Analizan legislación vinculada al crimen organizado

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Marvin Aguilar García, asistió al taller técnico de validación de una propuesta armónica de la legislación penal contra el crimen organizado en Centroamérica, con el fin de analizar sus leyes y homogenizar las penas relacionadas con el tema.

“Nos reunimos como un equipo técnico para analizar todas las legislaciones que están vinculadas con el crimen organizado en Centroamérica y así estudiar a fondo los tipos de delitos como la asociación ilícita, el lavado de dinero activo, blanqueo de capital, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tráfico de armas, trata de personas, peculado, y cohecho”, dijo el magistrado vicepresidente de la CSJ.

Al encuentro asistieron los representantes designados por las máximas autoridades de sus instituciones, para aportar el criterio técnico necesario con el objetivo de debatir y validar la propuesta armónica.

Miembros de las Cortes Supremas centroamericanas, del Consejo Nacional de la Judicatura, de Ministerios Públicos, Ministerios de Justicia, Gobernación y Seguridad Pública de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, fueron parte del equipo que desarrolló la propuesta contra el crimen organizado.

“Todos estos aspectos fueron estudiados para que los tipos penales tengan un procedimiento homogéneo en Centroamérica, su condena sea también homogénea; alcancen una mejor coordinación de elementos que contribuyan al auxilio judicial entre los países hermanos y realicen un intercambio de información, repatriación de algunos condenados extranjeros y extradición de la delincuencia internacional bajo un ambiente fluido, siempre y cuando se alcance una coordinación armónica entre los países,” agregó.

Nicaragua no aumentaría pena

Al referirse a una condena homogénea en Centroamérica por el delito de crimen organizado, el magistrado Aguilar señaló que a diferencia de algunas legislaciones centroamericanas que dictan sentencias de 40 u 80 años, Nicaragua no adoptaría homogenizar la pena, ya que el máximo de la condena aquí es de 30 años. Es por eso que se enfatiza en alcanzar una coordinación entre las naciones que forman parte del equipo técnico que está desarrollando la propuesta de armonización de la legislación penal contra el crimen organizado en Centroamérica.

Asimismo, el magistrado Aguilar García destacó que Nicaragua y su legislación penal es la más actualizada, ya que su sistema de justicia penal trabaja bajo un clima de paz y tranquilidad. “Nosotros en Nicaragua tenemos una legislación actualizada, incluso, tenemos bien tipificados y señalados cada uno de los delitos que están siendo incluidos y analizados en esta propuesta de países centroamericanos contra el crimen organizado”, agregó el vicepresidente de la CSJ.

Al finalizar el encuentro entre representantes de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Panamá, se anunció que para el próximo 22 y 23 de junio de este año, se reunirán en Guatemala los presidentes de Centroamérica, Fiscales Generales, Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, una representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Sistema de Integración de Centroamérica, (SICA), y como invitada especial la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, para valorar el tema de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Dentro de los compromisos está la aprobación del documento de conclusiones realizado por el equipo técnico, el cual recoge el consenso alcanzado en los debates durante las sesiones de trabajo que pretenden constituir una base para el proceso de armonización regional en la legislación sustantiva y procesal penal contra el crimen organizado.

A su vez, impulsar, crear, revisar y modificar los instrumentos jurídicos regionales existentes, en función de ajustarse a un proceso de armonización y adaptación a las necesidades y realidades actuales que atraviesa Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Identificando los parámetros mínimos comunes para avanzar en aras de mejorar la cooperación jurídica y la respuesta efectiva y ágil a este fenómeno.

Texto: Yelba Orozco