Pesca industrial de San Andrés se cambia a bandera nicaragüense
* Aunque públicamente no lo digan, gobierno colombiano empieza a aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia que devolvió a nuestro país más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar
Alfredo Molano Bravo (*)
La más importante actividad económica de Providencia y Santa Catalina es la pesca, que es de tres tipos: pesca artesanal en botes de 12 a 15 pies de eslora, con una capacidad máxima de carga de tonelada y media; pesca artesanal de alta mar con lanchas de 20 a 30 pies de eslora, capaces de cargar unas seis toneladas de peso, y por fin barcos de gran calado pesquero industrial, de 30 a 50 pies de largo y con 50 a 60 toneladas.
Los botes no salen más allá de unas cinco millas de la barrera de arrecife; las lanchas medias y los barcos industriales pescan en los cayos o en áreas profundas como Quait Bass o Julio Bass, situados al oeste del meridiano 82. La mayoría de estas factorías de pescado duran tres meses faenando, tienen grandes cuartos fríos, son abastecidas de hielo y combustible por embarcaciones menores y venden el producto a exportadoras como Antillana o King Crab.
El 80% de los barcos industriales son nicaragüenses u hondureños; el 17% son sanandresanos y sólo el 3% de Providencia. La pesca consiste en langosta —de la que se aprovecha fundamentalmente la cola—, el caracol pala, el bonito, el calamar y el pargo rojo. Mientras más profundas sean las aguas, más talla y mejor calidad tiene el pescado. Los pequeños botes artesanales salen a poca distancia de la costa y venden su producto a dos cooperativas de pescadores con sede en Providencia. Un barco industrial recoge en un día lo que un bote artesanal recoge en un mes.
En términos generales, los barcos industriales, la gran mayoría de bandera extranjera, usan compresores de aire para permitir el buceo de profundidad y son en general depredadores, porque arrastran largas cadenas de cordones pesqueros hasta de dos millas, pescan con nasas también atadas en largos amarres y capturan tanto langosta como caracol hasta con 40 buzos, algunos de los cuales —ilegalmente— son asistidos con oxígeno desde los barcos, lo cual significa bajar hasta 45 pies y durar sumergidos entre 30 y 45 minutos. Los arrastres, sobra decirlo, arruinan los fondos marinos, y la captura por buceo, prohibida en Colombia, no respeta ni tallas ni vedas. Los gobiernos colombianos se mantuvieron tolerantes con este tipo de pesca hasta el fallo de noviembre pasado.
En abril, Nicaragua informó oficialmente que el buque Papa D, con 60 marinos, fue capturado en aguas de Jamaica por la fragata colombiana Cartagena de Indias. El 24 de julio la Armada capturó un barco hondureño, Caribe I, con 95 tripulantes a bordo y una tonelada de caracol.
Después del fallo han sido detenidas cuatro embarcaciones de bandera extranjera. El contraalmirante Espejo anunció: “Los pesqueros de cualquier bandera que realicen faenas dentro de aguas históricamente colombianas tienen que ser legales; un pesquero de bandera extranjera podría pescar aquí si viene y se afilia a una empresa y establece sus permisos de operación y patentes. De lo contrario, la Armada Nacional no se lo va a permitir”.
Por esta razón los grandes pesqueros colombianos han registrado sus naves en Nicaragua o en Honduras y lo mismo se dice de las grandes comercializadoras. No obstante, Nicaragua les ha hecho saber a los raizales que con pequeños o medianos barcos pueden pescar —o mejor, seguir pescando— donde lo hacían tradicionalmente. Pero los grandes industriales colombianos han cambiado de bandera y ahora son nicaragüenses.
En resumidas cuentas, al perder Colombia soberanía sobre las 75.000 millas de mar por el fallo de La Haya, ha obligado a emigrar hacia Nicaragua a una importante flota pesquera y a unas no menos importantes comercializadoras de pescado. Hoy sólo pescan en aguas profundas un par de embarcaciones menores.
Algunas de las consecuencias son que algunos barcos colombianos se vean empujados a trabajar con el narcotráfico y que los intereses económicos que antes se beneficiaban de la pesca busquen refugio en el turismo. La cuestión ha sido tan grave que el gobierno de Santos creó un subsidio, para medianos y pequeños pescadores del archipiélago, de 1,8 millones mensuales, durante seis meses, para evitar tanto la protesta contra el abandono como su deslizamiento hacia el narcotráfico. El problema ha sido la definición de pescador, pues una gran parte de los raizales son de hecho pescadores, y otros que no lo son, se han dado mañas para presentarse como tales. El segundo problema ha sido el incumplimiento del pago oportuno de los subsidios, lo que ya ha dado lugar a continuas protestas callejeras.
Los raizales de Providencia están discutiendo con el Gobierno una ley que, según el ministro del Interior, “contemplaría garantías a la plena participación de la población en la toma de decisiones que afectan el archipiélago, crearía el Consejo y la Policía Raizal y emitiría normas en materia de educación, bilingüismo y conservación del medio ambiente”.
Un sector de raizales asegura que la iniciativa busca romper las normas que han impedido la libre urbanización de las islas y crear mecanismos de contención, inclusive policial, al referendo que propondrá en 2015 adoptar un verdadero estatuto de autonomía. Otro sector está negociando su apoyo al proyecto de ley a cambio de prebendas económicas y electorales. Una peligrosa división, que puede desatar reacciones locales de consecuencias imprevistas, está asomando detrás del proyecto oficial. El sector que hoy monopoliza la administración local de Providencia ganó las elecciones con un escaso margen de tres votos, después de que la Registraduría anuló el contenido de una mesa cuya acta se embolató sin que nadie respondiera ni se investigara el hecho. Este sector es el que está empeñado en abrir la isla a los proyectos de desarrollo tales como el Deep Blue y la autorización para construir una gran marina para veleros, una base naval en la bahía, un puerto de contenedores y un gran spa con proyecciones hoteleras. Todo parece indicar que estos proyectos anuncian una nueva embestida de capitales legales e ilegales por hacer de Providencia y Santa Catalina un infierno de cemento, ruido, playas congestionadas, hoteles sin agua, armas, tiendas, discotecas, casinos, centros comerciales e inquilinatos, como es hoy San Andrés.
El conjunto hotelero Deep Blue comenzó siendo un grupo de cabañas construidas en madera al estilo isleño para el alojamiento de turistas peregrinos. Hoy, después de manipulaciones e interpretaciones amañadas de las normas, se han construido agresivas edificaciones que rompen el paisaje como una bomba de dinamita destrozaría un manglar. El costo de una noche en el hotel, según la publicidad, es alrededor de unos 300 dólares. La veeduría cívica se opuso a la transformación del refugio original en gran hotel y se opone hoy a su ampliación.
La experiencia de la comunidad con la Base Avanzada de la Armada Nacional es dolorosa. Ha sucedido que algunas muchachas han sido embarazadas por los soldados y casi siempre abandonadas cuando a los muchachos los trasladan de guarnición; se dan también casos —y no pocos— de transmisión de enfermedades sexuales. En conjunto, la población considera que son atropellos criminales contra la mujer. La construcción de una nueva base naval en la bahía de Santa Catalina, con el argumento de un eventual ataque extranjero o para el control del narcotráfico, agravaría la situación y generaría mayor aversión contra los militares, de por sí rechazados como fuerza invasora.
Las empresas turísticas andan detrás de la construcción de una marina en la bahía para completar un circuito con las ya existentes en Cartagena y Santa Marta. Hoy, cerca de diez veleros fondean en el puerto cada mes y los tripulantes bajan a tierra sin necesidad de muelles, cuya construcción requiere el drenaje de la bahía. No son pocos los nativos que perciben detrás del proyecto una nueva estrategia para el tráfico de narcóticos. A Providencia llega, de vez en cuando, un gran barco de pasajeros —banderines al viento— de una empresa de cruceros por el Caribe. Los 280 pasajeros desembarcan, se les advierte que el consumo fuera del barco puede ser peligroso, se les da una vuelta por el pequeño puerto y regresan a lavarse las manos con jabones desinfectantes antes de volver a abordar. Es un turismo de “todo incluido” que impide cualquier gasto fuera del monopolio que ejerce la empresa. La única actividad libre es la fotografía, que para los isleños suele ser otra agresión. Los raizales tienen motivos para rechazar un nuevo muelle tanto para estos cruceros como para barcos mercantes que saturarían de contenedores el pequeño puerto de Old Providence.
La avanzada progresista, que tiene ya una cabeza de playa con el Deep Blue, prepara un nuevo operativo de carácter cultural. El Estado reconoce el bilingüismo en el archipiélago, pero el Gobierno busca que los idiomas sean el castellano y el inglés estándar, por considerarlo la lengua universal del comercio, de tal manera que el creole, la lengua raizal, quedaría excluido y, en dos generaciones, liquidado. Esta innovación impulsada desde el sistema educativo oficial es repudiada por el movimiento raizal y constituye uno de los puntos de mayor sensibilidad por parte de una etnia reconocida por la Constitución que ve que los continentales —los pañas— están armando una nueva invasión para arrinconarla y despojarla de los bienes ambientales y culturales que le son propios por naturaleza. El cambio del paraíso raizal por un paraíso para los negociantes de recursos naturales, contrabandistas, narcotraficantes y en general las fuerzas vivas del capital, se abre camino con la crisis de la pesca que precipitó el fallo de La Haya. El gobierno colombiano parece facilitar este desgraciado tránsito hacia lo que considera el verdadero desarrollo con la promulgación de un estatuto raizal que terminará poniendo en los bolsillos de esas fuerzas la isla entera, con gente y recursos naturales incluidos.
(*)Especial para El Espectador