Nicaragua no es “muy eficaz” contra blanqueo de capitales
El fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno, admitió este martes que el sistema jurídico de nuestro país no es «muy eficaz» para combatir el blanqueo de capitales, según informa Efe.
«No tenemos un contexto jurídico normativo muy eficaz», declaró Centeno al canal 23 de la televisión local.
El fiscal explicó que en este país, cuando los expertos locales detectan «operaciones sospechosas», inicia un proceso burocrático que podría ser más efectivo si existiera «un equipo especializado, con un instituto con presupuesto propio y que dé unos resultados grandes».
Al respecto, un experto en el tema, Alejandro Aguilar, indicó hoy en una rueda de prensa que en Nicaragua «falta mayor voluntad política» para prevenir el blanqueo de capitales.
«Nicaragua debe cumplir adecuadamente con una unidad de análisis financiero que cumpla con los estándares internacionales y eso implica calidad de su personal, de su autonomía», dijo.
Aguilar, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Americana de Managua, presentó hoy el estudio «Diagnóstico sobre la prevención del lavado de dinero en Nicaragua».
Ese análisis propone que todas las entidades financieras no reguladas y también las empresas que «manejan altos volúmenes de capitales» estén sujetas a un programa de prevención de blanqueo de dinero.
«Se trata de que el sistema nacional de prevención envíe un mensaje claro a la comunidad internacional de que Nicaragua no es un territorio propicio para el lavado de dinero», remarcó.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ubicó a Nicaragua dentro de la «lista gris» de países en el combate al blanqueo de dinero, en un informe divulgado a mediados de febrero.
Según el GAFI, las «jurisdicciones» de Nicaragua, junto a Argentina, Ecuador y Venezuela, no han adaptado totalmente sus legislaciones a los estándares internacionales para luchar contra el lavado de dinero.
Julio Centeno Gómez, fiscal general de Nicaragua.
Las normas del GAFI establecen las líneas que deben aplicar más de 180 países en materia de combate del lavado de capitales y financiación de actividades terroristas.