La culpa es de los jueces

Laura Gil

¿Qué pasa en Colombia que, cuando un fallo resulta adverso, la estrategia consiste en deslegitimar al juez? ¿Será que el Gobierno decidió graduar de enemigo a toda jurisdicción internacional? Vamos por mal camino.

Para Juan Manuel Santos, la decisión de La Haya estuvo repleta de “errores, omisiones, excesos e inconsistencias”. Su canciller fue mucho más lejos cuando aseveró: “La Corte Internacional de Justicia es el enemigo”.

Si ese es el ejemplo de los dirigentes, nada debe tener de sorprendente la reacción del defensor de Colombia en el caso Santo Domingo. Rafael Nieto afirmó que la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue “contradictoria” y “llena de falencias y debilidades”.

En el caso de San Andrés comienza a vislumbrarse una estrategia tardía y equivocada. Se trata de una respuesta política a una sentencia jurídica.

La ministra Holguín llevó a la gobernadora de San Andrés y al alcalde de Providencia a Nueva York. Le presentaron sus quejas al secretario general, Ban Ki-moon, porque, explicó la Canciller, al fin y al cabo, “la Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas”. Eso no es más que ladrar al pie del árbol equivocado. ¿Protestar por un hecho jurídico ante una autoridad política?

El mal criollo de creer que los jueces responden ante las exigencias políticas o, más bien, demandas de los políticos de turno no nos llevará lejos y, por el contrario, podrá tener costos políticos y jurídicos.

Las consecuencias políticas se traducirán en una pérdida de reputación internacional. En el mundo multilateral, ese concepto intangible del prestigio importa, y mucho, para potencias medias en construcción, cuya proyección en el mundo no depende del poder duro.

¿Qué credibilidad pueden tener los reclamos del país perjudicado? ¿En qué queda la tradición colombiana de defensa del derecho internacional? ¿Cómo evitar que esta posición alimente la desconfianza de los vecinos?

Desde el punto de vista jurídico, la maniobra política no podría ser más arriesgada. ¿Qué sentido tiene criticar, desprestigiar y acusar a una corte a la cual se decidió acudir en unos meses? El Gobierno parece olvidar que son los mismos jueces que se ocuparán de la interpretación y de la revisión del fallo. Estamos en sus manos.

A nivel interno, las gestiones de Colombia continúan creando falsas expectativas. Sobra decirlo: el Secretario General de la ONU no constituye una segunda instancia. Entonces, ¿qué esperaba hacer creer el Gobierno? ¿Qué Ban Ki-moon intercedería en favor de los intereses colombianos?

La estrategia de la crítica también sirve contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta se arrogó, según Nieto, competencias que los Estados no le han dado al juzgar violaciones del derecho internacional humanitario. Parece olvidar el abogado que la convergencia en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos se viene plasmando tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario desde hace unas dos décadas.
Bastaba con ver cómo había reflexionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Tablada contra Argentina, en 1997, para entender cómo gana campo el derecho internacional humanitario en el sistema interamericano.

Durante años, Colombia le ha exigido al sistema la inclusión del derecho internacional humanitario. Desde la época del gobierno de Samper, la posición ha sido que la situación de un país en conflicto no puede entenderse solo a la luz de los derechos humanos. Ahora que la Corte Interamericana lo aplica llueven las protestas.

Cuando no existe política de Estado, cuando las defensas son débiles, cuando no hay cómo controvertir un fallo… “la culpa es de los jueces”.

(Tomado de El Tiempo, Colombia).