Aclaran falacia de canciller de Costa Rica

El gobierno de Costa Rica, a través de su canciller Enrique Castillo, intentó descalificar a científicos nicaragüenses que denunciaron el inmenso daño ecológico que el gobierno de Laura Chinchilla ocasionó –y sigue ocasionando- al río San Juan con la trocha fronteriza denominada “1856”.

En rueda de prensa, los expertos nacionales que investigaron la afectación al río más caudaloso de Centroamérica, negaron este martes haber recibido financiación del Gobierno nicaragüense a cambio de resultados favorables.

«No contamos con financiación del Gobierno ni de ninguna institución, somos profesionales nicaragüenses que hicimos este esfuerzo a través de un equipo interinstitucional», dijo Víctor Campos, representante del Centro Humboldt.

El estudio «Valoración de impactos ambientales causados por la construcción de la ruta 1856-Juan Rafael Mora Porras, en la parte baja de la cuenca del río San Juan», determinó que al menos 600 especies de fauna y 13.052 en total, incluyendo flora, fueron afectadas, tanto en Nicaragua como en Costa Rica.

La investigación fue realizada en el 2012 por científicos del Centro de Investigación para los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-UNAN), el Centro Humboldt y la Fundación del Río.

El canciller costarricense, Enrique Castillo, expresó a medios de su país que el estudio no tenía fundamento, argumentando que «el Gobierno de Nicaragua ha procedido a promover que personas de esa nacionalidad que se autodenominan científicos o expertos ambientales circulen afirmaciones sin fundamento».

En una rueda de prensa, los científicos nicaragüenses expusieron los métodos utilizados para su investigación de más de un año en la zona fronteriza del río San Juan, cuyas aguas son de soberanía de Nicaragua.

«Los puntos afectados están identificados, georreferenciados, fotografiados, señalados y documentados», aseguró Campos.

«El contenido de nuestro trabajo es una invitación a ser comprobado, Costa Rica, en vez de buscar descalificación, que busque corroborar los impactos», expuso Salvador Montenegro, director del CIRA-UNAN.

El canciller Castillo cuestionó que los investigadores hayan hecho su trabajo en el propio río San Juan y la presencia de estos en territorio costarricense.

Antonio Ruiz, director de la Fundación del Río, recordó que su organismo no sólo se encuentra establecido en la zona, sino que trabajó con el CIRA-UNAN, y recibió el apoyo de organizaciones similares de Costa Rica.

Campos añadió que la base legal referida a Costa Rica la tomaron del «Plan de Gestión Ambiental» para la carretera costarricense, el Informe de «reconocimiento» y el «Plan de Acción Ambiental».

Montenegro recordó que la limpieza del río San Juan, lejos de confrontar a ambas naciones, debe hacerlas trabajar juntas, «porque es un tema de interés, no solamente de Nicaragua, también de Costa Rica».

Tras un juicio de dos organizaciones ambientalistas nicaragüenses contra el Gobierno de Costa Rica, por la construcción de la vía, la Corte Centroamericana de Justicia ordenó suspender el proyecto en agosto de 2012, a lo que se negó la presidenta Chinchilla.