¿Qué amarró el gobierno con la B2Gold?
Mineros de Santo Domingo huyen mientras son perseguidos por la Policía. Puede verse el humo de las lacrimógenas.
* Pequeños mineros de Santo Domingo desafían a quienes los reprimieron, demandan retiro de compañía canadiense y piden castigo para ultrajadores
Pese a la ley de Acceso a la información Pública, el “amarre” entre el Estado y la minera es un completo misterio sellado con la represión a los güiriseros que incluyó golpiza, heridas y carceleada intimidatoria en las celdas de Auxilio Judicial, ubicadas en la Loma de Tiscapa.
Los pequeños mineros de Santo Domingo, organizados en el Movimiento 9 de
Febrero, en un pronunciamiento emitido este viernes demandan castigo para los responsables de la represión ejercida en su contra, violentando su derecho a protestar.
“A cuatro meses de la represión por parte de la Policía Nacional en contra de mineros artesanales, que demandaban el retiro de la empresa minera de origen canadiense B2
Gold del municipio de Santo Domingo, por considerar que su presencia es una amenaza para el medio ambiente, la estabilidad laboral y económica de cientos de familias del municipio, los pequeños mineros de Santo Domingo, todavía esos actos están impunes”, señalan.
Los pequeños mineros destacan que la agresión y el abuso de autoridad se dieron en complicidad de la Policía Nacional y la empresa B2Gold, que pasaron por encima de la Constitución Política.
En relación a lo anterior, la Carta Magna precisa en su artículo 33 que ”Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal”.
En vista de lo expuesto, demandan que se aplique la ley y justicia a las autoridades de la Policía Nacional cuyas acciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza violó la seguridad y puso en peligro la integridad física de las personas que ejercían su derecho a protestar, y que sin causa justificada agredió y apresó.
Igualmente piden que el estado de Nicaragua realice una Consulta Pública ante la nación, el pueblo indígena, campesinos y pequeños mineros de Santo Domingo, Chontales, previa a toda acción de ejecución de proyectos mineros como la exploración, explotación, concentración y fundición, en correspondencia con el derecho del pueblo de Nicaragua a ejercer su derecho de forma directa por medio del referéndum, el plebiscito y otros procedimientos que se establecen en la Constitución y las leyes, que también se expresa en el Arto. 100.
“El Estado promulgará la Ley de Inversiones Extranjeras, a fin de que contribuya al desarrollo económico-social del país, sin detrimento de la soberanía nacional”.
Los mineros exigen también el retiro de la empresa B2 GOL, que ha invadido tierras indígenas y que por lo tanto toda exploración y concesión minera concedidas es inconstitucional.
“Al estado de Nicaragua, demandamos la debida Seguridad jurídica a través de una nueva ley de minas de derecho colectivo para el bien común de la nación nicaragüense.
“Demandamos garantías del derecho de aprovechamiento de nuestros minerales por lo que el estado de Nicaragua debe garantizar por medio de una nueva ley, al menos un 35 % a los pequeños y medianos mineros en las ares concesionadas”, indican.