Ex empleado de Fariñas vinculado a “lavado” en Guatemala
Henry Fariñas, el nicaragüense involucrado en el asesinato de Facundo Cabral.
El diario elperiodico.com recuerda que Henry Fariñas es el misterioso empresario de conciertos y clubes nocturnos que contrató y acompañaba al cantautor argentino Facundo Cabral el día que lo asesinó un grupo de sicarios y que según las investigaciones, el ataque estaba dirigido contra él.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, una de las empresas que justificaba los envíos de dinero en efectivo hacia Panamá, por medio de personas particulares, es la Inmobiliaria Eume, S.A., de la cual Eric Waldemar Marroquín González fue administrador único y representante legal de 2005 a 2008, según los archivos del Registro Mercantil.
Involucrado alto militar
Marroquín fue relevado de dicho cargo, en 2010, por el teniente coronel William Jeovanny Paredes Valdez, capturado el 3 de junio, sindicado de haber participado en la red de lavado internacional que movilizó US$10 millones.
Eric Marroquín también fue administrador único y representante legal de Bosques de Elgin, S.A., Apartamentos de Elgin, S.A., e Inmobiliaria El Solano, S.A., empresas vinculadas con la red de lavado investigada por el MP.
Entre 2005 y 2007, Marroquín laboró para una corporación inmobiliaria ubicada en el Edificio Tetra Center, zona 13, y se retiró tras presentar una demanda laboral contra Jardines de Elgin, S. A. y 22 empresas más, que fue resuelta a su favor por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 26 de mayo de 2009, según el expediente número 973-2009.
Cómo operaba la red
Víctor Mancilla, superintendente de Bancos, explicó que la investigación que llevó a detectar esta red de lavado tomó más de un año. Las sospechas iniciales partieron de empleados y policías asignados al Aeropuerto Internacional La Aurora, quienes descubrieron a personas que llevaban fuertes sumas de dinero en efectivo.
Según Mancilla, esas personas trasladaban consigo cantidades desde US$50 mil hasta US$300 mil con destino hacia Panamá, las cuales justificaban con cartas firmadas por supuestas empresas para pasar el dinero y que este no les fuera decomisado (la ley establece que cualquier viajero que lleve más de US$10 mil debe declararlo a la aduana). La información que se tiene es que podrían haber lavado unos US$10 millones.
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