Dignos herederos de Pablo Escobar
Redacción | El Cronista Digital
Colombia nos quiere enredar con sofismas y juegos de palabras. Esa ha sido su actitud desde que la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en su contra y regresó a Nicaragua gran parte de su mar territorial el pasado 19 de noviembre.
No se trata de una táctica inteligente que vaya a enmarañar al adversario, es un país cuyos funcionarios se deshicieron de la decencia y caminan ahora por la senda oscura del delincuente común.
¿En qué se diferencia la clase gobernante colombiana de los narcotraficantes que aseguran perseguir? En nada. Ambos están al margen de las leyes y ninguno es confiable.
El gobierno de Bogotá saltó de júbilo cuando en 2007 la CIJ ratificó su soberanía sobre la isla de San Andrés y dos islotes más. Fueron por más lana y resultaron trasquilados. El acto de justicia de la Corte Internacional afectó sus reservas morales, si es que alguna vez las tuvieron.
Ahora actúan como salteadores de caminos, como dignos émulos de los delincuentes que persiguen. Son los valores de Pablo Escobar los que están sobresaliendo en un gobierno que de repente quedó en poder de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
La desvergüenza es total, al punto de que Santos y su pandilla han hablado de sus delitos en público y han hecho cómplices a gran parte de los colombianos.
El analista Vicente Torrijos calificó la movida como “un acto liberador y un cambio de actitud que va a llevar a que Colombia confíe más en la diplomacia” y confirmó que su país examina la relación que pueda seguir ligándolo con la Corte de La Haya, por vía de otros tratados.
“Esta decisión va de la mano del siguiente paso que, a mi juicio, debería ser desconocer el fallo -sin necesidad de decirlo-, con el fin de, si fuera del caso, ir al Consejo de Seguridad de la ONU para iniciar negociaciones en el juego de alianzas y balances de poder”, agregó el “analista” Vicente Torrijos.
Ejecutada la acción delictiva, el trabajo queda ahora en manos de los cómplices en forma de medios de comunicación que vienen mintiendo a la opinión pública desde hace meses cuando intentaron influir en la decisión de la Corte Internacional haciéndola creer que Colombia ejercía soberanía en cada una de las islas de San Andrés.
Ha sido grande la inversión económica que resultó infructuosa y más grande aún es el costo político para Juan Manuel Santos, quien pese a su acto patriotero difícilmente podrá reelegirse para un próximo periodo debido a que la suerte está echada para los colombianos, el ganador es Nicaragua.
Al renunciar a la jurisdicción de la Corte, Colombia se lanza al escenario internacional como el vándalo del vecindario que impone sus propias leyes aplicando su fuerza y su violencia. Nos amenazan, aborrecen de La Haya y se convierten en una nación que pretende fijar sus fronteras utilizando la fuerza.
Los medios de comunicación repiten en coro que “siguiendo el principio” de que los límites entre los Estados deben fijarlos los propios Estados, y no una corte, fue que Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá, que la ataba a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), la misma que la semana pasada le quitó al país una porción de su mar para entregársela a Nicaragua.
Según el diario El Tiempo, sus “analistas” calificaron el hecho como una decisión “jurídicamente válida” y audaz que le permitiría a Colombia liberarse de “ataduras” que le impedían defender sus intereses.
En cualquier otra parte que no sea la patria de Pablo Escobar, lo anterior se llama apología del delito.
Para Ricardo Abello, profesor y experto en derecho internacional, la denuncia “es una posición jurídica válida en derecho internacional”.
Si bien la Corte puede mantener su competencia para determinados casos, pues Colombia ha suscrito y ratificado tratados sobre temas como drogas y sustancias sicotrópicas, esta movida de Colombia, agrega Abello, “frena la competencia de la Corte a nivel regional bajo una perspectiva general”.
“El tema tiene un sabor agridulce, pero tengo la sensación de que el Gobierno se va a jugar por una labor más activa y asertiva. La confianza absoluta en el derecho internacional se está rompiendo, para jugar con mayor riesgo y audacia, lo que podría resultar a la postre en una política exterior y de áreas marinas mucho más sofisticada de la que hemos tenido hasta ahora”, afirma el historiador Enrique Serrano.