Nuevo juicio, as bajo la manga
El anuncio del presidente Daniel Ortega de demandar a Costa Rica en la Corte Internacional de Justicia es sorprendente y audaz, aunque debe ser visto en un contexto más y con cierta dosis de cautela.
Es absolutamente legítimo que Nicaragua como parte involucrada quiera acudir al alto tribunal. Las posiciones son encontradas, ambas partes reclaman para sí la isla Calero y cada una asegura que ésta es parte de su territorio.
Es necesario que ambos lados eviten acciones armadas, provocaciones o cualquier acto que ponga en entredicho la paz en la zona del rio San Juan. No hay absolutamente nada que ganar en semejante escenario. También deben los funcionarios, en particular los costarricenses, bajar el tono y dejar de amenazar con el uso de la fuerza.
Sin embargo, no existe ninguna garantía de un fallo favorable en la CIJ. Como ya sabemos, un juicio en La Haya es largo, incierto y costoso.
Igualmente, acudir a la OEA es un derecho de Costa Rica, pero dudosamente saldrá una solución al problema ya que la organización continental no dirime disputas fronterizas. Es posible que envíen una comisión y hagan recomendaciones. San José ha buscado solamente llamar la atención internacional con su recurso a la OEA.
Ambos gobiernos están obteniendo ventajas políticas. El gobierno de Laura Chinchilla ha sido muy criticado por asuntos internos recientemente y algunas voces le piden una definición en varios temas. Daniel Ortega busca su reelección pese a su inconstitucionalidad, y las acciones en defensa de la soberanía y de tipo nacionalista, dan réditos políticos a cualquier gobierno en cualquier país ya sea en Nicaragua, China o Estados Unidos.
Aunque no sea éste un motivo único, es claro que los dos ejecutivos están a la búsqueda de beneficios políticos y que se hallan bajo la presión de la opinión pública respectiva.
Quizás sea necesario entender la sorprendente decisión de Nicaragua en el contexto del conflicto limítrofe en el Mar Caribe con Colombia, que también se ventila en La Haya, en el cual Honduras y Costa Rica quieren intervenir como terceras partes, a lo cual se opone Nicaragua pero que, curiosamente, apoya Colombia.
Tanto Costa Rica como Honduras han sido piezas de la gran estrategia colombiana para acorralar a Nicaragua y negar al país un territorio marítimo justo y correspondiente a la proyección de su costa, habiendo ambos vecinos firmado tratados limítrofes con Bogotá.
En su fallo de 2007, la CIJ echó por tierra el argumento hondureño de que el paralelo 85 era la frontera en el Caribe, como se consigna en el Tratado Ramírez-López; por asociación, los argumentos colombianos también han sido debilitados. Y para remate, cuando la CIJ falló sobre las objeciones preliminares de Colombia a su competencia – un claro ardid colombiano para ganar tiempo — en diciembre de 2007, el alto tribunal, si bien reconoció la soberanía del país sudamericano sobre San Andrés y Providencia, constató que no existe una frontera delimitada en el Caribe, con lo cual asestó un golpe contundente al caprichoso y oportunista argumento colombiano de que su frontera marítima con Nicaragua es el meridiano 82.
La nueva estratega colombiana incluye la participación de Costa Rica y Honduras – Colombia la defiende con ahínco – en el juicio contra Nicaragua. Al menos con Honduras, la coincidencia de argumentos es asombrosa, y la malicia de la mente sugiere a veces que los equipos de abogados de ambas naciones tienen, aparentemente, un mismo patrón, aunque esto es sólo una especulación.
Una nueva demanda nicaragüense, esta vez contra Costa Rica, es un instrumento de presión sobre el país vecino del sur cuya participación en el juicio contra el estado colombiano podría ser perjudicial para Nicaragua. Al final, siempre se puede negociar y hablar, y las demandas pueden ser retiradas. Me jaqueas por aquí, te jaqueo por allá.
En esta movida audaz de ajedrez, no descarto la astucia y la experiencia del ex canciller Miguel D’Escoto y de viejos diplomáticos sandinistas.
*Periodista y analista de temas internacionales