113 campesinos asesinados en Aguán en gobierno de Lobo
Campesino asesinado en Valle del Aguán.
* En el Valle del Aguán operan sicarios de varios terratenientes y elementos de la Seguridad del Estado, según los hombres de campo
Campesinos organizados en el Caribe de Honduras, denunciaron que en el gobierno que presidió Porfirio Lobo fueron asesinados 113 labriegos en el Valle del Aguán, por guardias de seguridad privada y elementos de cuerpos de seguridad del Estado.
«Condenamos el asesinato de 113 compañeros y compañeras en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, hechos que evidencian la participación de paramilitares, guardias de seguridad de corporaciones de terratenientes en confabulación con los aparatos represivos del Estado», indicó la organización en Tegucigalpa.
En el Valle del Aguán dos de los terratenientes más connotados son el nicaragüense René Morales Carazo y el hondureño Miguel Facussé Barjum. La denuncia, hecha en rueda de prensa, añade que a raíz de los 113 crímenes en la zona hay «al menos 400 niños y niñas huérfanos, madres viudas, decenas de hombres y mujeres heridos».
Los hechos «reflejan los niveles de impunidad» de dos empresas agrícolas privadas que operan en la zona, a la que los campesinos organizados del Aguán acusan de acaparar tierras desplazando a las comunidades de labradores, confabulados con «la débil institucionalidad de los entes encargados de impartir justicia».
Los denunciantes indicaron además que «la crisis agraria y alimentaria» que vive Honduras «fue generada en 1992 en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) con la aprobación de la fatídica e inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola».
Las dos empresas agrícolas privadas que señalan los campesinos, «no solamente violentan los derechos elementales como el de la vida, sino que también dañan el medio ambiente a través de la contaminación de los ríos», añade la denuncia. Ante esa situación, los labradores pidieron al Banco Mundial que no siga financiando a las dos empresas porque «no cumplen con los deberes sociales, ambientales y derechos fundamentales».