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Castigarán a “usuarios” de prostitución por trata de personas

prostitución infantilLos “usuarios” del delito de trata de personas serán sancionados en Nicaragua, en lo que constituye un giro novedoso de la ley que está por aprobarse en la Asamblea Nacional, si se le compara con otras legislaciones de Centroamérica, según Gerardo Bravo, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Los “usuarios” en este caso, suelen ser las personas que hacen uso de la explotación en torno a la trata, lo que incluye la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, entre otros.

El IEEPP presentó el martes el estudio “Análisis comparativo de los ordenamientos jurídicos de los delitos de trata de personas en Centroamérica”, en el cual se señala que las legislaciones sobre este tema en la región no contemplan sanciones para el “usuario”, sino sólo para los tratantes de personas.

En Nicaragua aún no se aprueba la Ley Especial Contra la Trata de Personas, sin embargo existen más condenas a nivel judicial contra los sujetos que cometen este delito, comparados con otros países de América Central, señaló Bravo citado por la agencia Xinhua.

En lo que va del año se han aplicado 20 condenas para los tratantes de personas en Nicaragua, recordó el académico.

Nicaragua tipifica el delito de Explotación Sexual y Trata de personas en el Código Penal y en 2004 la Asamblea General aprobó la adhesión del país al Protocolo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.

La Unión Europea (UE) y la organización “Save the Children” impulsan desde marzo pasado un proyecto para fortalecer instancias para la prevención y atención a víctimas de trata de personas en América Central.

El proyecto, que consiste en enseñar a los niños y niñas qué hacer si son víctimas del delito de trata de personas, lleva dos años e inició en Nicaragua y El Salvador con financiamiento de la UE.

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