A negociar ya

Laura Gil

* “Ni el presidente Santos ni la canciller Holguín tuvieron la culpa de la pérdida de mar, como tampoco la tuvieron los gobiernos anteriores. El derecho, simplemente, no estaba del lado colombiano”.

Mientras continuamos inmersos en la búsqueda de culpables, Nicaragua se alista para venir por más.

El embajador de Nicaragua en La Haya, Carlos Argüello, anticipó una próxima demanda. “Nicaragua estudia la posibilidad de recuperar la plataforma continental extendida a la cual tiene derecho y estudia los pasos a seguir”, dijo.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) le dejó la puerta abierta. El tribunal no delineó los límites exteriores de su plataforma. “Pueden establecerse por parte de Nicaragua en una etapa posterior”, afirmó.

La Convención del Derecho del Mar, de la cual Nicaragua es parte, le da la facultad de establecer “el borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen se extienda más allá de 200 millas marinas” contadas desde el mar territorial.

Nicaragua sostiene que su plataforma va más allá de las 200 millas y se extiende dentro de las 200 millas de zona económica de la costa continental colombiana. De imponer su tesis, el país vecino lograría que sus aguas lleguen hasta poca distancia de Cartagena y que el archipiélago de San Andrés y Providencia termine enclavado.

La CIJ desestimó esta posición por cuestiones procedimentales fácilmente remediables. Señaló que Nicaragua presentó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención únicamente “Información preliminar” y, por lo tanto, no había establecido aún que posee una plataforma continental extendida.

La disputa bien puede acabar, una vez más, en La Haya. Digan lo que digan algunos congresistas desinformados, solo el 28 de noviembre se hará efectiva la denuncia del Pacto de Bogotá, que sustraerá a Colombia de la competencia de la CIJ.

“Nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo de la CIJ”, aseveró el Presidente. Pero, mientras el gobierno de Nicaragua se aboca a finiquitar su reclamo, el nuestro sigue dedicado a la cacería de brujas.

El informe de la firma Volterra Fietta, contratada para evaluar las alternativas jurídicas, nos cuesta 800.000 dólares. Será presentado en pocos días y es de temer que contenga más de política que de derecho.

La CIJ no podrá aceptar una revisión del fallo porque no existe hecho nuevo desconocido para ella y para las partes, a no ser que Volterra Fietta, haciendo eco de la argumentación de la excanciller Sanín, proponga acusar a los magistrados de haberse vendido a la República Popular de China.

Para solicitar algún tipo de aclaración, se requiere una diferencia de interpretación de fallo entre los países. ¿Qué desacuerdo puede existir si ni siquiera se inició el diálogo con los nicaragüenses?

Ni el presidente Santos ni la canciller Holguín tuvieron la culpa de la pérdida de mar, como tampoco la tuvieron los gobiernos anteriores. El derecho, simplemente, no estaba del lado colombiano.

Pero el Presidente y la Canciller sí serán responsables si exponen a Colombia al peligro de un nuevo fallo contrario a los intereses del país.

No pensemos en la salida demagógica de los desacatos: no son sostenibles en el tiempo y menos para un país que se precia de su respeto por el derecho internacional y de su ambición de liderazgo regional. En materia de delimitación fronteriza, muchos países han dilatado, pero no incumplido, las sentencias de la CIJ.

La única manera de salir de este embrollo consiste en negociar un tratado limítrofe: el acatamiento inmediato del fallo del 19 de noviembre a cambio del cierre definitivo de la controversia fronteriza. Hasta los derechos de pesca para los sanandresanos pasan por el diálogo.

Toca negociar y hacerlo ya. Ojalá no sea demasiado tarde.

Fuente: El Tiempo.com