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Colombia sin caminos para incumplir fallo de La Haya

Juan Manuel Santos tiene enredada a Colombia con su decisión de no aplicar el fallo de La Haya.

* Crece polémica por no haberlo recurrido, mientras juristas de ese país señalan que no hay posibilidad para dejar de cumplirlo, y que Nicaragua ya hace presencia en la zona que le otorgó la CIJ en el mar Caribe

Colombia se quedó sin ningún camino para retrasar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, según el abogado de ese país, Rafael Nieto Navia, al criticar la decisión de no recurrir la devolución a Nicaragua de más de 90 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe.

Según medios colombianos de prensa, Nieto Navia afirma que el hecho de que Colombia no presentara recursos equivale a que está renunciando a derechos que tiene, de acuerdo con el estatuto de la Corte. “Al Gobierno se le han sugerido varios temas para revisión, para que estudiara, y simplemente los ignora. Me parece muy grave”.

“Si tengo manera de presentar un recurso y no lo hago, estoy cometiendo un error”, adujo Nieto, tras estimar que si Colombia no presentó ningún recurso es porque le está dando la razón a la Corte.

“A mí me parece que eso es grave porque al fin y al cabo estamos jugando con los intereses del país”, dijo Nieto, quien hizo parte del equipo de abogados de Colombia en el pleito con Nicaragua.

Añadió que al país no le queda “ningún” camino para tratar de retrotraer el fallo de la CIJ.

La decisión del Gobierno de Colombia generó división en algunos sectores, especialmente entre expertos en derecho internacional y constitucional.

Carlos Gustavo Arrieta, jefe del equipo de abogados de Colombia, aseguró recientemente que los expertos internacionales consultados recomendaron no interponer ese recurso puesto que no habría nuevos elementos que permitieran prever un cambio en la determinación de la Corte.

Además porque “sería injustificado y una irresponsabilidad porque no se dan los supuestos de hecho que exigía el estatuto de la Corte para presentar un recurso de revisión”.

Arrieta agregó que se analizaron los pro y los contra de borradores elaborados por el abogado francés Jean Marc Thouvenin y con el aval del presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín se tomó la determinación de “no presentar recurso”.

El plazo para interponer el recurso de revisión venció el pasado 13 de diciembre y ante esa posibilidad, habían surgido argumentos como el expuesto por la exministra Noemí Sanín en el sentido de que China habría influenciado la decisión de Corte por sus intereses comerciales en el canal que se proyecta en territorio de Nicaragua.

Según el abogado, si Colombia hubiese tenido la más mínima posibilidad ante la Corte Internacional de Justicia en el pleito con Nicaragua, “se hubiera presentado” algún recurso.

Añadió que de haberse presentado alguna acción, la respuesta a este podía ser contraproducente para Colombia, especialmente en momentos en que Nicaragua tiene otra demanda en curso. Además, era ponerle en bandeja de plata a nuestro país la posibilidad de salir de un problema en el que se metió al poner en entredicho la aplicabilidad del fallo.

Uno de los que respalda la posición del Gobierno de Santos y coincide con el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta de que era perjudicial para Colombia solicitar la revisión del fallo, es el experto en derecho internacional Juan Ramón Martínez, quien asegura que la decisión del Gobierno y su equipo de abogados fue “sensata y se veía venir”.

“Desde la técnica jurídica, la revisión del fallo no era procedente. Las causales no se enmarcan en la plataforma de ese fallo de la Corte. Jurídicamente se sabía que ese recurso no era pertinente”, dijo Martínez.

El internacionalista explicó que pedir la revisión podía ser contraproducente para Colombia, dado que la Corte Internacional de Justicia podía terminar ratificando el fallo. “Eso no conviene sobre todo por las dos demandas que tiene Nicaragua: una donde pide el cumplimiento de la sentencia del 2012 y la otra donde reclama plataforma continental. Era un error garrafal esa revisión”.

El analista internacional Enrique Serrano, por su parte, sostuvo que toda esta situación forma parte de una nueva política ante un fallo de esa naturaleza. “La Cancillería está empeñada en hacer consultas y actuar sin apresuramientos en este tema, que es muy sensible, mientras se llegan a otras instancias. Colombia no puede desacatar ese fallo”.

En tanto, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, sostuvo que Colombia al “no presentar recurso, lo que quiere decir es que admite que el fallo fue dictado adecuadamente por la Corte y que por lo tanto todo cuanto dijo en el fallo no es objeto de controversia. Esto implica que se acepta”.

En octubre pasado, el presidente Santos aseguró que el fallo de la CIJ era inaplicable hasta tanto se lograra un acuerdo con Nicaragua que no afectara los intereses de los habitantes del archipiélago de San Andrés.

Ante lo dicho por el Jefe de Estado y el anuncio de ayer, el internacionalista Juan Ramón Martínez aclaró que Colombia nunca habló de desacatar el fallo, porque el país tiene obligaciones internacionales que debe cumplir. “Ahora lo que decidió es no iniciar ninguna acción”, dijo el abogado, tras indicar que ya Nicaragua hace presencia en la zona que le otorgó la CIJ.

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