Ley Patriótica de EU podría alcanzar a Álvaro Montealegre y Cía.

* Fiscalía y Superintendencia de Bancos analizan lavado de dinero realizado a través de la triangulación Managua-Panamá-Miami y viceversa, y el Minsiterio Público podría solicitar a autoridades norteamericanas una investigación conjunta

La negativa de Álvaro Montealegre Rivas de declarar ayer ante la Fiscalía, motivó que esta institución solicitara el concurso en el caso de estafa a las monjitas de la Compañía de Santa Teresita de Jesús, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).

Debido a lo anterior, las dos instituciones se reunirán para examinar en conjunto la estafa a las monjitas, el lavado de dinero producto de la triangulación Managua-Panamá-Miami y viceversa, y la relación que este último delito tiene con la Ley Patriótica de Estados Unidos, creada tras los ataques terroristas sufridos por ese país el 11 de septiembre de 2001.

Como es conocido, la estafa a las monjitas del Teresiano está vinculada a un trasiego de dinero de la empresa de Montealegre International Investments and Financial Services Inc., que según la fiscal adjunta Ana Julia Guido, no está registrada en Nicaragua ni opera bajo la supervisión del estado nacional.

“Las autoridades nicaragüenses podrían solicitar a sus similares de Estados Unidos la realización de una investigación conjunta aplicando los resultados a las leyes de Nicaragua y la Ley Patriótica de Estados Unidos que sanciona duramente el lavado de dinero”, nos dijo una fuente digna de todo crédito.

“Desde el momento que la Superintendencia de Bancos a nosotros nos proporcionó la información, que no es una empresa que está inscrita, obviamente que no es una empresa que este legalmente constituida en Nicaragua”, dijo Guido recientemente.

En tanto, al referirse este lunes a la negativa de Montealegre Rivas de ampliar su declaración, Guido indicó que “él sabe a qué se atiene, si no quiere colaborar en la investigación, es su derecho”.

No obstante, la negativa del acusado a declarar motivó el escalamiento de la investigación de la estafa a las monjitas que al parecer está ligado al lavado de dinero, delito cometido en parte en Estados Unidos y que está contenido en la ampliación que se hizo a la Ley Patriótica.

Dicha ley incluye un número de nuevos crímenes relacionados con el lavado de dinero, así como penas corregidas y aumentadas para crímenes recientes. Además, prohíbe el lavado (en los Estados Unidos) de lo recaudado por crímenes extranjeros por violencia o corrupción política.

Prohíbe el lavado de lo recaudado por el crimen cibernético o apoyo a una organización terrorista. Aumenta las penas por falsificación y fomenta una acción judicial por lavado de dinero en el lugar donde ocurra el delito tipificado.

Las empresas de Montealegre Rivas están inscritas en Estados Unidos, por lo que se rigen bajo las leyes de esa nación.

Aunque es conocido que Montealegre Rivas vendió la mayoría de propiedades en Estados Unidos, quizás previendo lo que podría venírsele encima, , la Ley Patriótica modifica un gran número de procedimientos relacionados con la confiscación y niega a entidades con personalidad jurídica el derecho a oponerse al decomiso en caso de que su accionista mayoritario sea un prófugo.

Entre los nuevos delitos contenidos en la Ley Patriótica de Estados Unidos, se contempla la realización de negocios que afecten el comercio nacional y extranjero mediante la comisión premeditada de actos terroristas y la incitación a cometer fraude en instituciones de beneficencia. Aunque estrictamente hablando éstos no son nuevos delitos federales, por lo general complementan las leyes existentes al llenar vacíos y aumentar las penas.

Y en relación a esos nuevos castigos, dicha ley aumenta las penas por actos de terrorismo y crímenes que puedan cometer los terroristas. De manera más específica, establece una pena máxima alternativa por actos de terrorismo; eleva las penas por conspiración para cometer ciertos actos terroristas; prevé condenar a algunos terroristas a libertad condicional de por vida y aumenta las penas por falsificación, delitos cibernéticos y fraudes cometidos en la beneficencia.