Venderían marihuana en farmacias de Uruguay
* Proyecto de ley para que el Estado controle el cannabis se abre paso en dicho país, donde solo falta la aprobación del Senado en su mayoría oficialista
La marihuana podría ser vendida en las farmacias de Uruguay, tras aprobar la Cámara de Diputados de ese país una ley que legaliza el uso de esta planta considerada una droga en la mayoría de naciones.
La mencionada e inédita ley legaliza el cannabis y pone su control en manos del Estado.
Uruguay es un pequeño país con solo 3,3 millones de habitantes que ya ha sido protagonista de otras leyes como la despenalización del aborto y el matrimonio gay, que lo han perfilado como uno de los más progresistas de la región.
Y mientras el proyecto de la marihuana se abre paso en el Senado (donde sería aprobada por la mayoría oficialista), Uruguay, por otro lado, busca prohibir los happy hours y ‘barras libres’, según informa El Tiempo, de Colombia.
Lo que es visto como una contradicción no es tal para muchos analistas, ya que el país tiene amplia tradición en control de sustancias perjudiciales para la salud. En 2006, por ejemplo, se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir fumar en espacios públicos.
Pero la regulación del cannabis tiene por delante varios escollos. Pablo Rossi, director de la Fundación Manantiales, que se dedica al tratamiento de adictos, asegura que todo es un experimento que no ha sido probado: “El presidente José Mujica le está haciendo el juego a grandes potencias que quieren usar a Uruguay como laboratorio del patio de atrás”.
Por su parte, Alejo Vargas, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, explica a El Tiempo que “este es un campo en el cual no hay certezas totales, así como tampoco se sabía si las políticas represivas antidroga iban a garantizar algo”.
El debate legal y político también juega en contra. No hay que olvidar la guerra contra las drogas con la que la Casa Blanca ejerce presión y el hecho de que Uruguay sea signataria de la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes. La semana pasada, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes advirtió que la ley está en “completa contravención” de los tratados internacionales.
Carlos Álvarez, experto en derecho penal internacional, dijo a El País de Montevideo que el país “se expone a sanciones internacionales” y que “lo que se debe hacer es denunciar el convenio para dejar de aplicarlo”.
Aunque no es claro si Uruguay sufrirá algún tipo de “castigo” por parte de Washington o la ONU, Mujica planea viajar a Nueva York para explicar el proyecto ante la Asamblea General.
Para Vargas, Uruguay solo está haciendo “abiertamente y de frente lo que han venido haciendo países como Holanda y Suiza e incluso varios estados de Estados Unidos”.
Hasta en farmacias
El articulado crea un Instituto de Regulación y Control de Cannabis, la venta de la marihuana en farmacias, y autocultivo. Además, incluye una cátedra de prevención en las escuelas y prohíbe cualquier tipo de publicidad de la droga.
Sin embargo, todavía se desconoce cuáles serán las ganancias económicas que la nueva ley le dejaría al Estado por concepto de impuestos. Para la venta, es probable que el Gobierno tome de referencia el precio del cannabis en el mercado negro, que es de unos 34 dólares por los 40 gramos mensuales reglamentarios por usuario. La demanda nacional (de unos 120.000 consumidores) le deja al negocio ilegal entre 30 y 40 millones de dólares al año, una cantidad que, se espera, pase a manos legales.
En el sector salud también hay polémica, sobre todo para los farmaceutas, que argumentan que esa planta no figura como una medicina en los registros y por eso no podría venderse en sus locales.
Mientras unos médicos temen que aumente la cantidad de drogadictos, psiquiatras como Cecilia Idiarte dicen que se “debe revertir” el mensaje de que la “marihuana es inocua” que está percibiendo la población.
Según Vargas, “es tonto decir que porque se apruebe esta ley ahora todos van a consumir marihuana. No está prohibido fumar tabaco y sin embargo no todos lo hacemos. Si se hace con control, la ley puede ser una opción mejor que la política represiva que no tiene sentido”.