Honduras: Inhabilitarán a más de 4 mil ONG

Rebeca Morla
PanAm Post

La Secretaría de Gobernación y Justicia anunció el pasado 11 de enero que 4.104 organizaciones sin fines de lucro perderán su estatus legal en Honduras. Las ONG no fueron capaces de presentar los informes financieros que el Gobierno requiere para legalizar sus operaciones en el país. Entre los afectados se encuentran grupos religiosos, organizaciones médicas de beneficencia y organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con la Ley Especial de Fomento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, promulgada en 2011, y que estipula la necesidad de vigilar todas las organizaciones de la sociedad civil, las ONG tienen la obligación de presentar un informe anual sobre sus actividades administrativas, fondos, activos y pasivos.

La Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) concedió dos prórrogas consecutivas a la fecha límite original en la que las ONG debían presentar sus informes; la última de estas finalizó en octubre de 2014. Un proceso de registro burocrático, y los temores de ser cerradas, pueden haber jugado en el fracaso de la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil afectadas al no cumplir con las regulaciones.

“El proceso lógico es que se les cancele… algunas desde hace aproximadamente dos o tres años no han presentado ningún tipo de información, por lo que el Estado de Honduras debe entender la inactividad absoluta”, dijo el director de la URSAC, Juan Pablo Hernández, al diario local El Heraldo.

En febrero de 2014, Jorge Montes, entonces director de la URSAC, ordenó la cancelación de la personalidad jurídica y la liquidación de los activos de 5.429 organizaciones, citando la falta de información sobre sus operaciones.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) solicitaron al Gobierno cancelar esta disposición que incluía “grupos religiosos, asociaciones educativas y médicas, y las organizaciones de derechos humanos”, etiquetándolo como un ataque a la libertad de asociación.

En el mes de marzo, Rigoberto Chang Castillo, ministro de Derechos Humanos y Justicia, se disculpó con las organizaciones no gubernamentales, admitiendo que el fallo estaba afectando a varias organizaciones que sí cumplían con todos los requisitos legales y que habían presentado la documentación correspondiente a las autoridades gubernamentales.

URSAC concedió una prórroga de 60 días en marzo, aplicable a todas las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones sin fines de lucro, asociaciones, asociaciones comunitarias, e iglesias. Sin embargo, no más de 500 organizaciones presentaron la documentación solicitada.

Una nueva prórroga fue concedida por URSAC, pero menos de 1.000 organizaciones adicionales cumplieron con la normativa. Para octubre de 2014, un total de 1.325 ONG había normalizado su estado. De estas, 950 son agencias de desarrollo local, incluidas las juntas comunitarias y asociaciones civiles.

Según Hernández, URSAC publicará la lista de las 4.104 “instituciones ilegales” que perderán su licencia de operación. Además, dijo que los activos de las organizaciones no gubernamentales que pierden su estatus legal serán liquidados a favor del Estado.

Jorge Colindres, analista legal del tanque de pensamiento con sede en Honduras Fundación Eléutera y coordinador local de Estudiantes por la Libertad, dijo a PanAm Post que a pesar de la legalidad técnica del proceso, el Gobierno probablemente obtendrá una ventaja política por el cierre de tantas organizaciones de la sociedad civil.

“Creo que la ley se la aplicó a la mayoría de ONG por igual”, dijo, pero recordó que el hecho de cerrarlas es “estratégico, pues gran parte de la fortaleza de la oposición viene de esas ONG, como movimientos campesinos y de trabajadores”.

“Si bien todo se hizo de acuerdo a la ley, personalmente creo que se hizo para debilitar a la oposición. El Gobierno está actuando bajo el marco legal vigente, pero a mi consideración este es demasiado estricto”, explicó Colindres.

Agregó que el fracaso de muchas organizaciones al registrarse en el tiempo establecido puede haber sido el resultado de un proceso burocrático que a menudo resulta en que arbitrariamente se niegan las licencias para operar a las ONG.

“Está centralizado en la capital y depende del criterio subjetivo de las autoridades para aprobarlo”, dijo.