Nicaragua con “situación grave” en violencia contra mujeres
Nicaragua aparece con una “situación grave” en cuanto a la violencia doméstica, un problema común en al menos once naciones latinoamericanas, donde hasta un tercio de mujeres ha experimentado violencia física y un 16% la violencia sexual en algún momento de sus vidas, según un estudio difundido el miércoles por la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet.
La ex presidenta chilena dio a conocer en una rueda de prensa un reporte de 169 páginas en el que entre otras cosas se expone que un informe de ONU Mujeres, en Costa Rica, Paraguay y Perú, precisa que hasta un 20% de mujeres ha experimentado algún asalto sexual pero muy pocas informan a la Policía. En Colombia, un 33% de las mujeres sufrió violencia física alguna vez entre el 2000 y el 2010. La situación es también grave para El Salvador y Nicaragua.
«Muchos países latinoamericanos tienen leyes contra esto pero hay una gran distancia entre la ley y su implementación», dijo Bachelet. La falta de representación política, la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres y la falta de protección laboral para mujeres son otros de los problemas que denuncia el informe «Progreso de las mujeres en el mundo» («Progress of the World’s Women»).
El problema de la violencia doméstica prevalece a pesar de que un 97% de países latinoamericanos y del Caribe ha aprobado leyes en contra de ésta, según la agencia Efe.
En contra de violencia, pero las agreden
Sondeos realizados en países de la región demuestran, además, que una media del 85% de la población piensa que no tiene justificación que un hombre golpee a su esposa. Aún así, un 15% de las mujeres en Chile reportó sufrir violencia física en algún momento de la última década.
En Costa Rica la cifra fue del 33% y en Perú del 31%, según el informe.
«Las leyes no significan nada si no son implementadas. Estructuras judiciales débiles representan importantes barreras para lograr justicia para las mujeres en América Latina y el Caribe», asegura el informe. «Estos obstáculos son peores para las mujeres, quien muchas veces desconocen sus derechos, enfrentan estigma social, o no pueden cubrir costes judiciales».
El documento de la agencia de Naciones Unidas denuncia también que en Bolivia, República Dominicana, Colombia, Perú, Honduras y Haití al menos una cuarta parte de las mujeres asegura no tomar decisiones en su casa, ya que éstas son tomadas por sus esposos. El reporte denuncia que eso representa una falta de autoridad que les dificulta además el acceso al sistema judicial.
Uno de los avances logrados en la región, sin embargo, son las estaciones de policía formadas por mujeres y dedicadas a atender asuntos que afectan a mujeres.
Estas comisarías existen en 13 países latinoamericanos. Brasil abrió la primera en 1985 en Sao Paulo y hoy cuenta con más de 450 en todo el país. El reporte también expuso como logro la creación de instituciones como la Casa de la Mujer Indígena (CAMI), en México, la cual no sólo trabaja con víctimas de violencia doméstica sino que también trabaja con tribunales locales para defender los derechos de las mujeres.
Nicaragua con leyes pro zonas francas
En El Salvador, Honduras y Nicaragua la mujeres representan un 75% de los trabajadores en Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPEs), o zonas de manufacturación, donde las normas laborales o medioambientales son a veces eliminadas para atraer a inversionistas extranjeros.
Bachelet destacó que la falta de representación política es otro problema a resolver, aunque seis países de la región (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Guayana) ya han superado el 30% de representación femenina en sus respectivos parlamentos.
«No estoy obsesionada con la política pero necesitamos mujeres en esos puestos», dijo Bachelet. «Lo que vemos es que los problemas que presenta Latinoamérica y el Caribe no son distintos del resto del mundo».
A nivel global, el informe de la ONU denuncia que más de la mitad de las mujeres que trabajan tienen empleos inseguros sin leyes que las protejan y que unos 600 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no es un crimen.
El reporte pide a los gobiernos que rechacen leyes que discriminan a las mujeres, apoyen servicios innovadores de ayuda legal y cortes especializadas para asuntos de mujeres y que hagan más fácil el acceso a los tribunales para denunciar crímenes.