Seaflower y canal, “armas secretas” contra Nicaragua
*Colombia parece dispuesta a imponer récord de insensateces con tal de no acatar el fallo de La Haya
La reserva de biosfera Seaflower, que en su mayoría pertenece a Nicaragua tras el fallo de La Haya que regresó a nuestro país más de 75 mil kilómetros cuadrados del mar Caribe, es una de las presuntas “armas secretas” de Colombia para revertir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del 19 de noviembre de 2012. La otra es el canal interoceánico.
El Espectador publicó este fin de semana que el gobierno colombiano ya tiene en sus manos los informes que estaba esperando para determinar las salidas jurídicas frente al fallo de la CIJ, y tanto la firma británica Volterra Fietta como el grupo asesor colombiano coinciden en un ese punto.
El “descubrimiento” de tal argumento es tan simple, que hasta suena infantil: Para solicitar el recurso de revisión o interpretación del fallo, Colombia podría argüir que la sentencia de la Corte no reconoció el área correspondiente a la reserva de biosfera Seaflower y la puso en peligro.
Último asidero
Esta zona de 349.000 kilómetros, declarada en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el hábitat de más de 400 especies de peces, de ecosistemas interconectados y uno de los sistemas productivos más extensos a nivel oceánico en el Caribe. Con esa declaratoria de la ONU, Colombia asumió el control y manejo ambiental de Seaflower frente a la comunidad internacional.
Tras la sentencia, Colombia perdió el 54% de la zona y después de convencerse que el fallo es de ineludible cumplimiento, encontró lo que para ellos y sus asesores extranjeros parece ser el último asidero: existe un alto riesgo de que Nicaragua empiece a hacer exploraciones para extraer petróleo y recursos naturales del subsuelo, especialmente de los 65.000 kilómetros cuadrados que fueron declarados en 2005 como área marina protegida por su riqueza natural.
La Fundación Dos Océanos adelanta una cruzada para evitar que Nicaragua desarrolle actividades petroleras en la reserva. Sin embargo, reportes de prensa señalan que desde 2006 el gobierno nicaragüense impulsa planes de exploración en esa zona del archipiélago de San Andrés, cuando el Instituto Nicaragüense de Energía aprobó la exploración y la explotación de petróleo a manos de MKJ Exploraciones Internacionales y la compañía Infinity Energy, empresas norteamericanas.
Ortega les aclaró ese punto
El 22 de noviembre de 2012, el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano le pidió a la Organización de Naciones Unidas que abogara por la conservación de la reserva de biosfera, pues “las poblaciones del archipiélago de San Andrés y Providencia que generan su sustento, su vida, su economía de la reserva de biosfera, se verían afectados en gran medida por las actividades de exploración y explotación de petróleo y las consecuencias que se derivan de éstas, generando impactos irreversibles sobre los ecosistemas”.
Durante un encuentro en diciembre de 2012, entre los presidentes Juan Manuel Santos y Daniel Ortega, este último aseguró que no explotará Seaflower. “Una de las grandes preocupaciones del presidente Santos es que Nicaragua entregue concesiones petroleras en la zona. Les digo que no lo estamos haciendo. De eso pueden estar seguros en el mundo y puede estar seguro el pueblo colombiano”, dijo el mandatario.
El canal interoceánico
No es el único riesgo que se cierne sobre Seaflower. La confirmación que hizo Ortega de la intención de su país de construir un canal interoceánico le augura un oscuro panorama a la reserva. El pasado 19 de mayo el presidente nicaragüense no sólo confirmó que su país va a construir un canal que une los océanos Atlántico con el Pacífico, sino que es una empresa china la que realizaría la megaobra.
Según expertos consultados por El Espectador, la construcción del canal sería la estocada final para Seaflower, que podría desaparecer en cuestión de años, lo que hace urgente que la Corte tenga en cuenta este hecho “nuevo” que no consideró al emitir la sentencia.
El subdirector de mares y costas de la corporación ambiental Coralina, Erick Castro, aseguró que las amenazas sobre los arrecifes coralinos cercanos al archipiélago de San Andrés van a multiplicarse con el canal. “En este momento el archipiélago es una de las zonas con mayor tráfico marítimo del mundo.
El “cuento chino”
Nos encontramos sobre la mayor área de influencia del canal de Panamá, así que los buques se han convertido en un problema, sobre todo en el sistema coralino de Quitasueño, donde frecuentemente terminan encallados.
Hemos adelantado gestiones con las autoridades marítimas para que los barcos no pasen tan cerca de los corales, pero el riesgo es inminente y si se construye un segundo canal más grande, los buques no sólo transitarían sino que se establecerían zonas de permanencia (fondeo) donde podrían ocurrir accidentes…”.
Así, el Gobierno colombiano, además de considerar la tesis de la excanciller Noemí Sanín y el abogado Miguel Ceballos sobre la influencia china en la decisión de la Corte por su interés económico y geoestratégico en la construcción del canal en un supuesto tráfico de influencias, también estaría evaluando cómo incluir esta amenaza ecológica sobre la reserva y todo el archipiélago de San Andrés.