Pastrana teme hablar sobre fallo de La Haya

* Se aferra al débil expediente del “expansionismo” de Nicaragua y señala que “prefiero que me sancionen a revelar secretos de Estado” y por último pide la prescripción del caso alegando que ya pasaron cinco años

El ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anunció que no hablará de su responsabilidad en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que devolvió a Nicaragua más de 90 mil kilómetros cuadrados de mar Caribe, alegando que sería revelar “secretos de Estado”.

Para el próximo 22 de octubre la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene previstas dos diligencias de versión libre sobre el proceso que abrió recientemente por el diferendo entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, según recuerda la publicación “Semana.com”.

Están citados los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, a quienes se investiga por su presunta responsabilidad en el fallo adverso de la Corte de La Haya que le quitó más de 90.000 kilómetros de mar continental a Colombia en el Caribe para devolvérselos a Nicaragua.

Pastrana ya aceptó cumplir con la citación de la Comisión de Acusaciones, sin embargo, le aclara al investigador del caso, el representante Yahir Acuña, que no dirá una sola palabra sobre la estrategia de defensa adelantada por Colombia. Es decir el expresidente Pastrana no abrirá la boca sobre el caso Nicaragua.

Así se lo hizo saber Pastrana mediante su abogado, el excomisionado de Paz Camilo Gómez, quien en las últimas horas le envió una carta a la Comisión de Acusaciones, en la que no sólo pide la prescripción del proceso, sino que señala al representante Germán Navas Talero (Polo), quien presentó la queja en su contra, de tener intereses políticos y particulares, pero no patrióticos, en que se deje al descubierto la estrategia de Colombia, que a juicio del expresidente Pastrana goza de absoluta reserva.

Según la carta, conocida por Semana.com. Pastrana asegura que los asuntos de seguridad nacional, los de la política exterior y todos los debates, estrategias y conceptos que hubieran resultado de las reuniones adelantadas en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y en las demás instancias en las que se haya discutido asuntos de seguridad nacional tales como los relacionados con el litigio con Nicaragua, se encuentran sujetos a reserva.

“Razón por la cual me encuentro en la obligación constitucional y legal de manifestar que ante cualquier indagación sobre asuntos reservados en una materia como el litigio con Nicaragua, en la diligencia a la que se ha citado, mi defendido cumplirá con su deber legal de asistir pero se abstendrá de hacer cualquier manifestación sobre la estrategia y desarrollo del proceso acogiéndose al secreto legal impuesto por los asuntos de seguridad nacional que aún se discuten y guardará silencio pues cualquier revelación que se haga en torno a la situación con Nicaragua, puede tener graves implicaciones frente al proceso actual con ese país, así como frente a otros procesos internacionales que enfrenta Colombia”, explica Pastrana a través de su abogado.

Y agrega que “resulta preferible ser sancionado disciplinariamente antes que revelar las estrategias y conceptos de la política exterior colombiana que pongan en riesgo la soberanía de Colombia. Descubrir semejante información podría constituirse en una falta mayor, pues se estarían entregando a Nicaragua y otras posibles contrapartes las estrategias colombianas sobre el particular”.

Incluso Pastrana califica la queja presentada por Navas Talero de carecer de sustento legal y de tener interés político. “No se puede descartar que la queja de este representante solo tenga por objeto o solo busque como efecto revelar los secretos y estrategias que se tomaron en torno a la situación presentada con Nicaragua, y así dar pie a la materialización de las pretensiones expansionistas que ha venido demostrando el vecino país. (…) Esta queja resulta una actitud poco patriótica que puede esconder el interés de entregarle al gobierno expansionista de Nicaragua las herramientas de la estrategia colombiana”.

Camilo Gómez aclara que el expresidente Pastrana nada tiene que ocultar en sus actuaciones y menos frente a la demanda presentada por Nicaragua. “Sus actuaciones fueron transparentes y patrióticas y se basaron en la búsqueda del consenso en el manejo de las relaciones internacionales. Igualmente, sus actuaciones siempre se ajustaron a la Constitución y a las leyes. Razón por la cual no revelará ninguna información que ponga en riesgo nuestra soberanía”.

Pero el expresidente Pastrana, a través de su abogado, dice que él y Uribe no pueden ser los únicos expresidentes a quienes se investigue y se les trate de establecer responsabilidades disciplinarias por el fallo adverso del tribunal de La Haya del pasado 19 de noviembre del 2012.

El argumento de Pastrana es que Colombia ha mantenido la tradición de manejar los asuntos de política exterior como una política de Estado y de consenso entre todos los sectores políticos. “Si se busca establecer las responsabilidades disciplinarias sobre lo sucedido, debe entonces investigarse a todos los presidentes y cancilleres desde el año 1968 hasta hoy, así como a todos los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, incluyendo los miembros del Congreso que participaron en ella”.

Para Pastrana no hay ningún tipo de falta disciplinaria en el caso del litigio con Nicaragua, por lo que dice que la investigación de la Comisión de Acusaciones carece de sustento legal. Por el contrario, el expresidente asegura que lo que sí se puede constituir una falta disciplinaria y hasta penal “es la presentación de denuncias infundadas con extraños intereses de por medio. La responsabilidad de un parlamentario y la libertad de formular quejas disciplinarias está enmarcada por la buena fe de la existencia de causales reales y probables”, dice en clara alusión al congresista Navas Talero.

Y finalmente en la carta que le dirigió a la Comisión de Acusaciones, el abogado del expresidente Andrés Pastrana pide que se declare la prescripción del proceso con el argumento que la acción disciplinaria ya superó el término de cinco años establecido en la ley a partir de la consumación de la falta, en aquellas de carácter instantáneo, y desde la realización del último acto, en las de carácter continuado o permanente.