México busca ser más justo con migrantes
* Desde el lunes cuenta con instrumento jurídico para terminar con estigma que los criminaliza
El sistema judicial de México cuenta desde el lunes con un instrumento que debe facilitar la aplicación del proceso debido y la justicia a los migrantes y personas sujetas de protección internacional.
Estas personas “representan uno de los mayores retos en materia de derechos humanos, pues, respetar y garantizar sus derechos implica superar el concepto limitado de ciudadanía”, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Juan N. Silva Meza, al presentar el protocolo públicamente hoy en el edificio sede de la Suprema Corte.
El Protocolo, que está diseñado para el uso por jueces, “describe los criterios de aplicación de otros derechos necesarios para garantizar el acceso a la justicia como el acceso a la información, la asistencia legal, la defensa adecuada y gratuita, la asistencia consular y el derecho a una o un intérprete o traductor”, dijo el ministro presidente Silva en presencia de autoridades internacionales que vigilan por la defensa de los derechos humanos y el trato de los migrantes.
Entre dichas personalidades estaban Hamdi Anwar Ahmed Bukhari, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y Thomas Weiss, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El Protocolo brinda directrices a las autoridades judiciales en atención de personas migrantes y sujetas de protección internacional, instrumento elaborado por la organización Sin Fronteras a solicitud de la Suprema Corte. Se encargó la coordinación del Protocolo a Nancy Pérez, directora general de Sin Fronteras, y la elaboración a Mónica Oehler Toca, responsable del área de Defensoría de Sin Fronteras.
“Dicho protocolo busca coadyuvar a la emisión de criterios jurisprudenciales con enfoque de derechos humanos que consoliden el cambio del paradigma que criminaliza a la migración por aquel que reconoce a las personas migrantes y sujetas de protección internacional como sujetos de derechos”, dijo Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras.
Sin Fronteras es una organización no gubernamental apoyada por la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México, (Cammina) integrada por la Fundación Ford, Open Society Foundations y Fundación Avina.
Para Cammina es muy importante el liderazgo de Sin Fronteras en el desarrollo de este instrumento que permite materializar el enfoque de derechos humanos para el tratamiento de la población migrante en México, y pretende sentar un precedente que puede y debe ser replicado por otros países.
El Protocolo tiene su origen en la reforma Constitucional de derechos humanos aprobada por el congreso mexicano en 2011 que estableció varios mecanismos para mejorar la defensa de los derechos humanos y consideró como ley mexicana los tratados internacionales en derechos humanos firmados por el estado mexicano.