Sicario peruano detenido en Nicaragua fue extraditado a Guatemala
Enrique García Pérez o Janh Enrique Ávalos Ramírez, el presunto sicario peruano.
* Hace seis años asesinó a empresario en una trama donde estuvieron involucrados la esposa de la víctima y sus escoltas, que lo dejaron solo intencionalmente a fin de que el gatillero actuara sin tropiezos.
Un ciudadano peruano que estaba escondido en Nicaragua y que fue interceptado ahí por la Interpol, llegó el miércoles a Guatemala, donde es acusado del homicidio de un empresario en una cancha de fútbol en el año 2011.
Se trata del peruano identificado como Enrique García Pérez o Janh Enrique Ávalos Ramírez, de acuerdo a las autoridades de Guatemala.
La Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca indicó en un breve comunicado, que el peruano llegó este miércoles a las 19.00 hora local (01.00 GMT del jueves).
El detenido está sindicado de ser el jefe de la banda criminal que asesinó al empresario Byron Geovanny Andrade Salazar, de 52 años y dueño de la empresa de seguridad Recovery, de acuerdo a los datos oficiales.
Según la Policía, está acusado de los delitos de “asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa”.
Los hechos se produjeron en un complejo deportivo de la zona 10 capitalina, donde Andrade Salazar, que estaba acompañado por su hijo, que resultó herido, y cuatro guardaespaldas, falleció.
La Policía estableció, con base a las cámaras de vigilancia del lugar, que los cuatro escoltas que acompañaban a Andrade y a su primogénito, Byron Geovany Andrade Chacón, se retiraron antes del ataque y “los dejaron solos”.
En enero de 2016 las autoridades arrestaron a tres personas acusadas también de este crimen e identificadas como Mónica de Jesús Rivas Sil, guatemalteca de 43 años y esposa de la víctima; Jaime Barona Cordobés, un colombiano de 55 años, y Danilo Henry Rivas Gil, de 43 años, también guatemalteco y hermano de la mujer.
Estas tres personas, en prisión preventiva, están acusadas de ser los autores intelectuales y fue, según la investigación, supuestamente la cónyuge la que planificó la muerte del empresario con el fin de quedarse con su fortuna, valorada en unos 23 millones de quetzales (3,1 millones de dólares).
Por este hecho, en 2015 ya fueron condenadas 12 personas, entre ellas los guardaespaldas, a penas de entre 33 y 41 años de prisión.