Obligados a devolver 1,6 millones de euros que venían a Nicaragua
* Dinero destinado a cooperación, eran 1,8 millones de euros subvenciones de fondos públicos para Nicaragua y únicamente entregaron el 3 % de esa cantidad.
J. Molano | Valencia
El Tribunal de Cuentas desestimó el pasado 21 de septiembre los recursos interpuestos por el ex siete veces conseller Rafael Blasco, la exsecretaria administrativa de la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Tina Sanjuán, el ex subsecretario de Cooperación Alejandro Catalá y el ex alto funcionario Marc Llinares contra la condena que les obliga a reintegrar algo más de 1,6 millones de euros a las arcas públicas de la Generalitat, más intereses, como responsables de malversación contable. Los condenados podrían recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
Por contra, sí se estimó parcialmente la apelación formulada por el empresario Augusto César Tauroni, uno de los principales condenados por el desvío de fondos en el caso Blasco. Tauroni quedó absuelto por falta de legitimación pasiva. Fundamentó su recurso en que la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas no alcanza a cualquier persona, sino a quienes, por cualquier título, tienen a su cargo bienes, caudales o efectos públicos y ese no era su caso.
El 12 de noviembre de 2015, el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, condenó al exconseller Rafael Blasco y otros cinco procesados en el conocido como caso Cooperación o caso Blasco a devolver algo más de 1,6 millones de euros a las arcas públicas de la Generalitat, más intereses, como responsables de malversación contable. El tribunal cifró en esa cantidad de dinero los daños y perjuicios causados en los fondos públicos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.
Según consta en la sentencia de este procedimiento de reintegro por alcance promovido por la Abogacía de la Generalitat se consideró responsables directos y solidarios a Rafael Blasco, Alejandro Català, Marcial López, Marc Llinares, Tina Sanjuán y Augusto César Tauroni. Igualmente, se condenó a la Fundación Cutural y de Estudios Sociales (Cyes) y a la firma Arcmed como responsables contables subsidiarios.
La Generalitat Valenciana reclamaba inicialmente 1,9 millones de euros, si bien finalmente el Tribunal de Cuentas redujo esta cantidad. Igualmente, el tribunal aceptó el desistimiento planteado por la Abogacía de la Generalitat respecto del ex director general de inmigración y cooperación Josep Maria Felip.
En mayo de 2014, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, fue condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación -que posteriormente fue rebajado a seis años y seis meses- tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en el denominado caso Cooperación.
En prisión
Blasco fue juzgado junto a otros ocho procesados, todos ellos condenados, por la pieza primera del caso Cooperación, referida al supuesto desvío de fondos públicos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua, si bien existen otras dos piezas abiertas, todavía en fase de instrucción.
El empresario Augusto César Tauroni, el único procesado que se encontraba en prisión -desde el 23 de febrero de 2012-, también fue condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación.
El ex presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, fue condenado a 4 años y a una multa de 6 millones de euros, como máximo responsable de una entidad supuestamente orientada a la cooperación que recibió 1,8 millones de subvenciones de fondos públicos para Nicaragua y únicamente entregó el 3 % de esa cantidad.
La exsecretaria administrativa de la Conselleria Tina Sanjuan fue condenada a siete años y medio de cárcel, y diecisiete años y medio de inhabilitación. El ex jefe del Área de la dirección general de cooperación Marc Llinares fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, once años de inhabilitación y multa de 6.750 euros. El ex subsecretario de Cooperación Alejandro Catalá fue condenado a una pena de cuatro años y medio de cárcel, y siete de inhabilitación, y a pagar una multa de 6.750 euros, por prevaricación administrativa en concurso con falsedad documental.
El ex director general de Cooperación Josep Maria Felip fue el único ex alto cargo procesado que eludió una pena de prisión, y fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
Fuente: lasprovincias.es