Conflicto de interés

Rubén Aguilar Valenzuela

La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de solicitar se investigue el posible conflicto de interés, en la compra de propiedades por parte de él, su esposa y el secretario de Hacienda a contratistas del gobierno del Estado de México y el gobierno federal, es correcta.

El problema surge cuando esa petición la hace al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, en el mismo momento que le da el cargo. El titular de la dependencia colaboró en la campaña del presidente, es amigo del secretario de Hacienda, y ya se desempeñaba como funcionario del actual gobierno.

La buena decisión del presidente queda invalidada al momento que uno de sus colaboradores, ahora elevado al rango de secretario, y amigo de uno de los implicados, se hace cargo de la investigación.

Él, lo quiera o no, es juez y parte, y como tal está en medio de un muy claro conflicto de intereses.

¿Un secretario nombrado por el presidente va realmente a juzgar si estuvo o no implicado en un conflicto de interés, al hacerse de propiedades que supuestamente le vendieron contratistas de su gobierno? Hay que dar el beneficio de la duda y esperar el resultado de la investigación, pero de antemano es altamente probable adelantar cuál será la respuesta.

Si el presidente quería se aclarara el conflicto y ganar credibilidad frente a la ciudadanía, debió haber solicitado la creación de una comisión independiente, para que realizara la investigación.

Ahora, lo que la ciudadanía entiende es que no se quiere realmente investigar y se trata sólo de un discurso vacío y políticamente correcto.

De los encuestados, 60% piensa que a la esposa del presidente le regalaron la casa a cambio de contratos con el gobierno, y sólo 12% que es producto de su trabajo; 39% piensa que al secretario de Hacienda le regalaron la casa a cambio de contratos con el gobierno y sólo 5% que es producto de su trabajo, de acuerdo a la encuesta GEA-ISA de enero del 2015.

La misma encuesta menciona que 71% piensa que es incorrecto que la esposa del presidente haya comprado la casa a un contratista del gobierno y sólo 8% lo ve como algo correcto; 56% piensa es incorrecto que el secretario de Hacienda haya comprado la casa a un contratista del gobierno y sólo 3% opina que es correcto.

A esas valoraciones y dudas de la ciudadanía es a la que debe responder una investigación sobre el caso. La única posibilidad de que ésta creyera en el resultado de la misma estaba en que fuera encabezada por una instancia independiente, y no por una oficina presidida por un colaborador del presidente.

Desde ahora ya se puede decir que cualquiera que sea el resultado de la investigación, necesariamente parcial, no va a ser creíble para la gran mayoría de la ciudadanía. Es lamentable. El presidente Enrique Peña tuvo en sus manos la posibilidad de asumir otra decisión, pero optó por la que no convence a nadie.

No le conviene a él y tampoco al país, pero ésa es la elegida.