Lógica de mercado en soluciones al cambio climático
Existen muchos intereses económicos que afectan el cambio climático, denunciaron indígenas.
Las soluciones al calentamiento basadas en la lógica del mercado amenazan derechos y medios de vida de los pueblos nativos, concluyó el Foro Indígena Latinoamericano sobre Cambio Climático reunido en Costa Rica.
Esas propuestas «de gobiernos y ONG internacionales», como el mecanismo de desarrollo limpio y la REDD (Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) «constituyen nuevas formas de geopolítica económica» que ponen en juego derechos indígenas consagrados en tratados, afirma la declaración final de la reunión, concluida el miércoles pasado.
Así, estados y empresas transnacionales promueven «represas, agrocombustibles, exploraciones petrolíferas, plantaciones forestales, monocultivos» que causan «expropiación y destrucción de nuestros territorios», y «criminalización, judicialización y hasta asesinatos de hermanas y hermanos indígenas», afirma el documento.
El Foro estuvo conformado por el Consejo Indígena de Centro América, el Consejo Indígena Mesoamericano, la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sud América, la Cátedra Indígena Itinerante y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas.
Los nativos organizados proponen soluciones «holísticas y respetuosas de los derechos humanos y de la Madre Tierra», que no se limiten al conocimiento científico occidental y que incluyan saberes «tradicionales, innovaciones y prácticas indígenas» que «han contribuido a los esfuerzos de conservación de los ecosistemas y biodiversidad».
América Latina cuenta con unos 400 pueblos originarios, que suman unos 45 millones de personas.
«Discutimos las estrategias y posiciones de los pueblos indígenas sobre el cambio climático», dijo a IPS el coordinador general de Sotz’il – Centro para la Investigación y Planificación del Desarrollo Maya en Guatemala, Ramiro Batzin.
Los gobiernos hablan entre ellos sin tener en cuenta a la sociedad civil, y los indígenas deben ser escuchados, por ser los más afectados por el calentamiento global, apuntó.
El cambio climático se debe «a un modelo de desarrollo que ha forzado a los indígenas a la pobreza y a la extrema pobreza», añadió.
Los principales daños que sufren son la falta de alimentos a causa de las sequías e inundaciones, y la pérdida de identidad cultural.
Mediante la iniciativa REDD, los países más ricos pagarían para mantener bosques de regiones tropicales como forma de compensar sus emisiones de carbono, el principal de los gases que recalientan la atmósfera.
Los nativos constatan que «la gran mayoría de los sitios que están proponiendo los gobiernos y algunas ONG (organizaciones no gubernamentales) para participar en el mecanismo REDD, se localizan en los territorios indígenas».
Esto demuestra que son los territorios mejor conservados, pero vuelve urgente defender garantías de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente las «territoriales, la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado», afirma la declaración.
«Los estados no lo quieren ver, y tienen un enfoque netamente comercial», dijo Batzin.
Las esperanzas están puestas en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, organizada por el gobierno de Bolivia para el mes de abril y concebida como un camino alternativo a las soluciones exploradas hasta ahora por la comunidad internacional.
Las negociaciones oficiales se retomarán en la conferencia que celebrarán las Naciones Unidas en noviembre en México, tras el fracaso de la reunión anterior, efectuada en diciembre en Copenhague.
En todo caso, «el fracaso fue esperar que de una reunión saliera algo. Con la crisis económica, los países desarrollados no quieren sacrificar su producción», comentó a IPS Pascal Girot, coordinador para Mesoamérica y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El actual modelo «está exterminando a la madre naturaleza», dijo Batzin y criticó a los gobiernos de Panamá, Costa Rica y Guatemala, que no protestaron por los documentos emergidos de Copenhague, «poco democráticos y faltos de transparencia».
Costa Rica, por ejemplo, pretende ser un país neutro en carbono hacia 2021, y vender a los países industrializados mecanismos de mitigación de emisiones de gases invernadero.
«Es un permiso para contaminar. Es una solución para Costa Rica, con una lectura muy utilitaria para este país. Pero es el principio del que contamina paga, que es el único que tenemos ahora», afirmó Girot.
Esos mecanismos, como la REDD, deben garantizar la permanencia en el tiempo de los grandes bosques. Pero conseguirlo en América Central es «muy complicado», debido a las presiones sobre las áreas boscosas, «y a que los inversionistas quieren tener garantías, que el mecanismo sea medible», dijo Girot.