Suerte de migrantes en manos de crimen organizado
La matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos en Tamaulipas, México, el pasado 22 de agosto, causó una reacción mundial y los organismos de derechos humanos han comenzado a exigir cambios radicales en el trato a los inmigrantes. Las críticas se endurecieron contra el Gobierno de ese país que no ha trabajado efectivamente por proteger a los que, dejándolo todo, se lanzan en busca de una mejor vida.
Pero no se trata sólo de los 72 que murieron en el Rancho San Fernando. Hay que levantar las voces por cada uno de los migrantes que llega a suelo mexicano y que es víctima de todo tipo de abusos cometidos por las redes de traficantes de personas, narcotraficantes e incluso servidores públicos que forman parte de una mafia organizada.
La muerte de estas 72 personas, que buscaban cómo llegar a Estados Unidos, fue una campanada de alerta para todos los organismos que trabajan en función de los derechos de los migrantes, y que están en la obligación de exigir al Gobierno mexicano una investigación a fondo que permita identificar a los verdaderos responsables de esta matanza, que hasta ahora sólo involucra a grupos de narcotraficantes, pero que deja demasiadas interrogantes.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México, en los primeros seis meses de este año unos 10 mil migrantes indocumentados fueron secuestrados en ese país. A esto habrá que sumarle los casos no registrados de víctimas, a quienes sus familiares deben rescatar pagando miles de dólares.
Y la crítica hacia el Gobierno es válida ante la falta de un trabajo efectivo para proteger a los migrantes expuestos a los abusos y persecución de traficantes, colaboradores de la Policía y entidades del gobierno que han encontrado en esto un negocio redondo. Se estima que el año pasado el negocio del secuestro de indocumentados dejó unos 25 millones de dólares.
El Gobierno, por su parte, asegura hacer un esfuerzo con programas para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos de los migrantes, asistiendo a las víctimas. Según el Instituto Nacional de Migración, de México, este año se han atendido a dos mil 577 menores de edad, principalmente de Centroamérica, a través de los Oficiales de Protección a la Infancia, figura reconocida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) y UNICEF.
Ante la dura presión política de Estados Unidos a México, la frontera sur ha sido militarizada poniendo en riesgo la vida de miles de indocumentados dispuestos a sacrificar su existencia con la intención de lograr “su sueño americano”.
El Gobierno considera el tráfico de indocumentados como un asunto de seguridad nacional y según datos oficiales, las cifras de deportaciones hacia El Salvador, Honduras y Guatemala supera los 200 casos diariamente, mientras los centros de retención están saturados de indocumentados en espera de su deportación.
Sin embargo, la inseguridad en ese país la generan los grupos de delincuentes comunes y organizados que tienen su “modus vivendi” a lo largo del territorio utilizado como ruta hacia los Estados Unidos, y a quienes las autoridades están obligadas a erradicar. La inseguridad la generan la corrupción en los funcionarios, policías y militares que de una u otra manera apoyan a los grupos de criminales.
No son los migrantes los que ponen en peligro la seguridad de México. Ellos solamente tienen como meta cruzar la frontera y tener las oportunidades económicas que sus propios países les han negado. La mayoría de las 72 víctimas de Tamaulipas seguramente eran personas honradas, trabajadoras, dispuestas a pagar un precio demasiado alto a cambio de satisfacer las necesidades económicas de sus familias.
El Gobierno de México, como país firmante de la Convención Internacional de Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, está obligado a cumplir ese compromiso, y a poner en práctica los mismos derechos que exige para los millones de sus conciudadanos que tienen que migrar indocumentados hacia Estados Unidos.