EU podría matar con drones a sus ciudadanos

El Gobierno de los Estados Unidos puede ordenar matar a un ciudadano estadounidense si se le considera cabecilla de operaciones de Al Qaeda o alguna de sus fuerzas asociadas, incluso aunque no existan informes del servicio de inteligencia de su implicación en un plan de ataque contra EE.UU.

El Departamento de Justicia ha asentado las bases legales para autorizar la muerte de ciudadanos norteamericanos en ataques con aviones no tripulados en los casos en que se revele su vinculación con Al Qaeda y en que se determine que suponen una «amenaza inminente».

Desde que Barack Obama asumió en 2009 la Presidencia de EE.UU. han aumentado los ataques con aviones no tripulados en el extranjero, sobre todo en Pakistán y Yemen, lo cual ha generado polémica en estos países.

Estos ataques han causado la muerte de cientos de supuestos miembros de Al Qaeda y se han justificado como actos de autodefensa coherentes con el Derecho Internacional.

Los detractores consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales que causan, además, la muerte de civiles.

Según un informe desclasificado del Departamento, de 16 páginas y que ha llegado a poder de la cadena de televisión NBC News, las autoridades norteamericanas pueden autorizar la muerte de estadounidenses en el extranjero cuando se trata de líderes de Al Qaeda o de cualquiera de sus aliados.

El documento, que no tiene fecha, considera que estos ataques no violan la soberanía de otros países en los casos en que sus Gobiernos den su consentimiento o demuestren falta de voluntad o de capacidad para acabar con estas amenazas individuales. Además, concluye que los bombardeos con los aviones no tripulados en el extranjero tampoco contravienen la Constitución estadounidense en los casos en que las máximas autoridades norteamericanas establezcan que los objetivos individuales suponen una «amenaza inminente» contra EE.UU. o que la captura de esas personas es «inviable».

La operación tampoco es anticonstitucional si puede llevarse a cabo «en coherencia con las leyes de la guerra», según el informe, que advierte de que los tribunales no tienen ningún poder de revisión o control de estas actividades.

En cuanto a la definición de «amenaza inminente», el documento destaca que no es necesario que haya pruebas de que se esté planificando ningún ataque en concreto en los casos en que conste la implicación frecuente del individuo en conspiraciones contra EE.UU.

La principal organización de Derechos Humanos de EE.UU., la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advirtió, en palabras de su subdirector para asuntos legales, Jameel Jaffer, de que pone de evidencia «tanto la imprudencia de los argumentos centrales del Gobierno» como «las deficiencias del sistema defensivo». El informe del Departamento de Justicia, según Jaffer, autoriza estos ataques «incluso cuando la amenaza no es inminente y cuando el objetivo nunca ha sido imputado de crímenes ni informado de las acusaciones en su contra e incluso cuando el objetivo no se halla cerca de una zona de combate».

La filtración del documento, firmado por el secretario de Justicia, Eric Holder, ha provocado un enorme revuelo. Según The Guardian, once senadores, republicanos y demócratas, escribieron a Obama exigiendo justificaciones legales para acometer la matanza de ciudadanos estadounidenses con drones.

«¿Qué margen de evidencia necesita el presidente para determinar que un ciudadano forma parte de un grupo terrorista?, ¿debe dar a los americanos la posibilidad de entregarse? o ¿puede el presidente ordenar matar a un estadounidense dentro de los EE.UU.?», son algunas de las cuestiones que los senadores plantean en el escrito, según cuenta el senador y miembro del comité de inteligencia Ron Wyden.

El diario The New York Times publicaba el martes en portada una información en la que destacaba que los ataques con drones son, por primera vez, motivo de «escrutinio público». En ese mismo artículo se incluía la noticia de que EE.UU. dispone de una base para ese tipo de aparatos en Arabia Saudí.