Colombia oferta petróleo en zonas en disputa con Nicaragua

Nicaragua criticó este martes que Colombia oferte exploraciones de bloques petroleros en zonas disputadas entre ambos países, en el marco de una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y dijo que la tesis de Bogotá de que el tribunal ya no es competente es una “fuente de inestabilidad”.

“No pueden estar dando concesiones en áreas que la corte ya le reconoció a Nicaragua y por otro lado en las áreas que están en disputa”, dijo a la AFP el agente de Nicaragua, Dr. Carlos José Argüello.

El agente de Nicaragua, que también es el embajador de Managua, pidió que dado que la definición de la frontera puede durar muchos años, la corte dicte un reglamento provisorio para proteger los recursos naturales.

“Si la CIJ decide que no puede dejar en fijo el límite en esta etapa del proceso, que simplemente va a hacer una indicación general, mientras dure esta situación que las dos partes se rijan por algún reglamento que la corte vaya a dar”, indicó Argüello.

Nicaragua acudió a la corte para defender que la plataforma continental del país se extiende más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, un tema que Bogotá sostiene que ya quedó zanjado en un fallo de 2012 de la CIJ, que estableció que Colombia tiene soberanía sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, pero otorgó a Managua una franja marítima.

“Esta corte no rechazó la demanda de Nicaragua a reclamar una plataforma continental. Una cosa diferente es que no haya podido acoger la demanda”, dijo Argüello ante la audiencia.

“En el caso actual, la evidencia de que Nicaragua tiene una plataforma continental extendida es abrumadora”, sostuvo Argüello.

Los representantes de Nicaragua citaron el fallo de noviembre de 2012, para destacar que el tribunal dijo que el país no había aportado pruebas para pronunciarse sobre la cuestión.

“La corte consideró que la argumentación presente no le permitió pronunciarse ni en un sentido ni en el otro”, defendió Alain Pellet, uno de los abogados de Nicaragua.

Para Pellet, está no es una decisión de rechazo, sino que dejó de lado el asunto.

“La parte de la frontera que no fue objeto de delimitación, no es un asunto ya juzgado”, sostuvo el abogado.

En tanto, la diplomacia colombiana señaló que el propósito de las audiencias es dirimir si la corte tiene competencia o no para analizar la cuestión y que no se está juzgando si Nicaragua tiene derechos sobre la plataforma continental.

“El caso de la plataforma extendida quedó cerrado con la decisión de la Corte de 2012. En esa oportunidad, este tribunal se pronunció claramente sobre el fondo cuando dijo que Nicaragua nunca probó que tenía derecho a una plataforma extendida, como estaba legalmente obligada a hacerlo según la Convención de Derecho del Mar. Este es un tema de ‘cosa juzgada’”, afirmó el ministerio colombiano en un comunicado.

Para el abogado inglés Vaughan Lowe, que también asistió a la delegación de Managua, el fallo de 2012 dejó pendientes reclamos.

“El problema de la delimitación persiste. La corte no se pronunció en este sentido, el límite sigue sin quedar establecido”, defendió.

El lunes el agente de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta, dijo que lo que está solicitando Nicaragua en este caso es idéntico a lo solicitado en 2001 y que la corte ya tomó la decisión de que Managua no tenía acceso a esa plataforma.

‘Jurisdicción continua’

Después del fallo de 2012, el gobierno de Bogotá denunció el Pacto americano de soluciones pacíficas que databa de 1948 y el lunes los representantes de Colombia ante la corte defendieron que la CIJ ya no es competente para dirimir la demanda.

Nicaragua sostiene que si bien el pacto puede ser denunciado, la salida entra en vigor un año después de que el país la notifique.

Para Argüello está claro que la corte tiene una “jurisdicción continua” y los planteamientos de Bogotá de que basta denunciar el pacto son “una fuente de inestabilidad y una amenaza para la seguridad”.

“El pacto de Bogotá estipula que éste seguirá en vigor un año después de la notificación de la denuncia. Los recursos iniciados antes seguirán en vigor”, explicó Argüello a la AFP.

Ambos países mantienen relaciones tensas por conflictos limítrofes hace casi un siglo.