Nicas en limbo legal de indocumentados en Estados Unidos

* De 298,173 casos de ilegales pendientes apenas han revisado 5,684 de los cuales 3,060 pertenecían a indocumentados mexicanos. El resto era de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Nicaragua, en ese orden.

Washington, D.C. – Decenas de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos continúan en un limbo legal porque, pese a que la Administración Obama ordenó suspender sus trámites de deportación, las autoridades sólo han revisado 1.9% de los casos.

En agosto del 2011, el presidente Barack Obama anunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzaría a revisar “caso por caso” los procesos judiciales de unos 300 mil indocumentados en vías de deportación, lo que permitiría a muchos de ellos no sólo quedarse en el país, sino además solicitar licencias de conducir y permisos de trabajo.

La idea, según explicó entonces el DHS, era dar prioridad a la deportación de indocumentados con antecedentes penales o que supusieran una amenaza para la seguridad nacional.

Récord de deportaciones

De hecho, en el año fiscal 2011 el Gobierno de Obama deportó a casi 400 mil indocumentados (poco más de 387 mil), la mayor cifra registrada hasta entonces. De ellos, casi el 55 por ciento eran individuos con antecedentes penales (según el gobierno).

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se había fijado la meta de cerrar los casos considerados de “baja prioridad”, si era posible incluso antes de que llegaran ante un juez de Inmigración.

Lo que ha pasado sobre el terreno es desalentador.

Para el pasado 28 de junio, los agentes de ICE sólo habían logrado cerrar un total de 5,684 casos, aun cuando continúa insistiendo en que la meta es reducir la montaña de casos acumulados en los tribunales de Inmigración.

Menos del 2%

El número de casos cerrados bajo la nueva directriz anunciada en agosto del 2011 apenas conforma el 1.9% de los 298,173 casos pendientes ante los tribunales migratorios para finales de septiembre del año pasado, según el proyecto “TRAC” de la Universidad de Syracuse.

El mayor número de los casos cerrados a “discreción” de los jueces, un total de 3,060 pertenecían a indocumentados mexicanos, según un informe divulgado el lunes por “TRAC”.

Además de México, entre los países latinoamericanos más representados en esos casos figuran Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Nicaragua, en ese orden.

En general, los indocumentados han tenido que esperar un promedio de 803 días desde el día en que fueron acusados de una infracción migratoria y sometidos al trámite de deportación hasta la fecha en que se cerró su caso.

Largas esperas

A manera de comparación, el cierre de otros casos migratorios ha tomado un promedio de 385 días en este año fiscal en curso.

Los tribunales de Inmigración en Los Angeles (California), Denver (Colorado), y San Francisco (California), en ese orden, lideraron la lista de tribunales con el mayor número de casos cerrados bajo el programa anunciado en agosto del 2011.

Según los documentos judiciales, sólo 294 del total de 5,684 casos cerrados, o un 5% eran de personas que no tuvieron representación legal. El 95% restante sí contrató los servicios de un abogado, lo que supone un gasto adicional.
Estas deportaciones suspendidas, también conocidas como “acción diferida”, siempre han formado parte de la política migratoria de Estados Unidos tanto bajo un Gobierno republicano como bajo uno demócrata.

Bajo revisión

La novedad, y las críticas que ha generado en círculos conservadores, quizá se deban a la cantidad de casos bajo revisión judicial.

El problema es que la mayoría de estos inmigrantes indocumentados sigue esperando una decisión sobre sus casos, siempre bajo la amenaza del arresto o deportación.

Uno de los principales críticos de la “acción diferida” ha sido el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, quien considera que la suspensión de la deportación no es más que una “amnistía por la puerta trasera”.

Pero la suspensión de la deportación ni es una dádiva ni es una “amnistía” -porque no les confiere la residencia permanente en absoluto- sino que es un antídoto temporal al maltrecho sistema de inmigración en Estados Unidos, que no responde a las necesidades del actual mercado laboral en el país.

Es un balón de oxígeno que evita la asfixia de quienes afrontan el reto diario de pagar facturas y mantener una familia.

El Congreso está muy lejos de siquiera debatir una reforma migratoria integral, pero las demoras de ICE son igual de dañinas.