¿Cabral murió tras “narcoconcierto”?

Washington.- Las empresas productoras de conciertos con estrellas internacionales han surgido como un área importante del lavado de dinero en América Central sin recibir la supervisión adecuada de las autoridades.

Eduardo Stein, ex vicepresidente guatemalteco y coordinador del centro de estudios laRED, dijo el miércoles en una conferencia que esas empresas suelen ofrecer conciertos cada semana sin que autoridad alguna verifique si la cantidad de público asistente coincide con los boletos que declaran y sobre los que pagan impuesto.

«Hemos determinado a través de nuestros estudios que uno de los mecanismos de lavado de dinero que ha operado sin escrutinio alguno durante años es la organización de conciertos internacionales», dijo refiriéndose a una investigación sobre el lavado de dinero en América Central que laRED planea concluir en enero.

Stein mencionó como ejemplo el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral, ocurrido este año en Guatemala horas después de ofrecer un recital.

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«La persona a la que querían matar (en lugar de Cabral) era el dueño de una red de casas de prostitución en América Central que probablemente usa los conciertos para lavar dinero. Él y sus empresas se han conocido por organizar conciertos muy impresionantes con estrellas internacionales», indicó el excoordinador de la Comisión de la Verdad en Honduras.

También advirtió que la asimetría entre legislaciones nacionales y la insuficiencia de fondos y capacitación de los funcionarios encargados son los principales obstáculos que enfrenta América Central para combatir el lavado de dinero.

Dijo que en general los estados centroamericanos poseen leyes abundantes y actualizadas, pero la implementación presenta la traba más importante, lo cual atribuyó en gran parte a la renuencia de legisladores y alcaldes a ser transparentes sobre el manejo de fondos públicos.

El ex mandatario además expresó preocupación sobre el uso que gobiernos centroamericanos de talante antidemocrático puedan darle a leyes para expropiar bienes, ya que en lugar de emplearlo como arma judicial pudiera terminar como un arma para el control político.