Armamento tico
Editorial de La Nación
* En Costa Rica reconocen que la posesión privada de armas de fuego –incluyendo a narcos, sicarios y demás delincuentes- está fuera de control, lo que ha provocado que se dispare la violencia y sus funestas consecuencias. Para variar, echan en parte la culpa a Nicaragua.
Compartimos con Canadá la existencia de una legislación restrictiva sobre posesión de armas, pero no la baja tasa de homicidios. La principal diferencia está en el cumplimiento de la ley.
La pugna por el control de armas en los Estados Unidos parece perdida para la industria del armamento y los más radicales defensores del derecho a portarlas. Miles de personas se manifestaron el sábado a favor de intensificar los controles. Inspirados por los jóvenes estudiantes del colegio de Parkland, Florida, donde 14 alumnos y 3 miembros del personal fallecieron a manos de un joven armado con un rifle semiautomático.
La protesta se extendió por las principales ciudades de los Estados Unidos, pero trascendió a otras grandes urbes del planeta, incluidas muchas donde la legislación sobre posesión y portación de armas puede servir de ejemplo para la sociedad norteamericana, donde hay unas 30.000 muertes al año con intervención de armas de fuego.
Londres y las grandes ciudades de Canadá, donde miles se unieron a la Marcha por Nuestras Vidas, organizada en Estados Unidos, gozan de bajas tasas de homicidio e imponen fuertes restricciones a la posesión y portación de armas. Costa Rica, en otros tiempos, comparaba orgullosamente su tasa de homicidios con la de Canadá, a la cabeza del continente. Hoy sufrimos niveles epidémicos, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre las estadísticas de los años setenta y la actualidad, median varios fenómenos, incluidos el desarrollo del narcotráfico y el crimen organizado, pero no cabe duda del crecimiento desbordado del arsenal privado a partir de los conflictos bélicos en Nicaragua. Desde entonces, el comercio de armas viene en crecimiento.
A la fecha, el país comparte con Canadá la existencia de una legislación restrictiva, pero no la baja tasa de homicidios. La principal diferencia está en el cumplimiento de la ley y en la existencia de un mercado ilícito, al margen de ella. Nadie sabe cuántas armas hay en Costa Rica ni en manos de quién están.
Con la proliferación del armamento ocurrió, también, un importante cambio cultural. Portar una o exhibirla en los años 70 era exponerse a la chota y el rechazo. Con el tiempo, las armas se han hecho aceptar, cada vez más, y en algunos círculos no provocan el mismo repudio.
Estadísticas del 2015 dieron cuenta del decomiso de 39 armas de fuego en centros educativos, 10 de ellas en escuelas y 2 en preescolar, aunque parezca fantástico. Muchas de esas armas habían sido fabricadas por los alumnos o compradas a personas con conocimientos suficientes para hacer una pistola rudimentaria.
Las armas provenientes del mercado negro, por su naturaleza, están fuera de control, así como la producción clandestina capaz de permear las barreras de protección de las aulas. La compra legal de armas tampoco garantiza la supervisión adecuada. Ni siquiera se logra con la inscripción en los registros públicos. No hace mucho, el Ministerio de Seguridad Pública informó de la desaparición de 707 empresas de seguridad privada que tenían inscritas 7.070 armas de fuego. Con las compañías se desvanecieron también las armas.
Entre lo desaparecido hay pistolas y revólveres de alto calibre, así como escopetas que bien podrían estar en manos del hampa. Cuando menos, nadie sabe su paradero y eso es también un peligro. Nuestro país no ha sido víctima, y ojalá nunca lo sea, de masacres como la de Parkland, pero doce homicidios por 100.000 habitantes es una epidemia con la cual no podemos conformarnos. La Asamblea Legislativa debe legislar con mayor rigor, no tanto sobre la venta, sino sobre la tenencia clandestina de armas, si queremos volver a tiempos cuando países ejemplares, como Canadá, apenas mostraban mejores estadísticas.