Honduras construirá su “Hong Kong” en el Golfo de Fonseca
En febrero, el parlamento de Honduras aprobó la construcción de una Zona para el Empleo y el Desarrollo Económico (ZEDE), en la costa del Pacífico. «En este país, cualquier departamento costero puede crear una zona franca y condiciones preferentes para exportar, pero esto va más allá», explica Mark Klugmann, que en su día asesoró a los presidentes estadounidenses Ronald Reagan y George Bush padre y hoy lo hace con el hondureño Juan Orlando Hernández para crear un Hong Kong en Centroamérica.
Klugmann dijo lo anterior en España en el marco del Free Market Road Show, una jornada de debates organizada por el Instituto Juan de Mariana. La nueva zona quedará a apenas 130 kilómetros de la capital, en un golfo encajado entre El Salvador y Nicaragua.
Este territorio pretende dar más seguridad jurídica a los inversores, dado que los contratos se regirán bajo jurisdicción británica y las empresas podrán acceder al arbitraje internacional, en los tribunales de Londres. Pero, además, la nueva zona queda al margen de los vaivenes políticos del país, dado que tendrá su propio Gobierno, la burocracia funcionará de forma independiente y también tendrá su propio régimen económico.
Para Klugmann, es clave que «la silla sobre la que se asienta este proyecto tenga las cuatro patas: legal, administrativa, económica y política, si no se queda coja», según aseguró a EXPANSIÓN. Más que fiscalidad De hecho, hay muchas otras zonas económicas especiales en el mundo, que tratan de salir adelante copiando el modelo de Hong Kong, pero se centran la baja fiscalidad.
«Ese no es el principal beneficio. A las empresas les da igual pagar un 10% de sus beneficios, pero quieren tener la seguridad de que no van a perder su inversión principal», señala el asesor presidencial. En este sentido, indica que en el mundo hay más de 3.000 zonas de baja tributación, pero muy pocas tienen éxito.
«Incluso aunque haya países donde te pagan para que inviertas», añade. Además, recalca que las jurisdicciones no necesitan competir con bajos impuestos, salarios inferiores o una menor protección al trabajador. «Sólo hay una cosa que escasee en el mundo: las buenas jurisdicciones. Allí todo es caro».
En Hong Kong, por ejemplo, el metro cuadrado urbanizable cuesta 12.400 euros, por 420 euros en la Comunidad de Madrid, mientras que los sueldos multiplican por tres los españoles. Esa diferencia de precios ya supondría un ahorro suficiente.
Hay dos críticas que suelen ser recurrentes a este tipo de zonas especiales: la falta de legitimación democrática y la deslocalización de actividades de otros sitios para instalarlas en las zonas especiales.
Por un lado, muchas personas aducen que su instauración no cuenta con respaldo político y social. Klugmann replica que, para garantizar el éxito de la zona, debe contar con el respaldo de los principales partidos.
De hecho, la enmienda constitucional que permitió aprobar la construcción de zonas especiales contó con 124 votos a favor, por sólo uno en contra. Por otro, se dice que las empresas que se instalan en estas zonas vienen de lugares cercanos, con lo que sólo trasladan sus actividades de otros sitios, para pagar menos impuestos, haciendo que la gente se traslade a otra ciudad para tener el mismo puesto de trabajo.
En cambio, Klugmann esgrime que las empresas no trasladan esas empresas del mismo país, sino de otros países con seguridad jurídica, como Estados Unidos. Cada año, 75.000 hondureños (esto es, un 1% de la población activa) emigran al gigante norteamericano para encontrar empleo.
«¿No sería mejor que emigraran dentro de su propio país?», plantea. Por otra parte, «estas zonas no compiten con la producción nacional, sino que se concentran en productos exportables».
Sin embargo, este proyecto plantea una última duda: ¿Por qué crear un Hong Kong en el territorio hondureño y no adaptar, simplemente, sus prácticas? «Alemania Oriental nunca llegó al nivel del oeste del país, pero Singapur lo ha sobrepasado», ejemplifica el asesor presidencial, dado que es más fácil utilizar las instituciones de otro país que tratar de adaptarlas o modificar las existentes.