Ticos quieren poner espías contra narcos en Nicaragua

* Y en otros tres países a fin de averiguar de previo qué está tramando el crimen organizado, como por ejemplo, reclutar a políticos de Costa Rica

Pese a que dicen que en guerra avisada no hay muertos, Costa Rica reveló que a través de un proyecto de ley pretende instalar espías en cuatro países –uno de ellos Nicaragua-, a fin de controlar a miembros del narcotráfico internacional.

Los objetivos que se plantean son tan elementales, como preguntarse si los cárteles mexicanos y colombianos tienen entre sus planes inmediatos seguir operando a sus anchas en Costa Rica, y si planean corromper a funcionarios costarricenses, principalmente políticos, para que los ayuden a vivir en esa nación sin problemas.

El diario La Nación señala que el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública pretende que las respuestas a las anteriores y otras interrogantes sean oportunamente resueltas por experimentados agentes ticos que se instalarían, en una etapa inicial, en las embajadas de Colombia, México, Nicaragua y Panamá.

Alertas tempranas

La idea es que estos oficiales espíen a los grupos criminales que actúan en esas naciones y brinden “alertas tempranas” a las autoridades costarricenses.

El plan fue presentado hace tres semanas ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso por el ministro Mario Zamora, como parte de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública.

Los policías asignados en cada una de las cuatro legaciones tendrían que ser funcionarios de alto perfil, de sobrada experiencia y solvencia moral. Su nombre sería el de agregados policiales.

Incorruptibles

“Tiene que ser gente incorruptible, su labor será en un ciento por ciento de inteligencia policial; no van a detener a nadie, pero sí van estar enterados de todos los planes y movimientos de la mafia”, explicó Zamora en una entrevista a La Nación.

El ministro puntualizó que si estos funcionarios realizan bien su misión, se podría evitar el ingreso a Costa Rica de ciudadanos indeseables, en especial los relacionados con cárteles del narcotráfico.

La iniciativa del Gobierno trasciende casi dos meses después de que fue detenido, el 6 de junio pasado, en Madrid, España, Arthur Budovsky, el líder del mayor lavado de dinero de la historia mundial –fraguado desde Costa Rica–, y quien residía en suelo nacional desde el año 2006.

Grupos violentos

A fines de ese mismo mes de junio, la Policía Judicial reveló que el cartel mexicano los Caballeros Templarios, uno de los más sangrientos de su país e instalado en Costa Rica desde hace más de un año, era el responsable del asesinato de la modelo tica Pamela Céspedes Segura, de 29 años, y de un exmilitar guatemalteco Sigifredo Fernández Sierra, de 36 años. Los crímenes ocurrieron el 8 de noviembre del 2012 en la ruta 27 (San José-Caldera).

“La idea es que haga una labor de investigación y que tenga un perfil policial, no diplomático. Aunque es un policía, no lo veo deteniendo a nadie. Sería una especie de centinela fuera del país”, dijo Zamora sobre la labor del futuro funcionario.

Agregó que decidieron instalar los agregados en las embajadas de Nicaragua y Panamá porque se trata de países vecinos usualmente utilizados por la mafia para ingresar o salir de Costa Rica.

Pocos candidatos

De los 14.000 agentes que integran en la actualidad la Fuerza Pública, unos 35 oficiales serían quienes podrían optar por los puestos, ya que se requiere como mínimo el grado de comandante, afirmó Zamora.

Además deben tener experiencia de al menos 12 años en funciones policiales acreditadas, así como haber recibido el curso del Instituto Diplomático del Servicio Exterior u otro acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Francisco Segura, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó que la iniciativa le parece muy buena, en especial en países donde se necesita una labor de inteligencia mayor.

Enlaces con policía

“La labor de ellos sería un enlace con los cuerpos policiales. Habría una comunicación mucho más fluida. Que sean de la Fuerza Pública o del OIJ habría que valorarlo. Hay que tomar en cuenta que sería caro”, comentó Segura.

Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, expresó que la iniciativa de Zamora es buena y que las agregadurías policiales se manejan a nivel internacional.

Similar criterio exteriorizó Carlos Góngora, actual diputado del Partido Unidad Social Cristiana, pero electo por el Movimiento Libertario y presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad. Según expuso, la idea es muy buena, ya que no serían agregados militares, como ocurre en otros países.