Procurador colombiano aplaude decisión delictiva
Alejandro Ordóñez, uno de los "dunditos" colombianos que no sabía lo que les podía ocurrir en La Haya.
* Da la sensación de que en Colombia los funcionarios, empezando por Juan Manuel Santos, son una manada de dunditos que ignoraban lo que les podía pasar al sentarse ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia
“Inaplicable” fue la palabra mágica encontrada por el gobierno de Colombia para intentar pasar por sobre el orden internacional y a esto se sumó el lunes el procurador general de justicia de ese país, Alejandro Ordóñez, quien aplaudió la medida delincuencial asumida por el presidente Juan Manuel Santos.
“Lo que establece la Constitución es que las modificaciones a los límites territoriales deben estar establecidos por tratados internaciones y son inaplicables las decisiones judiciales que deberá ingresar en nuestro ordenamiento por vía de los tratados internaciones”, precisó Ordóñez.
Lo anterior, dicho con la mayor seriedad, lleva a preguntarse si estos letrados señores ignoraban a qué se estaban metiendo al acudir a La Haya a zanjar su diferendo con Nicaragua, porque ahora asumen la postura del niño al que el grandulón le arrebató el dulce.
El asunto es que este jurista colombiano, jefe del Ministerio Público, calificó la delictiva posición del gobierno de su país como “razonable, adecuada, oportuna y coherente”, al mismo tiempo que manifestó que el jefe de Estado no podía asumir una actitud diferente frente a este complejo tema.
“Los limites están establecidos por la Constitución, las decisiones judiciales internacionales no tienen la virtualidad o la competencia para aceptar y modificar los limites que están establecidos en la Constitución, solamente los tratados internacionales”, precisó.
En este sentido explicó que es el presidente de la República el que al que constitucionalmente le corresponde dirigir la política internacional, hecho por el cual tiene los elementos de juicio. “El país debe cerrar filas en torno al presidente de la República porque no había actitud diferente a la que acaba de asumir”.
Finalmente indicó que es una decisión coherente, más aún si se tiene en cuenta la situación que están viviendo los habitantes de San Andrés, por los que en realidad nunca se preocuparon, generando un sentimiento de rechazo ante el gobierno de Bogotá, mismo que creció tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia.