Nuevo vuelo en España para deportar migrantes
Según informa la Campaña Estatal contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, integrada por distintos profesionales, asociaciones y ONG, este martes 25 de febrero un nuevo vuelo de deportación saldrá del aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, con destino Bogotá (Colombia).
El vuelo tendrá otras escalas en Latinoamérica. “Al menos, podemos confirmar que una de ellas será Santo Domingo (República Dominicana)”, comentan en un comunicado que han hecho llegar a la prensa.
También denuncian que quienes van a ser deportados no son notificados con el margen de 12 horas que dicta la normativa y que 94 personas internas en el CIE de Aluche han presentado una queja dirigida al Juzgado de Vigilancia del CIE, en la que denuncian que “se está desestimando, despreciando y atropellando nuestro arraigo, vulnerando nuestros derechos y los de nuestras familias. Separándonos de ellas y pisoteando el derecho natural de nuestros hijos y, sobre todo, de nuestros hijos menores de edad, exponiéndolos al desamparo y al abandono”.
En el mismo documento se denuncia que el pasado día 13 de febrero no solamente se produjeron vuelos de deportación a Senegal y Marruecos, sino que además se produjo una deportación a Nigeria en la que se incluyó a personas que no procedían de este país. Y unas líneas más allá las personas internas reconocen no haber podido ayudar a sus compañeros marroquíes deportados el 20 de febrero, de los que oyeron “sus gritos y lamentos y sus desgarradores llamados de auxilio”.
Algunos de ellos ni siquiera sabían que iban a volar a pesar de la obligación legal de que las expulsiones sean notificadas con 12 horas de antelación. Además, y siempre según la queja de este casi centenar de personas internas, existen celdas en los sótanos de Aluche donde se encarcela a personas que “han cumplido condenas en cárceles españolas y pueden estar bajo tierra hasta 10 días”.
El Ministerio del Interior fletó en 2012 un total de 153 vuelos de repatriación de inmigrantes a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y otros 13 en colaboración con la Agencia Europea de control de las fronteras exteriores (FRONTEX), con los que se logró la expulsión de 3.251 extranjeros.