Buscan proteger de armas a niños y adolescentes

* Unicef y Corte Suprema de Justicia impulsan programa en seis municipios donde hay indicios de este grave fenómeno: Bilwi, Bluefields, Ocotal, Somoto, Matagalpa y Jinotega.

Las autoridades judiciales de los Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes de Bilwi, Bluefields, Somoto, Ocotal, Jinotega y Matagalpa recibieron equipos tecnológicos por valor de C$270.000 córdobas, como parte de las actividades del Programa “Protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia armada y las armas”, impulsado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en conjunto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público, la Policía Nacional y Ministerio de la Familia.

“El trabajo que estamos apoyando, es en relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes ante las amenazas y efectos negativos que causan las armas de fuego en su integridad física o en su vida”, explicó durante la entrega la Dra. Ana Lucía Silva, Especialista de Protección de UNICEF en Nicaragua, quien felicitó al Poder Judicial y a sus magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales, por apoyar esta iniciativa que forma parte del engranaje de protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua.

“Esto es un paso más en el establecimiento de un Sistema de Justicia Penal integral y restaurativo”, dijo Dr. Armengol Cuadra López, magistrado coordinador de la Justicia Penal de Adolescentes, y añadió que gracias al apoyo de Unicef con su financiamiento, se ha permitido que los Juzgados Penales de Distrito de Adolescentes de seis municipios cuenten con computadoras portátiles, retroproyectores, sistemas de audio y cámaras fotográficas que optimizarán los procesos.

El programa cuenta con un plan de trabajo suscrito con la Corte Suprema de Justicia que prevé el establecimiento y/o mejoramiento de las coordinaciones entre distintos organismos para la prevención de la violencia causada por armas de fuego; el fortalecimiento de capacidades de los y las operadores del sistema de justicia penal de adolescentes en la aplicación del Libro III del Código de la Niñez y Adolescencia; y la evaluación del impacto alcanzado en las intervenciones en seis juzgados penales de adolescentes en relación a los demás juzgados del país en esa materia.

La iniciativa tiene un presupuesto general de US$243.000 y para la Corte Suprema de Justicia en particular es de US$30,000.

En el presídium de honor de la entrega de materiales se encontraban el Dr. Armengol Cuadra López, magistrado coordinador de la Justicia Penal de Adolescentes; el Dr. Marvin Aguilar, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia y la Dra. Ana Lucía Silva, Especialista de Protección de Unicef Nicaragua.

Violencia en Centroamérica

Centroamérica es un área geográfica en donde la violencia causada por armas de fuego constituye una grave amenaza para las niñas, niños y la población en general. En Nicaragua esta situación es relativamente estable, habiéndose desarrollado grandes esfuerzos por la Policía Nacional para la prevención de violencia en este sentido.

“Esto es un esfuerzo apoyado por Unicef que se está desarrollando en el resto de Centroamérica, considerando la fuerte preocupación que existe en todos los países en relación a normas sociales que justifican o toleran estas situaciones, y los efectos mismos del uso de armas en actos de violencia” explicó la Dra. Silva.

Añadió que este programa promovido por Unicef con fondos provenientes de la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (Sida), surgió en 2013 y se desarrollará en los 5 municipios en los que se han detectado indicios de este tipo de violencia, a saber: Bilwi, Bluefields, Ocotal, Somoto, Matagalpa y Jinotega.

Justicia Penal de Adolescentes en Nicaragua

Desde hace varios años, Unicef ha venido apoyando a la Corte Suprema de Justicia y a otros organismos en la consolidación del Sistema de Justicia Penal de Adolescentes, de acuerdo al Libro III de la Ley No. 287 Código de la Niñez y la Adolescencia. El Poder Judicial ha desarrollado acciones concretas para que, en caso de los adolescentes que han infringido la ley, el proceso se desarrolle de acuerdo a la ley e instrumentos de derechos humanos.

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, entre los 13 y 15 años de edad no se puede aplicar la pena de prisión por la comisión de un delito grave, sino que se aplican medidas socio-educativas y de orientación y supervisión.

Es precisamente esta la característica de la justicia penal que plantea que las y los adolescentes que cometen infracciones de la ley, deben asumir la responsabilidad de sus actos considerándose el resarcimiento proporcional al mal causado, siempre que la víctima esté de acuerdo con la medida impuesta por el juez especializado.