Nicas ilegales en España sin atención médica
- La crisis en España ha desembocado en maltrato a los migrantes ilegales.
Yaosca Gómez se fue de Nicaragua hace cuatro años buscando auxilio en la “madre Patria”. Soñaba con un empleo que le permitiera continuar los estudios que abandonó en su país por falta de recursos económicos.
Lo único que encontró en España fue un salario mensual de 700 euros (863.50 dólares) por cuidar a una señora mayor. Se dio cuenta además que era alérgica al polvo peninsular, lo que paliaba con los medicamentos que recibía del servicio de Salud español.
De pronto le llegó la peor noticia con la crisis económica que sacude a los españoles: a partir del 31 de agosto perderá su tarjeta de sanidad, al igual que todos los migrantes ilegales.
Es una de las cortas historias sobre dos de nuestras compatriotas que publicó el diario El País. La otra es Socorro Flores, quien asegura que en España, “hasta los animales tienen más derechos que nosotros”.
Esto es parte de lo que publicó El País.
Yaosca Gómez, 25 años. Nicaragüense: Con los 700 euros mensuales que gana, Yaosca hace maravillas. Tiene 25 años y desde hace dos meses no solo se mantiene a sí misma, sino que además a las dos chicas con las que comparte piso en Atocha. Gómez trabaja cuidando a una mujer mayor, a pesar de que no tiene sus papeles al día.
Hace cuatro años dejó su Nicaragua natal porque los ingresos que allí percibía no le alcanzaban para financiar sus estudios de Administración. Decidió viajar a España con la idea de tener una mejor situación que le permitiera apuntarse a algún curso, cosa que con suerte ha podido realizar un par de veces y siempre de forma esporádica.
Desde que llegó al país, Yaosca está afectada por una alergia al polvo que la ha convertido en asidua a la Fundación Jiménez Díaz. Para mejorar su salud, debe tomar dos medicamentos, fexofenadina y ebastina, por la mañana y por la noche. Además, se somete continuamente a controles médicos.
Eso hasta ahora, porque asegura que una vez que pierda la tarjeta de Sanidad, el 31 de agosto próximo, su tratamiento quedará en ascuas. Yaosca sostiene que no le preocupa mayormente su alergia, pero sí le angustia saber qué podría pasar con ella en caso de contraer una enfermedad más compleja. “¿Y si me enfermo de algo más grave? Creo que no podría hacerme ningún tratamiento”, se lamenta.
La joven afirma que estaría dispuesta a pagar los 59,2 euros mensuales del convenio especial, si no fuese porque actualmente debe mantener a otras dos personas. Solo en el alquiler de su piso gasta unos 300 euros y los 400 restantes los distribuye entre sus amigas. “En este momento, simplemente no puedo pagar por la Sanidad”, asevera.
“Nos humillan y desprecian”
Socorro Flores, 35 años. Nicaragüense: “Hasta los animales tienen más derechos que nosotros”, lanza de entrada Socorro, una mujer nicaragüense de 35 años que ha vivido los últimos dos de forma irregular en Madrid.
Desde hace unos meses se ha visto afectada por una anemia ferropénica que le provoca cansancio, desvanecimientos y la inflamación de sus pies. Para tratarse, acude semanalmente a la Fundación Jiménez Díaz, donde han evaluado su caso. “El médico que me trata me ha dicho que me tendrán que hacer transfusiones de sangre si es que los medicamentos no dan resultados”, cuenta.
A Socorro el tiempo le juega muy en contra. Para cuando sepa si debe o no realizarse tales transfusiones su tarjeta de Sanidad no tendrá ninguna utilidad, ya que las prestaciones sanitarias para extranjeros sin papeles solamente se extenderán hasta el 31 de agosto.
Por su condición económica, Socorro solo ve incertidumbre. “Como no puedo pagar, me quedaré sin tratamiento y no podré hacerme lo que me hace falta”, asegura. La centroamericana se encuentra actualmente sin empleo y a duras penas puede pagar los entre 12 y 16 euros que cuestan sus medicamentos. En realidad quien financia ese gasto actualmente es su amiga Yaosca, con quien vive en Atocha.
Socorro está cansada y eso no solo se debe a su anemia. Dice que durante los últimos meses se ha sentido humillada por su condición de inmigrante ilegal y que dejó su trabajo por los malos tratos que recibía por parte de la persona a la que cuidaba. El pago de 710 euros para tener acceso a la Sanidad pública es, para ella, la gota que colma el vaso y por esto reacciona con indignación ante la sola idea de tener que desembolsar anualmente esa suma. “Te humillan, te desprecian y te hacen a un lado. Eso hacen”, sostiene.
Su apremiante situación le ha hecho plantearse la posibilidad de regresar a Nicaragua, aunque no quiere hacerlo. Ella viajó a España con la idea de poder enviar mensualmente remesas a sus tres hijos, a quienes mantiene desde que su marido la abandonó. Últimamente no ha podido mandar dinero y es difícil que lo haga en los próximos meses. Menos aún si es que ahora se suma un nuevo gasto: el sanitario.