El mito de la adhesión voluntaria de los isleños a Colombia

Harold Bush, PhD

Colombia siempre ha tenido una actitud de desconfianza e irrespeto hacia nosotros los nativos de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es un legado de la colonia que se acentuó con la incapacidad de la naciente república de lograr que los nuevos colombianos de habla inglesa y protestantes se comportaran como colombianos “normales”.

Las autoridades coloniales y republicanas dudaban de la lealtad de los colonos ingleses al mismo tiempo que resentían del potencial económico de los mismos y sus estrechos lazos comerciales con Jamaica y la costa centroamericana más no con la Colombia continental.

A lo largo del siglo XX Colombia estableció políticas destinadas a eliminar las características lingüísticas y culturales particulares de los nativos y a disminuir la influencia de los mismos sobre la economía y sociedad de las islas. Se impulsó el catolicismo, se quemaban biblias protestantes, se prohibía a los de habla inglesa obtener puestos oficiales o becas educativas, se incentivó el asentamiento en San Andrés de colombianos del continente, entre muchas otras cosas.

Dentro de este contexto surgieron grupos separatistas que tuvieron su auge en la década de los 70´s. Estos fueron reprimidos hasta el punto de que su líder tuvo que refugiarse en los Estados Unidos tras recibir varias amenazas de muerte. A finales de la misma década, Nicaragua hizo saber que su pretensión por las islas era muy en serio y la respuesta de Colombia fue aplicar con más contundencia sus prácticas mezquinas de eliminación de la cultura y lengua nativa.

Esto coincidió con la mayor militarización del territorio insular, la cual hoy día es rechazada vehementemente por sectores nativos que han pedido a Colombia la reducción del pie de fuerza. La militarización, el genocidio cultural y lingüístico anduvieron de la mano en la historia de las islas durante la segunda mitad del siglo XX, al mismo tiempo en que el tráfico de drogas, un factor determinante en el proceso político, económico y social actual, se incrementó en forma exponencial.

El tráfico de drogas hoy día se ha convertido en un terrible flagelo para los jóvenes nativos quienes, ante la falta de oportunidades laborales, han entrado a formar parte del espiral de la muerte y destrucción personal y familiar que se genera alrededor de esta actividad ilícita.

Colombia apenas comenzó a atender en los años 70´s u 80´s el abandono y desorden administrativo en que se encontraban sumisas las islas ya que, después de la declaratoria del Puerto Libre, no hubo políticas públicas destinadas a atender los innumerables problemas derivados de dicho modelo de desarrollo. Desde luego, todo dentro del contexto de soberanía desde el punto de vista de Bogotá. Lo único bueno de todo este proceso fue que Providencia, por primera vez, tuvo televisión y teléfono.

La desconfianza eterna y el anhelo de Bogotá de que seamos colombianos ‘normales’ conllevaron a que en las islas el 20 de Julio se celebrara en la forma más patriótica y tal vez absurda en todo el país. En Providencia nos ponían malas notas si no íbamos a este desfile patrio; nos pagaban en efectivo y nos regalaban unos deliciosos sándwiches. Desde luego, nuestros padres tuvieron que hacer un esfuerzo enorme por comprarnos uniformes y zapatos nuevos para los desfiles. Al final del día, con un cansancio terrible y dolores de pies y/o quemados por el sol o mojados por la lluvia, y con nuestros padres endeudados, nos marchábamos a casa sin entender porqué esa tortura anual. ¿Para qué servía?

Cabe preguntarnos si valió la pena todo eso. Cuando a Colombia le tocó defendernos junto a nuestro territorio no nos tuvo en cuenta para nada. Al presentar sus argumentos ante la CIJ en La Haya hizo de cuenta que no existíamos. Peor, aún, después de todos estos años de velar por nuestra tierra y la soberanía sobre las mismas, cuando nos vimos amenazados en convertirnos en nicaragüenses y en perder nuestro territorio, Colombia no fue capaz de protegernos adecuadamente y hemos perdido una inmensa parte integral de nuestro archipiélago.

Tanta presencia militar, innumerables desfiles del 20 de Julio y pomposas políticas de soberanía anunciadas por cada Presidente colombiano no sirvieron para nada y nuestro territorio fue dolorosamente cercenado. Nosotros cumplimos nuestra parte. Colombia nos decepcionó.

La actitud arrogante de la Cancillería y de la Presidencia de la República contribuyó al desastroso fallo de La Haya que entregó nuestras aguas ancestrales a Nicaragua. No nos participaron de nada y desde luego la CIJ desconoció que existía una comunidad que ha derivado su sustento de esas aguas en los últimos 300 años. Nuestros bisabuelos jamaiquinos e ingleses pescaban es esas aguas antes de que Nicaragua existiera como nación.

Hoy día las políticas de soberanía tradicionales de Colombia no tienen validez. Los desfiles del 20 de julio se han vuelto menos una cosa de colegios y más bien una forma de mostrar a las fuerzas militares estacionadas en las islas. Y otro elemento clave de su intento por borrar nuestra identidad caribeña de habla inglesa ha sido el mito creado por Colombia de que los colonos ingleses en 1822 decidieron voluntariamente adherirse a la naciente república y convertirse en colombianos.

En la carta reciente del Presidente Santos al grupo Amén, en respuesta a una acción de tutela, el gobierno colombiano reconoce que no tiene dicha acta, confirmando lo que siempre se ha sospechado: el acta nunca existió. Aún la están buscando en el Archivo Nacional, pero los que hemos buscado documentos de las islas en dicha institución histórica por años sabemos que es muy remota la posibilidad de encontrarla.

En realidad, existen muchos otros documentos y hechos históricos que sugieren que los isleños no firmaron nunca ningún documento de esa naturaleza. Lo que sí parece que hubo fue una reunión de las autoridades con los colonos ingleses donde éstos últimos querían saber si la nueva república iba a respetar sus propiedades y su derecho a comercializar sus productos con Jamaica.

Un documento encontrado en el archivo nacional inglés, con información suministrada por los colonos ingleses de Providencia, menciona que en 1822 “el gobierno de Colombia ha tomado posesión de la Isla de Providencia y sus dependencias, al igual que de la Isla de San Andrés”. En ningún momento se menciona que los colonos hubiesen solicitado ser ciudadanos colombianos y mucho menos que hayan firmado documento alguno declarando una adhesión voluntaria a la Constitución de Cúcuta.

Los colonos querían tener la certeza de que podían quedarse en las islas. Los que no fueron expulsados a raíz del acuerdo inglés-español de 1786 de dejar el área libre de ingleses, recibieron garantía del ejercicio de sus actividades económicas a cambio de reconocer la autoridad del monarca español.

Ya ante la independencia de Colombia y la histórica inestabilidad en las islas a raíz de invasiones, ataques de corsarios, guerras libertadoras, y la exigencia de las autoridades coloniales y luego colombianas de que los colonos ingleses y sus esclavos aceptaran las costumbres e ideas españolas y más tarde las colombianas –mas una plaga que afectó la producción–, los colonos se sintieron inseguros.

Colombia les garantizó la continuidad de su permanencia en las islas a cambio de lealtad y respeto a la nueva república, pero en ningún momento nuestros antepasados aceptaron ser colombianos de la forma en que Colombia más tarde aspiraría que lo fueran, menos ser convertidos al catolicismo o hablar español, o tener un mayor lazo comercial con la Colombia continental.

La evidencia histórica sugiere, además, que a Colombia entonces sólo le interesaba asegurar el territorio insular y en ningún momento convertir a estos colonos de habla inglesa y protestantes en colombianos. La inexistencia de alguna política de asentamiento de colombianos de habla español también sugiere que los colonos cumplían la labor de soberanía a favor de Colombia.

Los intentos de “colombianización” vendrían más adelante, en particular desde los primeros años del siglo XX, como parte de un plan de Bogotá para asegurar la unidad del territorio nacional luego del efecto sicológico causado por la pérdida de Panamá y, desde luego, cuando por fin hubo un Estado-Nación viable tras varios años de guerras civiles.

Hoy en día, el tratamiento del gobierno colombiano hacia la comunidad nativa ha cambiado, un proceso que se inició en el gobierno de Belisario Betancur. Hay leyes y decretos que nos favorecen enormemente, aunque no se aplican. El mandato constitucional del bilingüismo aún está en papeles. No se usan adecuadamente los instrumentos legales y presupuestales orientados a mejorar la calidad de vida de la comunidad nativa.

Sin embargo, se sigue hablando de más leyes y estatutos. Entretanto, el actual gobierno nacional por fin ha cambiado de táctica y ha intentado tenernos más en cuenta. Es más, en la carta de Santos al grupo Amén el gobierno nacional nos dice que le pidamos lo que queramos. Tenemos que aprovechar esta oferta generosa para lograr muchas cosas.

Rescatar nuestras tradiciones culturales y lingüísticas y buscar una mejoría económica y social para la comunidad nativa no es fácil dentro del actual esquema de dominio poblacional por parte de inmigrantes del interior del país y mucho menos con la posición desfavorable de la comunidad isleña en el aspecto económico. Esto lo que ha traído como consecuencia es la grave pérdida del control del nativo sobre su propia tierra y sobre los medios de producción locales.

Sin embargo, a pesar de los cambios enormes que hemos sufrido, como la penetración de la cultura continental y habernos convertido en minoría étnica en nuestra propia tierra, la comunidad nativa se mantiene firme. Y la amenaza de desaparecer que pesa sobre todos los nativos ha hecho que nos percatemos más de nuestro futuro y de unamos esfuerzos para preservar nuestra identidad cultural y lingüística.

Tenemos, empero, que tomar todo esto con cautela. ¿Hasta qué punto Colombia dejará que nuestra identidad se refuerce y nos “devuelva” los derechos y realidades perdidas? ¿Son compatibles el necesario rescate cultural y lingüístico con el mayor incremento del estamento militar como respuesta a la pérdida del territorio marítimo, teniendo en cuenta la histórica desconfianza mutua y el hecho de que el establecimiento militar ha sido el mayor garante de la soberanía nacional y el mayor opositor desde los 70´s a que los isleños nativos reivindiquemos nuestros derechos? ¿Qué pasará cuando el sentido de culpa de Bogotá ante la pérdida territorial se diluya con los años?

Tomado de elisleño.com