Cumbre Mesoamérica tratará la seguridad, medio ambiente e interconexión
La XII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la que participan los países de Mesoamérica más Colombia y República Dominicana, que comenzó hoy en Cartagena de Indias, se discutirán temas como la seguridad, el medio ambiente y la interconexión regional como asuntos clave a debate.
Hoy tendrán lugar los debates técnicos de funcionarios y cancilleres para el martes celebrar la cumbre de presidentes.
Los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos; México, Felipe Calderón; Honduras, Porfirio Lobo; Guatemala, Álvaro Colom; Costa Rica, Laura Chinchilla, y Panamá, Ricardo Martinelli, han confirmado su asistencia.
Nicaragua y República Dominicana estarán representados por sus vicepresidentes, Jaime Morales Carazo y Rafael Alburquerque, respectivamente, y El Salvador por su ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, según la Cancillería colombiana.
El Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla fue creado en 1991 para buscar la concertación política y de cooperación entre Centroamérica y México, países que forman la región de Mesoamérica.
Entre 2003 y 2008, el Plan Puebla Panamá (PPP) se convirtió en un instrumento de desarrollo para los integrantes del foro de Tuxtla, que centró sus proyectos en la integración mediante la construcción de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y transporte.
Pero en la Cumbre de 2008, celebrada en México, se acordó la transición del PPP al Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, que articula programas regionales concretos.
Y en 2009, en Costa Rica se sumaron como miembros plenos República Dominicana y Colombia.
Con una población de 212 millones de habitantes y una extensión de 3,6 millones de kilómetros cuadrados, el Proyecto Mesoamérica representa en la actualidad a diez países: Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EL Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Panamá y República Dominicana.
212 millones de personas
La Cumbre de Cartagena tendrá una vertiente política, en la que se analizarán asuntos de seguridad, medio ambiente e institucionalidad democrática.
A puerta cerrada, el presidente Colom, de Guatemala, presentará los desafíos que afronta la región en materia de seguridad sobre violencia y narcotráfico; el mexicano Calderón hablará del cambio climático, y la costarricense Chinchilla de institucionalidad democrática.
En el ámbito técnico se estudiarán los proyectos de interconexión de energía, comunicaciones y transportes.
Entre ellos, la red vial, la aceleración del corredor del Pacífico y el transporte marítimo, así como el desarrollo de biocomustibles y el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) y la interconexión también eléctrica México-Guatemala y Colombia-Panamá.
También se analizará el estado de la Autopista Mesoamericana de la Información (internet) y se discutirá sobre facilitación del comercio.
En cuanto a Colombia, el anfitrión, sus avances se reflejan en la instalación de sendas plantas de biocombustibles en Honduras y El Salvador con una capacidad de producir 10.000 litros de biodiésel al día.
También, junto al Gobierno mexicano, creó el Centro de Investigación y Tecnología en Producción de Biodiésel en Chiapas; mientras coordina con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la implementación de nuevas plantas en Panamá y República Dominicana.
Otro gran proyecto para Colombia es la interconexión energética con Panamá a través de una línea directa con capacidad para transportar hasta 600 megavatios, lo que busca integrar el mercado andino con el centroamericano.
Y es que Colombia se presenta como «la bisagra entre Centroamérica y Suramérica», como reconoció la canciller María Ángela Holguín.
Colombia además, según Holguín, puede ofrecer a Centroamérica y México cooperación en materia de seguridad para afrontar los problemas de violencia.
La Cumbre de Cartagena se celebra bajo la sombra de la crisis entre Costa Rica y Nicaragua, después de que el primero denunciara supuestos daños ecológicos por el dragado del Río San Juan.
En consecuencia, el Gobierno de Chinchilla presentó una carta de protesta porque se trata de «una violación inaceptable de la soberanía costarricense».