Negociar con criminales
Rubén Aguilar Valenzuela
San Salvador. -El número de los asesinatos diarios en El Salvador se ha reducido en 60% en el último año, gracias a la “tregua” que establecieron las dos grandes pandillas que existen en el país, Mara Salvatrucha y Mara Barrio 18, que tienen su origen en Los Ángeles, California.
De acuerdo con datos del gobierno, los integrantes de estas bandas ascienden a 64,000 y hasta hace un año eran los responsables de 90% de los crímenes que ocurrían en El Salvador, la mayoría de ellos producto de su disputa por territorios y plazas.
A partir de esta negociación, el número de los asesinatos diarios se ha reducido de 14 a cinco, de acuerdo con estadísticas oficiales. Al principio había serias dudas de que el acuerdo se sostuviera, pero las maras lo han cumplido y ahora el gobierno trata de mantener y ampliar sus efectos.
La negociación ha permitido, en tan sólo un año, que uno de los países más violentos del mundo, que antes tenía 68 crímenes dolosos por 100,000 habitantes, pase hoy a sólo 23 crímenes dolosos por 100,000 habitantes, de acuerdo con las autoridades.
La estrategia de guerra en contra del narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) hizo que el número de los asesinatos dolosos en su sexenio creciera de ocho a 24 por 100,000 habitantes, que ahora supera a El Salvador. El responsable de que se diera este pacto fue el gobierno a través de una delicada negociación, auspiciada por el ministro de Seguridad Pública, el general David Munguía, el obispo castrense Fabio Colindres, y Raúl Mijango, de la ex guerrilla del FMLN, partido que llevó a la Presidencia a Mauricio Funes.
Los negociadores cumplieron con las exigencias planteadas por los dirigentes de las maras, para poder iniciar las conversaciones, que llevaron a la firma de la “tregua”. Resultó clave para el éxito que se pusiera en una misma cárcel a sus dos líderes máximos para que pudieran acordar de manera directa.
En octubre del 2012, José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, presidió un acto en San Salvador en el que de manera simbólica miembros de las dos pandillas le hicieron entrega de sus armas. En esa ocasión, Insulza dijo que la OEA estaba “comprometida con este proceso”.
El salvadoreño Juan José Dalton, corresponsal de El País, al inicio del pacto, en marzo del 2012, se preguntó: “¿Es lícito o no que el Estado dialogue con delincuentes?” Él mismo se respondió: “La verdad es que en el marco del cumplimiento de las leyes ésa es una posibilidad con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de frenar la ola delincuencial”.
Comparto la posición del periodista, hijo del poeta Roque Dalton, porque la primera responsabilidad del gobierno es garantizar la paz social para que pueda desarrollarse la vida de la comunidad. El actual gobierno de México debería tener en cuenta esta experiencia en la búsqueda de poner fin al problema de la violencia en el país.