donación, y entre otras cosas, a las amenazas que han proferido en contra de sus países vecinos aprovechando el poderío aéreo que esos aviones les brindaban.

Hace escasos días, el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reclamó públicamente se descarte la reparación de los F-5 a representantes diplomáticos estadounidenses, en referencia a los detalles expuestos por defensa.com.

La Administración Hernández ha hecho claro su desdeño por las prohibiciones y limitaciones que recaen sobre los aviones donados por los EE UU a Honduras, exigiendo que se permita proceder su restauración a toda costa, según publica la web defensa.com.

La cuestión es que, en realidad, el obstáculo no son los funcionarios de la presente administración, sino las leyes estadounidenses vigentes desde hace mucho y que aplican no solo a Honduras, sino a cualquier otro país recipiente de sus equipos.

Esas normas establecen que la transferencia tecnológica a terceros está prohibida sin una previa autorización y justificación. Así es como los EE UU ha vetado la venta de aviones Kfir a Centroamérica, un fuselaje fabricado en Israel al que se le acopla un motor GE, propio del F-4 Phantom. Sin embargo, sí dio su consentimiento a la venta/transferencia en 1977 de aviones Súper Mystere B2 de Israel a Honduras.

Estos modelos usan un fuselaje de origen francés, modificado por Israel con un motor PW J52-P-8A, propio de los A-4, en lugar de los modelos franceses SNECMA Atar 101G-2/-3. En esas fechas, también permitió la venta de los CASA C-101 de entrenamiento avanzado y combate ligero a la FAH, que usa un fuselaje español y un motor Garrett TFE731-2-2. Bajo estos conceptos hay que recordar que los EE UU también han permitido la reparación de los A/T-27, que cuentan con un fuselaje brasileño e instrumentos estadounidenses.

Esas leyes son más estrictas cuando se aplican a equipo donado por los EE UU. En algunos casos, exigen que sean solo las matrices estadounidenses las únicas que trabajen en las maquinas. En este aspecto, Honduras ha fallado en varias oportunidades, empezando con modificaciones encontradas en los F-5E que no habían sido aprobadas ni hechas por la Northtrop cuando fueron sometidos a su renovación completa en 1995.

En otros casos, EE UU prohíbe la venta a terceros, lo que en el caso hondureño quizás debían explicar los dos aviones F-5 declarados de baja a mediados de los noventa, sin detalles, lo que coincide con el hecho que dos F5 de la FAH fueran vistos en Valparaíso, Chile, en esas mismas fechas.

Equipo donado no puede venderse a terceros

Ese fue el impedimento cuando se pretendieron adquirir repuestos para los A-37B de la FAH en República Dominicana, a lo que se negó EE UU. De nuevo, no por ser Honduras, sino porque es algo prohibido por las leyes de transferencia. Se trata de repuestos y equipos que fueron donados en su momento, y por lo tanto solo pueden ser regresados al donante o destruidos in situ.

Aunque sirvió en muchos frentes, pocos países compraron el Libélula A-37B, lo que limita y encarece los costos de sus repuestos. En el sonado caso de los modelos A-37B de Chile a El Salvador, por ejemplo, la transacción especificó solo los fuselajes y repuestos comprados por la FACh, y no aquellos que habían sido cedidos por la USAF. Eso sí, se necesitó el aval de transferencia de equipos.

En el caso de los F-5 de la FAH, si no se sabía exactamente su estado operacional, ahora sí está claro, por las mismas declaraciones de sus políticos, que los fuselajes y motores presentan daño más allá de los que pueden tomarse en el país. A ese argumento, hay que mencionar que al igual que los A-37B, los F-5 se usaron en muchos frentes, pero pocos países en realidad lo compraron plenamente (lo que limita la disposición de repuestos).

No hay que olvidar tampoco que los EE UU sabe muy bien que funcionarios hondureños ignoraron o violaron en el pasado las leyes mencionadas. En uno, de dos o más, cables en el 2005, catalogados secretos, se especifica que el embajador en Tegucigalpa, Charles A. Ford, habría recibido confirmación que la Fuerza Aérea de Honduras había enviado por lo menos 3 motores de avión C-130 a destinos fuera del país para reparación y mantenimiento antes de obtener autorización por parte del Departamento de Estado, en lo que parecía una violación del Acta de Asistencia Extranjera de 1961; de la sección 505 del Acta de Control de Exportación de Armas, y de los Acuerdos y convenios adquiridos bilateralmente entre Honduras y EE UU.

El dato, publicado por Wikileaks, adelantaba que el Secretario de Defensa hondureño, Federico Brevé, y oficiales de la Administración Maduro, también habían sacado del país motores de aviones F-5 y otros aparatos a Chile, para su reparación por medio de una compañía privada. En esas fechas, el cable declaraba que no había evidencia concreta de las violaciones, pero que, en septiembre de ese año, Taiwán había solicitado permiso para la reparación de los motores F-5 y otros sistemas no letales de Honduras.

Fue Taiwán quien había indicado que Chile ya reparaba 3 motores de avión F-5 de la FAH. El MILGROUP había recibido detalles en marzo del 2005 de seis motores J85-21B de F-5, cuatro J85-17A de A-37, dos T53-L13B de UH1-H, y cuatro T-56A9D de C130, además de cuatro turbinas también de C-130, habían sido enviados a Chile, al parecer vía Jamaica, para evadir detección. Otro cable, de fecha septiembre del 2002, ya había confirmado que se había realizado una transacción ilegal, y Enaer (Empresa Nacional de Aeronáutica) en Santiago de Chile, había entrado en contrato para la reparación de componentes de aeronaves C-130 y F-5 entre 2002-2005, a incluirse el suministro de 3 millones de dólares en partes y un contrato por un valor de 10 millones de dólares. En otro se menciona que los oficiales hondureños no sabían, o al menos eso dijeron, que existían dichas restricciones a los equipos.

Ahora, en lugar de exigirle Honduras a los EE UU que le permita una violación de las mencionadas reglas, una alternativa sería solicitarles una excepción a ellas, pero el resultado quizás sería el mismo, pues pesan varias cuestiones.

Primero, la falta de diplomacia en el asunto, pues se le exige que se le permita o violar las leyes mismas, o aceptar una excepción a la fuerza y públicamente. No se entiende tampoco por qué en lugar de antagonizar a los donantes, no se les ofrece el negocio a la industria estadounidense, algo que sería políticamente más aceptable.

Otra es que en realidad el F-5 no es viable como aparato de interdicción, además estar alcanzando costos prohibitivos operacionales, que de una manera u otra serán absorbidos por alguien más, pues Honduras no tiene la capacidad económica de reacondicionarlos y luego mantenerlos. En todo esto hay que considerar que cuatro aviones F-5 operacionales son suficientes para tareas de defensa aérea en un país pequeño como Honduras, pero 9 presentan proyección de poder, a lo que se suman declaraciones poco diplomáticas. De la misma manera que se les increpa pública y prepotentemente a representantes estadounidenses los deseos del gobierno hondureño, se les habla a los gobiernos vecinos, a veces con amenazas evidentes.

Lo que no se niega es que una acción más soberana sería adquirir los remplazos de los F-5E, ya de una vez por todas, con aeronaves polivalentes y de otras fuentes, que de paso no necesitarían el aval de los EE UU.

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