Torturas y detenciones arbitrarias contra mujeres en Nicaragua
* Impactante informe de Amnistía Internacional donde señala además abusos electorales y la prohibición de todas las formas de aborto
Una situación impactante que refleja detenciones arbitrarias, torturas y violencia contra las mujeres y las niñas en Nicaragua, aparecen entre las denuncias de violaciones de los derechos humanos recogidas por Amnistía Internacional (AI) en su informe anual, publicado este miércoles en Londres.
AI recoge en su reporte la muerte de tres personas y las decenas de heridos registrados tras las elecciones municipales del pasado mes de noviembre en el país centroamericano.
Según AI, «las tensiones se habían agudizado antes de los comicios debido a las acusaciones de fraude e irregularidades contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder, y otros grupos políticos más pequeños, presuntamente aliados con él».
AI recoge informaciones de organizaciones de derechos humanos que denunciaron que la policía detuvo a seguidores del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y «los sometió a malos tratos bajo custodia».
Algunos detenidos dijeron «haber sido golpeados y hubo mujeres y niñas que afirmaron que las habían obligado a quitarse la ropa delante de agentes varones, quienes las humillaron y las amenazaron con violencia sexual», señala el texto.
La entrada en vigor en junio de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) es considerada «un paso positivo» en el informe, aunque señala como «motivo de preocupación» la falta de recursos para garantizar su aplicación.
Durante el primer semestre de 2012, la Comisaria de la Mujer y la Niñez recibió 1.862 denuncias de violencia sexual, de ellas el 80 % de las víctimas correspondía a menores de 17 anos, revela el texto.
El informe destaca que la legislación en Nicaragua sigue penalizando todas las formas de aborto y que la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la visita que hizo a Nicaragua en mayo, instó al gobierno a revocar la prohibición total del aborto y analizar la relación entre la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos.