Dueños de Solka amenazan con embargar al gobierno

Los dueños de la Solka, según ellos la primera compañía confiscada por los sandinistas en 1979, sopesan la posibilidad de emprender acciones legales en Estados Unidos contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega para que les pague por la expropiación, según reporte de Efe.

Esta empresa fue una de las pocas que logró sobresalir en los años 80, signados por una guerra fratricida en Nicaragua impulsada desde los Estados Unidos, y cuyos ecos todavía afectan a los nicaragüenses.

En el año 2000, se conoció por denuncias de los sindicalistas que fue el propio FSLN el que negoció la devolución de la empresa a sus antiguos dueños, mismos que en esa época ocupaban altos cargos en el gobierno de turno.

La familia Solórzano Marín, de la que varios de sus miembros se exiliaron en Estados Unidos, Colombia, México y Venezuela, entre otros países, asegura seguir siendo oficialmente titular del 60 % de las acciones de Laboratorios Solka, con sede en Managua y fundada por el médico Porfirio Solórzano Bermúdez en 1931.

«Si no obtenemos resultados positivos, los ciudadanos norteamericanos accionistas de los Laboratorios Solka vamos a tomar otras medidas que sean siempre por la vía legal», dijo el miércoles a Efe Lylle Araya Solórzano, nieta de Solórzano Bermúdez y portavoz de la familia en Estados Unidos.

Entre esas medidas se considera la opción de acudir a los tribunales estadounidenses.

Los sandinistas confiscaron la empresa tras el triunfo de la revolución en 1979 y en ese momento se «llevaron un millón de dólares en medicinas terminadas», según la portavoz de la familia.

La compañía era la más grande en su sector, facturó cerca de cinco millones de dólares en 1978, poseía la licencia de laboratorios Abbot para producir sueros y exportaba a Centroamérica productos por un millón de dólares.

Desde 1979 hasta que la presidenta Violeta Chamorro ganó las elecciones (1990-1997) la familia Solórzano no pudo tener acceso a la compañía y salió del país.

Con el cambio de Gobierno, iniciaron el proceso de recuperación de la empresa y lograron una entrega parcial. «Nos devolvieron el 60 % de las acciones y el 40 % se lo dieron al sindicato de los trabajadores», explicó Araya.

Pero cuando los sandinistas asumieron de nuevo el poder en 2007 confiscaron otra vez la compañía, aunque en esta ocasión se trató de una toma violenta de la sede.

«La Procuraduría General llegó a la empresa, se la tomó con empleados que trabajaban en el laboratorio y de hecho hubo un ejecutivo que lo sacaron a la fuerza y lo golpearon», rememoró Araya.

El Gobierno de Nicaragua, afirmó, sigue «fabricando y haciendo uso de las patentes de las fórmulas de mi abuelo. El laboratorio tiene 81 años de creado».

Meses después el Instituto Nacional de Seguridad Social se comunicó con la familia para iniciar una negociación formal para comprarle oficialmente el 60 % de la empresa que le expropiaron.

«Llegamos a un acuerdo de cuatro millones de dólares que la familia aceptó, nos hicieron la oferta formal mediante una carta y se firmó el contrato. Han pasado casi cuatro años y nos hemos podido recuperar el dinero. Además, se han acumulado intereses y otros daños», dijo a Efe Araya.

Dado que no se ha cobrado el dinero, la familia argumenta que oficialmente sigue siendo propietaria del 60 % del capital.

Los Solórzano han solicitado a congresistas del sur de Florida que los apoyen en su reclamación basándose en una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1994, por la que se suspendía cualquier tipo de ayuda a aquellas naciones que confiscaran propiedades de sus ciudadanos.

Araya explicó que ese marco legal indica que a los «ciudadanos estadounidenses a los que les confiscan propiedades se les debe regresar la empresa» o, como en su caso, «pagarla, porque sino se suspenderá el ‘waiver’, la dispensa para otorgar dinero».

Aseguró que su familia no quiere «que quiten el ‘waiver’ a Nicaragua», porque conoce y sabe de «las necesidades de los nicaragüenses».

«Lo que deseamos y hemos pedido a los congresistas es que a través del Departamento de Estado soliciten a la secretaria Hillary Clinton que presione para que nos paguen lo que nos deben, que le haga entender al Gobierno de Nicaragua que debe cumplir con esa ley», enfatizó.

La nicaragüense pidió al Gobierno de Estados Unidos que presione además por sus compatriotas nacionalizados a los que también les han confiscado propiedades y «que merecen que se les pague o se las devuelvan» esos bienes. EFE